Al mismo tiempo dicha agrupación enfrenta un fuerte desgaste, ya que mucha gente se ha apartado de la señora María Félix, pues les vendieron terrenos –en la zona invadida– que, aunque se los ofrecieron a precios muy bajos, han pasado los meses y nunca se ha cumplido la promesa de dotación de servicios públicos y mucho menos, la entrega de documentos oficiales que acrediten la propiedad.

Eso ha hecho entender a varios de los colonos que fueron timados. Algunos han abandonado los predios, ante el temor de acabar en la cárcel.

Ante esa situación, integrantes de la agrupación invasora están buscando por todos los medios ganar nuevos adeptos.

Sobre todo, a familias que tengan hijos pequeños y personas de la tercera edad, como una manera de crear lo que se llama “escudos humanos”, que consiste en colocar a mujeres, ancianos e infantes al frente de un grupo que frene el paso de la policía ante el riesgo de un desalojo.

Entre las maniobras que están haciendo es difundir, entre pobladores de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, la falsa versión de que ya ganaron el juicio y, por tanto, ahora lo que procede es poblar los terrenos en disputa.

Bajo esa idea, ofrecen predios desde 5 mil pesos, lo que es un foco de atracción para la población de los estratos más populares.

La segunda estrategia, que hace mucho ruido, es que están intentando sumar a nuevos seguidores ofreciendo que serán incorporados a los programas sociales “del gobierno”.

En particular, han estado anotando a la gente en el llamado Programa de Gallinas y Huertas de Traspatio, mediante la cual se otorga dinero e insumos para que los beneficiarios armen una pequeña granja que les permita obtener huevo y carne de pollo para autoconsumo familiar.

No se aclara si esos fondos provienen de la política social de la Federación o del Gobierno del estado de Puebla.

A los posibles beneficiarios les piden una carta de vecindad y una identificación oficial, además de llevarlos a módulos de empadronamiento del programa que ofrece esa ayuda.

Hace un mes, ya se ventiló que el mismo grupo de invasores estaba obteniendo cartas de vecindad en San Andrés Azumiatla y firmadas por la presidenta de esa comunidad, Anastasia Onofre Romero, para que después los poseedores de dichos documentos se pudieran afiliar a Morena.

Tal como ya se expuso en este espacio periodístico, Anastasia Onofre es una líder de esa junta auxiliar que es muy cercana al político morenista Rodrigo Abdala Dartigues, quien curiosamente es el delegado en Puebla de la Secretaría del Bienestar federal, que es la instancia que reparte los beneficios de la política social.

No se sabe de dónde viene la entrega de los beneficios de programas social, pero lo cierto es que se está utilizando como “un gancho” muy efectivo de los invasores para ensanchar el número de sus seguidores.

Lo que advierte de un proceso de corrupción de alguna oficina gubernamental, que está buscando sacar provecho del conflicto de la Ex Hacienda de San José Zetina, que es la invasión más grande que se tiene registrada en el estado de Puebla.

El cargo Grupo de invasores de tierras ofrece programas sociales federales para sumar seguidores apareció primero en Reto Diario.

Es una manera en que, al parecer, la edil Anastacia Onofre Romero buscaría evadir su responsabilidad en dicho asunto.

Hace unos días en la columna “Cuitlatlán” se dio a conocer que la Presidencia Auxiliar de Azumiatla expidió cartas de vecindad, en las que no se puede acreditar la nomenclatura de los domicilios, a favor de personas que forman parte del grupo de paracaidistas que, desde hace un bienio, invadieron una enorme extensión de alrededor de 400 hectáreas que alguna vez fueron propiedad de una importante hacienda San José Zetina.

En ese texto, se hizo la observación de que la presidenta auxiliar asegura en dichas misivas, con su nombre y firma, que los beneficiarios con esos documentos tienen hasta 30 años de vecindad en el pueblo y que viven en la colonia San José Zetina.

Ello pese a que hay una memoria cartográfica digital, que está levantada con un rastreo de GPS, mediante el cual se demuestra que tres años atrás no había un solo asentamiento humano en las 400 hectáreas en cuestión.

También se anotó que Anastacia Onofre es una líder regional que tiene relaciones políticas con el delegado de Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, quien por tercera o cuarta ocasión se está promoviendo para ser aspirante a candidato de Morena a la alcaldía de la ciudad de Puebla.

