A lo largo del último año se ha narrado en La Jornada de Oriente el surgimiento del conjunto Arcos Altos, ubicado en Ixtacuixtla, Tlaxcala, pero que sirvió para defraudar a cientos de derechohabientes del Infonavit que son de Puebla, en particular de la región de San Martín Texmelucan.

Todo eso pasó frente a la mirada complaciente de notarios públicos y funcionarios del Infonavit –de las delegaciones de Puebla y Tlaxcala– que habrían actuado con dolo o negligencia, al no reparar que se estaban otorgando cientos de créditos de vivienda sobre una propiedad que estaba en litigio, toda vez que Arcos Altos se construyó en un área invadida.

Los propietarios de las tierras que fueron objeto del despojo han ganado un trascendente fallo judicial, pues en Puebla es raro que el aparato de administración de la justicia le de la razón a las víctimas de los carteles inmobiliarios que, por lo general, gozan de plena impunidad.

Es tanta la preocupación por esa sentencia que, representantes del Grupo Suzari que es la empresa que estuvo atrás de esta trama inmobiliaria, por fin se ha acercado para buscar una negociación que les de una salida al conflicto que enfrenta con los dos propietarios de las 2.5 hectáreas que fueron objeto de un despojo y que es donde se edificó Arcos Altos.

La primera negociación ha fracasado, ya que los empresarios han ofrecido para resarcir el daño una cantidad pírrica de 7 millones de pesos, cuando los dueños de las tierras, que son miembros de la familia Peñafiel, reclaman por lo menos 50 millones de pesos y que se aplique en todos sus puntos el fallo judicial.

De acuerdo con lo que dictaminó el juez Martín José Calihua Martínez, aparte del costo del terreno, los empresarios involucrados tendrían que pagar 14 millones de pesos por daños y prejuicios; junto con otra clausula, que es la más importante, la cual dice: que los 480 departamentos, que están repartidos en 12 edificios del fraccionamiento Arcos Altos, pasan a ser propiedad de los dueños originales de las tierras.

Es decir, el desarrollo Arcos Altos pasa a ser propiedad de las dos personas que originalmente fueron despojadas, que son los señores Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa.

Si no hay ese arreglo, lo que seguiría es el posible encarcelamiento de todos los implicados.

Los responsables

La forma en que operó el esquema de comercialización de Arcos Altos fue el siguiente:

Una empresa llamada NUI Arquitectos es la que ofrecía los departamentos y aparentemente los vendía. Cada vivienda tenía un valor que oscilaba entre los 439 mil pesos y los 542 mil pesos.

Quien compraba un inmueble, casi siempre con créditos de interés social, a la hora de firmar el contrato lo acababan haciendo con Grupo Suzari.

Y una tercera compañía, que es el Corporativo Kanui, se hacía cargo de la promoción en redes sociales, que fue el medio por el cual se colocó la venta del grueso de los departamentos.

Aunque las tres compañías aparentan ser distintas, resulta que todas tienen como dirección oficial el número 76 del Club de Golf Las Fuentes.

De acuerdo con lo que se menciona en el expediente judicial, quien sería el orquestador del proyecto Arcos Altos, es el arquitecto Karlos Zenteno Silva.

Quienes aparecen con mayor peso económico en las empresas que realizaron todo el entramado de Arcos Altos son María Teresa Ávila del Ángel y Dulce Violeta Rodríguez Padilla, quienes fungen como accionistas principales.

También se menciona el nombre de Gregorio Rey Olvera Morales, como apoderado legal del proyecto.

Por cierto, Grupo Suzari aparece como socio afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que es identificada como Canadevi.

Lo cual demuestra que la Canadevi no ofrece la garantía de que las empresas afiliadas a ese organismo privado se conduzcan con ética y legalidad.

Otro problema es que se habrían falsificado firmas de derechohabientes del Infonavit para solicitar a su nombre créditos del Fondo Nacional de Vivienda y después, los departamentos gestionados por esa vía fueron revendidos. Es decir, los abusos de Arcos Altos son mucho y de graves consecuencias.

El cargo Invasores de Arcos Altos piden negociar para no ir a la cárcel apareció primero en Reto Diario.

