El registro, disponible en su portal oficial, quedó conformado por 33 despachos con sus representantes legales y 38 personas físicas, todos con cédula profesional vigente. La medida se enmarca en las reglas internas del organismo y forma parte del proceso para que dependencias estatales y municipales contraten servicios de auditoría.

De acuerdo con la propia Auditoría, el padrón se construyó a partir de una convocatoria lanzada en febrero, en la que los interesados entregaron documentación que fue revisada por un comité de evaluación. En ese proceso participaron como invitados el diputado José Miguel Trujillo de Ita, presidente de la comisión de vigilancia del órgano en el Congreso local, y Francisco Muñoz Violante, titular de su Unidad Técnica.

Junto con la publicación, la ASE fijó postura frente a posibles irregularidades en la contratación de estos servicios. Aclaró que no recomienda ni intermedia en la elección de despachos, por lo que cualquier gestión que invoque su nombre carece de validez y debe ser denunciada.

El organismo también advirtió que, si alguna entidad fiscalizada no concreta la contratación de un auditor externo en los plazos establecidos, podrá asignarlo directamente, sin que ello excluya eventuales responsabilidades administrativas.

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El mandatario explicó que la revisión permitió identificar inconsistencias en la asignación de puestos dentro del sistema educativo estatal, lo que abrió la puerta a acciones legales y administrativas contra funcionarios involucrados.

Precisó que las denuncias continúan su curso y serán las autoridades correspondientes las que determinen responsabilidades, mientras el Gobierno estatal avanza en la reorganización interna de la dependencia.

Armenta indicó que las plazas recuperadas ya comenzaron a redistribuirse en distintos centros educativos que requerían personal, como parte de una estrategia para fortalecer la operación del sector.

Como parte del proceso, el titular del Ejecutivo estatal inició mesas de trabajo con secciones sindicales, con quienes, aseguró, ya se alcanzaron acuerdos para acompañar la regularización administrativa.

El gobernador adelantó que sostendrá reuniones con líderes sindicales en los próximos días, con el objetivo de dar seguimiento a los resultados de la auditoría y consolidar mecanismos de ordenamiento al interior de la SEP.

La revisión a la dependencia forma parte de las acciones del Gobierno de Puebla para transparentar el uso de recursos públicos y corregir prácticas irregulares en la asignación de plazas dentro del sistema educativo.

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El mandatario explicó que este proceso inició el año pasado con el objetivo de revisar el funcionamiento interno de la dependencia, mejorar los procesos administrativos y fortalecer la calidad educativa en beneficio de las y los poblanos.

De acuerdo con Armenta, tras finalizar la auditoría se aplicaron medidas correctivas para atender diversas áreas de oportunidad detectadas dentro de la dependencia, buscando una mejor operación institucional y una respuesta más eficiente para el sector educativo.

Destacó que actualmente su administración se encuentra en una etapa de diálogo y acercamiento con todas las secciones sindicales y organizaciones del sector educativo, con el propósito de resolver problemáticas que durante años permanecieron rezagadas.

Trabajo conjunto con sindicatos y maestros

El gobernador envió un mensaje directo a maestras y maestros, asegurando que se trabaja de la mano con los líderes sindicales para garantizar el respeto a sus derechos laborales y atender las necesidades que históricamente han afectado al magisterio poblano.

“Estimado maestro, estimada maestra, ten la plena seguridad de que estamos trabajando de la mano de tus líderes sindicales para atender tus derechos laborales y fortalecer la educación en todas las escuelas del estado”, expresó.

Armenta reiteró que mejorar la educación no solo implica resolver conflictos administrativos, sino también construir mejores condiciones para estudiantes, docentes y comunidades escolares en toda la entidad.

Además, subrayó que este trabajo se realiza en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dentro de una estrategia nacional orientada al fortalecimiento del sistema educativo.

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El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que el proceso, que revisa más de 7 mil plazas asignadas durante 2025, ha identificado casos de plazas activas a nombre de personas fallecidas, titulares que no acuden a sus centros de trabajo, expedientes incompletos y posibles asignaciones irregulares por nepotismo o discrecionalidad.

Las plazas recuperadas ya fueron depuradas y estarán disponibles para ser reasignadas de manera transparente a docentes que cumplan con los requisitos y ejerzan efectivamente sus funciones.

La auditoría, realizada en coordinación con la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Anticorrupción, ha derivado hasta ahora en más de 20 destituciones de funcionarios y trabajadores de la SEP, así como al menos seis denuncias penales contra exservidores públicos.

García Parra subrayó que el objetivo de la revisión no es perseguir a nadie, sino transparentar la asignación de plazas y asegurar que beneficien realmente a la educación pública en Puebla.

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Armenta explicó que la revisión será realizada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual evaluará con detalle tanto la gestión operativa como las finanzas del SOAPAP, a fin de contar con información precisa sobre el manejo de recursos y la administración del organismo.

El mandatario estatal subrayó que esta auditoría responde a la necesidad de contar con una radiografía clara del organismo operador luego de más de una década de administración de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien se mantuvo al frente del SOAPAP durante más de 13 años y recientemente fue relevado de la dirección.

Armenta aclaró que el proceso no implica una persecución política ni un juicio anticipado contra el extitular, sino una evaluación técnica de los procesos y recursos, y advirtió que cualquier irregularidad detectada deberá aclararse conforme a la ley.

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