La llamada de Abdala

Fuentes bien informadas narraron que, el viernes pasado, luego de que se dio a conocer el asunto de las cartas de residencia “chuecas”, el primero que habría reaccionado con enojo y preocupación fue Rodrigo Abdala.

Se dice que el funcionario federal se habría comunicado con la presidenta de Azumiatla para reclamarle el por qué están afiliando al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a personas que no van a poder acreditar su pertenencia a la comunidad y que muy probablemente están involucradas en los juicios que hay contra los invasores de la Exhacienda San José Zetina.

Al parecer, el reclamo de Abdala –si es que fue real la llamada telefónica– sirvió para exigirle a la alcaldesa subalterna que lo deslinde de ese asunto, que podría ser un factor negativo en sus aspiraciones de ser candidato en 2027.

Lo que ha generado mucha preocupación es la respuesta que habría ofrecido Anastacia Onofre a Rodrigo Abdala.

Las mismas fuentes informativas dicen que la edil le dijo al funcionario federal que va a detectar y castigar a los que “filtraron” la información y habrían expedido, de manera irregular, las cartas de vecindad que han provocado el desaguisado.

Pareciera que tal advertencia va dirigida contra los comités de base de Morena y hacia sus propios colaboradores en la Presidencia Auxiliar.

Una respuesta que “huele mal”, ya que en el asunto de las cartas de residencia no se puede culpar a nadie más que a la propia presidenta. Las misivas están firmadas por ella y redactadas en primera persona.

Así lo muestra el texto de esos documentos, que dice así:

“HAGO CONSTAR… QUE EL (LA) CIUDADANO (A) María E…, CUYA FOTOGRAFÍA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CANCELADA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA PRESENTE, CUYOS RASGOS FISIONOMICOS CONCUERDAN FIELMENTE CON LA FOTOGRAFÍA DEL SOLICINTANTE, CON FECHA DE NACIMIENTO 11 DE FEBRERO DE 1975, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN JOSÉ ZETINA 08# CP 72960… Y QUIEN TIENE EL MISMO DOMICILIO HABITADO DURANTE MÁS DE 30 AÑOS…” (Sic).

¿Y las filas en Morena dónde están?

Más allá de lo que ha pasado en Azumiatla, lo relevante es preguntarse ¿cómo se está afiliando en Morena?

Según las cifras oficiales, en los últimos siete meses, han solicitado su alta, como militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional, unas 300 mil personas, que es un universo de afiliaciones que nunca ha poseído una fuerza política en el estado de Puebla.

Sin contar que la meta final es anotar en los padrones de Morena a un millón de electores, lo que significaría que –si es que se logra esa cifra– para finales de 2025, uno de cada seis ciudadanos poblanos serían parte del partido marrón.

El problema no es alcanzar esos números, sino la manera en que se está haciendo el empadronamiento.

De acuerdo con el ritmo de afiliación, cada mes se estarían anotando un promedio de 42 mil personas. Es decir, unas mil 400 por día, incluidos sábados, domingos y puentes vacacionales.

La pregunta es ¿dónde están filas de esos miles de ciudadanos registrándose en el partido de la 4T?

Hasta ahora no se ha visto ese movimiento.

Sin contar que tampoco se ve un medio virtual para ese propósito.

Lo que hace suponer que la afiliación a Morena se está haciendo de manera corporativa por algunos, o muchos, de los ayuntamientos de Puebla.

En un afán solo de alcanzar las cifras prometidas, sin observar las consecuencias.

Sin entender, por parte de los líderes morenistas en Puebla, que una manera de crear agravios políticos contra un partido es que a un ciudadano lo registren “a fuerza” en una organización política.

El cargo Purga en Azumiatla contra los que revelaron anomalías en la afiliación de Morena apareció primero en Reto Diario.

Esto significaría que, de enero a la fecha, sin descanso de día y de noche, así como los fines de semana y días festivos, en promedio se presentaron a anotarse cada hora unas 59 personas. Una por cada minuto, sin parar nunca.

Aunque una posibilidad para lograr esos números es que dicha labor se esté haciendo de manera masiva, no por decisiones individuales de los involucrados, a través de los ayuntamiento y sindicatos. Una práctica viciada a la que han recurrido todos los partidos, sin excepción.