Es una sentencia que golpea al llamado Cartel Inmobiliario, que se trata de la organización que surge entre constructores privados, funcionarios públicos y notarios que actúan a favor de invasiones o despojos de bienes inmuebles, gozando de plena impunidad.

De tal manera que se ha ordenado por parte de Juzgado Segundo en Materia Civil, con sede en la ciudad de Puebla, que los notarios públicos de Tlaxcala y en especial el fedatario 29 de la capital poblana, anulen todos los actos jurídicos que permitieron construir y comercializar 480 departamentos en un predio que estaba en litigio debido a que fue despojado a sus dos legítimos propietarios.

También se ha ordenado que el predio, junto con los 12 edificios que se levantaron en los últimos tres años, sean restituidos a los dueños originales del terreno, sin la obligación de pagar alguna indemnización al Grupo Suzari, que es la empresa inmobiliaria que estuvo atrás de la supuesta trama criminal.

Por si fuera poco, se está obligando a Grupo Suzari a pagar 14 millones 510 mil 330 pesos por los daños y prejuicios que provocó a los dueños de la superficie involucrada en el desarrollo de Arcos Altos.

Sin duda es un muy buen fallo el que ha dado el juez Martín José Calihua Martínez, en medio de un ambiente en el cual los constructores nunca son tocados “ni con el pétalo de una rosa”.

La resolución judicial en cuestión “es un grano de arena” en Puebla, que es un estado que se ha convertido en el paraíso de las invasiones inmobiliarias, ya que las autoridades nunca actúan contra las organizaciones que cometen los despojos.

Esta sentencia vuelve a exhibir que los notarios públicos de Puebla y Tlaxcala, junto con los funcionarios del Infonavit, son personajes en los que no se puede confiar.

Se supone que son quienes deben de dar certeza jurídica a los actos de compra de inmuebles –con créditos de interés social— y resulta que, al contrario, son quienes acaban legitimando los timos contra los derechohabientes del Fondo Nacional de Vivienda.

Firmas y créditos falsos

La historia de este fraude ya se ha detallado en varias ocasiones en este espacio periodístico. Pero vale la pena volver a reproducirla para entender el sentido de la sentencia del Juzgado Segundo en Materia Civil.

En 2023, la señora y señor Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa se percatan de que, en un predio de su propiedad, que abarca 25 mil 682.83 metros cuadrados, ha empezado la construcción del fraccionamiento Arcos Altos, sin que nunca hayan vendido esa propiedad, que se ubica en el predio Loma Alta, de la Ex Hacienda de Xocoyucan, en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Esa es una zona que está en la colindancia con la entidad poblana y en particular con San Martín Texmelucan.

Para su mayor sorpresa se topan con que sus firmas aparecen en el proceso mediante el cual la Notaría 29 de la ciudad de Puebla –a cargo de Víctor Manuel Aureliano Cortés– emitió la escritura 47 mil 738, en el volumen 444 y los folios 47 mil 738 y 47 mil 739, a favor del Grupo Suzari.

Es decir, en ese acto notarial se asienta que Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa les vendieron voluntariamente las dos hectáreas y media a los desarrolladores inmobiliarios.

Dicha transacción en realidad no existió. Nunca se hizo trato alguno con Grupo Suzari. Por esa razón los agraviados iniciaron el proceso legal 957/2024/2C, para denunciar que fueron objeto de un despojo.

En diciembre pasado, se presentaron tres peritajes de grafoscopía ante el juzgado y en dos dictámenes se asentó que eran falsas las firmas de Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa, por lo que nunca hubo la venta de la superficie en cuestión, pese a la escritura que emitió la Notaría Pública 29.

Esos peritajes fueron fundamentales para la sentencia alcanzada a favor de los dueños de las tierras.

El problema de fondo es que la justicia es muy lenta y los notarios públicos son unos sinvergüenzas.

Al ser tan tardado el proceso legal, les dio tiempo a los directivos de Grupo Suzari construir 12 edificios en los terrenos despojados, en los cuales se habilitaron 480 departamentos, que miden cada uno 52 metros cuadrados.

Las viviendas se pusieron a la venta con precios que iban de los 439 mil pesos y hasta los 542 mil pesos.

