La declaración surge luego de que la secretaria de Movilidad estatal anunciara su intención de invitar al Ayuntamiento a participar en dichos programas, como parte de una estrategia para reducir riesgos en las vialidades de la ciudad.

El llamado a reforzar los controles llega después de que, la madrugada de este sábado, un grupo de automovilistas —en su mayoría jóvenes— organizara carreras clandestinas en el bulevar Hermanos Serdán. Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales, generando preocupación por la seguridad vial en la capital poblana.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre los niveles de gobierno será clave para prevenir este tipo de incidentes y garantizar la seguridad de quienes transitan por la ciudad.

El cargo El Ayuntamiento de Puebla se suma a programas estatales de control de velocidad tras carreras clandestinas apareció primero en Reto Diario.

Durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta, García Parra explicó que una pista de “cuarto de milla” requiere entre 8 y 10 hectáreas, pero tras una revisión en el Banco Estatal de Tierras no se identificó ningún predio disponible con esas características.

“La única opción sería comprar un terreno, lo cual implicaría un gasto no previsto, cuando hay prioridades más importantes como la seguridad”, señaló el funcionario, al descartar que el proyecto haya sido cancelado por completo, aunque se sigue analizando.

El anuncio original se hizo en noviembre de 2025, tras un fatal accidente en la Vía Atlixcáyotl que dejó dos jóvenes muertos y una más grave. En ese momento, se planteó usar temporalmente el Autódromo Miguel E. Abed en Amozoc para eventos regulados y, posteriormente, construir una pista dedicada con maquinaria estatal.

García Parra enfatizó que los operativos contra carreras ilegales continuarán intensificándose, especialmente en zonas recurrentes como la Vía Atlixcáyotl, y destacó que el Autódromo de Amozoc ya ofrece opciones para competencias organizadas por clubes a costos accesibles.

Esta decisión marca un retroceso en la iniciativa, que en su momento generó debate entre sectores que la veían como una alternativa segura para canalizar el interés de jóvenes por la velocidad, y críticos que argumentaban priorizar sanciones más estrictas en lugar de infraestructura pública.

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