Una prueba de que los gobiernos municipales pudieran estar “metiendo la mano” en la afiliación morenista, es lo que se ha observado en las últimas semanas en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, del municipio de Puebla, en donde la edil subalterna Anastacia Onofre Romero ha estado expidiendo muchas cartas de residencia a favor de personas que, curiosamente, se afiliaron a Morena.

Hay dos factores interesantes, o mejor dicho cuestionables, de esa actitud de la edil de Azumiatla, de quien se dice que es muy cercana a los intereses políticos de Rodrigo Abdala Dartigues, el delegado de los programas de Bienestar en el estado y quien cada vez que hay un proceso electoral se presenta como aspirante a candidato a legislador, a alcalde, a gobernador o magistrado del Poder Judicial, para que casi siempre quede fuera de las nominaciones.

El primer cuestionamiento es que la mayoría de las cartas de residencia que ha expedido la Presidencia Auxiliar es para personas que no son de Azumiatla.

La mayoría de los beneficiarios de esas misivas –se dice– pertenecen a los grupos de “paracaidistas” que, desde hace un par de año, llegaron de diferentes orígenes para participar en la invasión de 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina, que es uno de los conflictos más grave de despojo que se han vivido en la capital en los últimos meses.

Como muestra de lo anterior, se reproduce en esta columna la copia de una de esas cartas de residencia. El propio texto delata la anomalía mencionada.

En dicho documento se dice: “HAGO CONSTAR… QUE EL (LA) CIUDADANO (A) María E…, CUYA FOTOGRAFÍA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CANCELADA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA PRESENTE, CUYOS RASGOS FISIONOMICOS CONCUERDAN FIELMENTE CON LA FOTOGRAFÍA DEL SOLICINTANTE, CON FECHA DE NACIMIENTO 11 DE FEBRERO DE 1975, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN JOSÉ ZETINA 08# CP 72960… Y QUIEN TIENE EL MISMO DOMICILIO HABITADO DURANTE MÁS DE 30 AÑOS…” (Sic).

Queda claro que no hay nomenclatura por una situación básica, donde habita la persona que pidió la carta en cuestión, es una zona invadida, que no tiene servicios públicos y el área no cuenta con permisos municipales para la construcción de casas habitación, así como el uso de suelo para ser una superficie destinada a la apertura de viviendas.

Incluso, no existe la colonia San José Zetina como tal, porque no hay un proceso legal de urbanización. Lo que se conoce como Exhacienda San José Zetina es el predio en donde se ha desarrollado el conflicto de invasión.

Y lo que resulta más cuestionable es que la edil diga que la involucrada tiene viviendo 30 años en Azumiatla, cuando antes de un par de años nadie habitaba en la Ex Hacienda de San José Zetina.

Además, la edil no presenta un sustento para decir que la mujer involucrada tiene tres décadas viviendo en el mismo sitio.

Un segundo cuestionamiento –sin duda–, que se esté utilizando a personas sin vivienda legal en el proceso de afiliación de Morena.

Es cierto que el partido Movimiento Regeneración Nacional tiene como lema: “primero los pobres”, pero este asunto de los invasores de la Ex Hacienda de San José Zetina no parece ser un simple proceso de afiliación en un partido con el que se tiene la misma identidad social.

Pareciera que a los “paracaidistas” alguien les estaría ofreciendo “arreglarles” el litigio que enfrentan por el presunto delito de despojo, a cambio de que se presten como “acarreados” de la 4T.

Grave, que se abuse de la pobreza de esos pobladores.

Y más grave, que Morena recurra a los mismos vicios que caracterizaron al PRI y el PAN.

El cargo Edil de Azumiatla otorga cartas de residencia a todos los que se quieran afiliar a Morena apareció primero en Reto Diario.

Tal episodio hace sospechar que existiría una protección desde la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) del Ayuntamiento de Puebla, cuya titular es Karina Asunción Romero Sainz, a la invasión de 400 hectáreas de los terrenos de la Exhacienda de San José Zetina, ubicada en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla.

Pues resulta que hay dos resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla –emitidas en el último par de años– determinando que se debe proceder con la clausura de las construcciones levantadas en la zona invadida y Karina Romero Sainz, la titular de la SGDU, se ha negado a actuar de acuerdo con las propias normas que rigen su dependencia.

Un absurdo que siendo la SGDU la encargada de dar orden al desarrollo urbano de la capital se pone a proteger un área invadida, en donde se han estado comercializando los predios de manera ilegal, sin que los terrenos cuenten con servicios públicos, sin vialidades y, lo que es más grave, sin que se acredite la posesión legal de las tierras de parte de los vendedores.