Aunque ya estaba presentada la demanda por despojo, el Infonavit aprobó el desarrollo inmobiliario.

Y algunos notarios públicos de Tlaxcala avalaron la compra de los departamentos, cuyos adquirientes en su mayoría son de Puebla, de las regiones de San Martín Texmelucan y Huejotzingo.

Ahí no termina todo. Se sabe que la corrupción en el Infonavit permitió que se detectara a derechohabientes que ya fallecieron, que sufren alguna discapacidad permanente o que nunca han querido comprar un inmueble, para que sus firmas fueran falsificadas para ejercer créditos de vivienda en el desarrollo Arcos Altos.

Con esa financiación se adquirieron departamentos y luego se revendieron, es lo que se expuso en una queja presentada en las oficinas centrales del Infonavit.

El cargo Obligan a notarios tlaxcaltecas a deshacer escrituras por el fraude de Arcos Altos apareció primero en Reto Diario.

En el corto plazo, la jueza Elizabeth Morales Sierra dictará sentencia y todo hace suponer que debe declarar culpables a los presuntos autores del fraude, que son el constructor Gregorio Rey Olvera y el Corporativo Sazuri, con base en el resultado de tres peritajes en grafoscopía.

Dicho desfalco implica ganancias de por lo menos 211 millones de pesos, en un asunto del que únicamente se conoce “la punta de iceberg” de un brutal timo contra cientos de derechohabientes del Infonavit que, en un caso, les vendieron casas que no tiene seguridad jurídica y, en otros casos, porque se usaron sus nombres para contratar créditos ficticios, sin que se hayan percatado de esos movimientos.

Lo que más llama la atención es que el fraude ocurrió a la vista de varias autoridades, sin que nadie interviniera para evitarlo.

Este caso es “una prueba de fuego” para observar si hay algún cambio relevante en el Poder Judicial poblano con la llegada de Pedro Antonio Martínez Hernández a la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Y es que Puebla se ha convertido en el paraíso de las invasiones y fraudes inmobiliarios.

En el estado de Puebla se invaden y se despoja de bienes inmuebles y “no pasa nada”, ni el Poder Judicial y mucho menos la Fiscalía General del Estado “mueven un dedo” contra esos ilícitos. Sin contar que las autoridades encargadas de regular el desarrollo urbano, tampoco hacen nada al respecto.

Lo que pasó con Arcos Altos exhibe que las delegaciones del Infonavit en Puebla y Tlaxcala abunda la ineptitud o la colusión con grupos delictivos, ya que no se revisa la legalidad con que se construyen los desarrollos inmobiliarios que se ponen a la venta con créditos de interés social.

Y es un asunto que salpica al Colegio de Notarios de Puebla, ya que se ve involucrado el fedatario 29 de la capital, Víctor Manuel Aureliano Cortés, quien firmó los contratos de las ventas de inmuebles, dando el aval de que las operaciones eran licitas, cuando atrás había una demanda de invasión de tierras de los propietarios en donde se construyó Arcos Altos.

Ahí no termina todo, pues en esa notaría se protocolizó el contrato para la compra de los terrenos en que se edificó Arcos Altos y los dueños originales de esos predios han denunciado que sus firmas fueron falsificadas y que ellos nunca consintieron vender la superficie involucrada.

Tal como se ha narrado en La Jornada de Oriente, desde hace tres años se construyó en 2.5 hectáreas el desarrollo Arcos Alto. Ahí se levantaron 12 edificios –de cuatro pisos– que incluyen 480 viviendas, de 52 metros cuadrados cada una y cuyos precios oscilan entre los 439 mil pesos y hasta 542 mil pesos.

El asentamiento está en territorio de Ixtacuixtla, Tlaxcala, pero las casas se vendieron en su mayoría a derechohabientes de Puebla, que tramitaron los créditos en la delegación poblana del Infonavit y los contratos los avaló la Notaría Pública 29, ubicada en la colonia Carmen Huexotitla de la Angelópolis. Mientras que el litigo se desahoga en un juzgado del municipio de Puebla.

El cargo Las firmas falsas que posibilitaron la venta fraudulenta de 400 departamentos del Infonavit apareció primero en Reto Diario.