De acuerdo con las investigaciones, el 23 de septiembre de 2022, al interior de un domicilio ubicado en la localidad de San Andrés Yahuitlalpan, el hoy sentenciado se encontraba conviviendo con la víctima cuando iniciaron una discusión.

Durante el altercado, Armando N. tomó un arma de fuego tipo escopeta y, a corta distancia, la accionó directamente en contra de un hombre, impactándolo en la región abdominal, lo que le provocó lesiones internas graves.

A consecuencia de la agresión, la víctima perdió la vida por hemorragia interna derivada de la perforación de órganos vitales, según se acreditó mediante dictámenes periciales en materia forense.

Tras los hechos, elementos policiales lograron la detención del responsable en el mismo inmueble, mientras que las diligencias ministeriales, periciales y testimoniales permitieron establecer de manera plena su responsabilidad en el delito.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, misma que fue confirmada en segunda instancia, quedando firme la resolución. Como resultado, se le impuso una pena de 27 años de prisión, además del pago de la reparación del daño en términos de ley.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de investigar y sancionar conductas que atenten contra la vida, garantizando justicia para las víctimas.

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Los hechos ocurrieron en un recinto de la comunidad de La Cofradía donde se organizaron peleas de gallos clandestinas, según los reportes oficiales. De acuerdo con testigos, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y perpetró el ataque.

Paramédicos que arribaron al sitio notificaron que la víctima, de 22 años de edad y residente de Villa de Atencingo, ya no presentaba constantes vitales al momento de la revisión.

La autoridad ministerial reportó que, hasta este momento, no se cuenta con personas detenidas. Las líneas de investigación tampoco se han definido, pero se llevan a cabo las pesquisas para esclarecer los hechos.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, trascendió que el occiso estaba relacionado con algunas actividades ilícitas en la región.

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La resolución fue anunciada por Vélez a través de sus redes sociales, donde calificó este paso como un avance hacia la justicia. Desde hace 69 días, la madre no ha tenido contacto con sus hijos y responsabiliza a Armando de haberlos separado de ella de manera violenta y sin consentimiento legal.

En un video difundido por la víctima, se observa cómo el médico la arrastra del cabello y la agrede físicamente, en un acto de violencia documentado en cámaras de seguridad. Vélez también denunció que el 13 de abril fue amenazada con una pistola en la cabeza por el propio Armando, hechos que, afirma, constituyen un intento de feminicidio.

Además, este jueves 24 de julio, el agresor enfrentará una nueva audiencia por violencia familiar, aunque la víctima insiste en que las autoridades deben reclasificar el delito como feminicidio en grado de tentativa.

Durante el proceso judicial, la defensa del imputado buscó llegar a un acuerdo para permitirle convivir con los menores a cambio de que Vélez retirara las denuncias, pero ella rechazó tajantemente la propuesta.

September Vélez hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado, al DIF y al Poder Judicial para que le restituyan de inmediato a sus hijos y garanticen su seguridad e integridad.

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La audiencia se realizó el pasado 18 de junio en Ciudad Judicial, bajo la dirección de la jueza Cristina Pérez Terrón, quien determinó que “las cosas se mantuvieran igual”, permitiendo que Armando S., denunciado penalmente por su expareja, conserve el resguardo de los menores, pese a existir un video viral donde se le observa agrediéndola físicamente.

Durante la diligencia, se validó un amparo tramitado por el médico, aunque ya había sido rechazado por la federación. La defensa de September Vélez denunció que la audiencia estuvo plagada de irregularidades, incluyendo una escucha del menor sin protocolos, y la entrega de los niños “por la puerta trasera”, sin aclarar a quién.

“No pude ver a mis hijos ni asegurarme de que estén bien. Tengo miedo por ellos y por mi vida. ¿Cuánto tiempo más estarán expuestos a una persona violenta?”, declaró September, visiblemente afectada.

El caso se agrava con las denuncias por violencia vicaria, ya que, según la madre, el padre utiliza a los niños como mecanismo de castigo y control. Vélez presentó fotografías y videos donde se observa al médico lanzando a un bebé sobre una cama y dando bebidas alcohólicas a un menor de meses.

Colectivos feministas acompañaron a Vélez y colocaron pancartas con mensajes como: “Un agresor nunca será buen padre” y “Nunca más volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, exigiendo a la autoridad actuar con perspectiva de género.

La abogada Anahí Benítez señaló que la custodia legal aún pertenece a September, por lo que el acto de Armando S. puede constituir sustracción de menores. Anunció que se solicitará una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio.

September Vélez reitera: “No me voy a detener hasta que mis hijos estén conmigo y se haga justicia”.

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