Tal situación plantea una pregunta básica: ¿qué intereses económicos hay atrás de quienes han controlado la invasión de San José Zetina, que parecen ser muy poderosos, como para que la autoridad municipal se niegue a frenar el desorden urbano al sur del municipio y tolerar que muchas familias sigan siendo timadas con la venta fraudulenta de lotes?

Felipe Velázquez y Karina Romero, en la misma sintonía

En la zona invadida de la Exhacienda de San José Zetina se han estado vendiendo, a bajo precio, una serie de terrenos para uso habitacional.

Los compradores son familias humildes que han sido engañadas de que es legal la comercialización de los predios y que está en curso la introducción de servicios públicos.

Muchos de los adquirieron lotes se han dado cuenta del fraude, pero no pueden protestar o proceder legalmente por el miedo de sufrir represalias por parte de un grupo armado que actúa en la zona.

El 19 de enero de 2023, los propietarios de las 400 hectáreas en cuestión y que mantienen un litigio contra Félix N., el líder de los invasores, acudieron a la SGDU a solicitar su intervención. En ese entonces, el secretario de dicha dependencia municipal era el panista Felipe Velázquez Gutiérrez, quien años atrás había sido alcalde de Atlixco.

Los quejosos expusieron que en la zona invadida se levantaron decenas de inmuebles que no fueron edificados por los propietarios de los terrenos, que carecen de licencias de construcción, que no se tiene ningún estudio de impacto ambiental y no cumplen con los permisos exigidos en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

La petición específica era: que los inspectores de la SGDU acudieran a solicitar a los moradores de las viviendas que exhibieran sus permisos.

Pasaron los meses y simplemente Felipe Velázquez nunca respondió a la solicitud. Ante tal comportamiento abusivo del panista, los agraviados acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla el cual, en abril de 2023, mediante el expediente 28972023-JCA-1-2, determinó que a los quejosos les asistía la razón.

En acatamiento al fallo del tribunal, el 12 de julio de 2023 un grupo de inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano –adscritos a la SGDU– llegaron al lugar del conflicto y levantaron un acta en la cual establecieron que había por lo menos 30 edificaciones y que sus dueños no pudieron presentar ningún permiso municipal para construir y mucho menos, pudieron demostrar que son los propietarios.

La intervención no concluyó debido a que los inspectores argumentaron que fueron amenazados por un grupo de personas que portaban armas de fuego y prefirieron retirarse del lugar.

De ahí para adelante, Felipe Velázquez ya no movió “un dedo” en este asunto, hasta que el anterior gobierno panista concluyó en octubre de 2024.

Otra vez los propietarios de las 400 hectáreas de San José Zetina acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa, que al hacer una revisión del caso le ordenó –el 19 de noviembre de 2024– al Ayuntamiento de Puebla que se debía concluir el procedimiento iniciado el 12 de julio de 2023, pues si no lo hacía la autoridad municipal estaría violando los artículos 220 y 221 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.

Fue hasta principios del presente mes que Karina Romero Sainz ordenó una nueva intervención en los terrenos invadidos de San José Zetina. Es decir, nueve meses después del último fallo del tribunal. Es el tiempo en que tarda la gestación de un hijo.

Esta vez los inspectores, acompañados de los agentes de 15 patrullas de la Policía Municipal, asentaron que no son 30, sino 36 inmuebles en el área invadida.

A continuación, emitieron un resolutivo que decía: que está prohibido levantar nuevos inmuebles en el área, que quedan clausurados las casas ya construidas y que hay una multa de 20 UMA a los posesionarios.

Todo bien, pero con un pequeño detalle: el resolutivo nunca se les notificó a los que levantaron los inmuebles, tal como marca la ley.

El documento con la resolución se pegó en un árbol. Lejos del lugar donde se construyeron los inmuebles y donde seguramente el viento se llevó el documento.

Quienes han construido ilegalmente no se dieron por notificados.

Mientras que Karina Romero “se ha cruzado de brazos” en este tema, de manera similar que su antecesor en el cargo: el panista Felipe Velázquez.

El cargo Secretaría de Desarrollo Urbano se niega a clausurar invasiones, pese a que dos veces lo ha ordenado un tribunal apareció primero en Reto Diario.