A “La Señorita Socorro”, como le decían de cariño, no la definieron los reflectores, la definió el resultado. A los 32 años inició con una pequeña granja avícola y, sin estructuras heredadas, sin privilegios y sin dependencia de terceros, consolidó un grupo empresarial que con el tiempo se convirtió en referencia regional y nacional. No hay narrativa alternativa: fue una historia de acumulación patrimonial legítima basada en trabajo arduo y decisiones empresariales consistentes.

Era hija de Elías Aurelio Romero y María Luisa Sánchez. Hermana de Zeferino, Miguel, Aurelio, Enriqueta y Francisca.

Fiel a su forma de operar y a la disciplina con la que construyó un emporio desde cero, Socorro Romero no dejó cabos sueltos ni margen para conflictos futuros.

Su visión no terminaba en la generación de riqueza, incluía su continuidad.

Al momento de su fallecimiento, el destino de su legado estaba claramente definido y respaldado por instrucciones precisas, además de una estructura previamente preparada: Alfonso Celis en la conducción operativa y Miguel Ángel Celis dentro del esquema de responsabilidad establecido.

Como suele ocurrir cuando un patrimonio de gran escala entra en juego, no tardan en aparecer vivales que pretenden beneficiarse sin haber sido parte de su construcción. Buscan un pedazo del pastel sin haber aportado valor, intentando forzar vínculos familiares inexistentes o reinterpretados a conveniencia.

Pero se olvida un principio básico del derecho sucesorio: la voluntad de quien dispone de su patrimonio es ley.

“La Señorita Socorro” decidió en vida a quién heredar. Y lo hizo con claridad.

No se trató de una designación improvisada ni cuestionable, sino de una decisión coherente con su historia personal y empresarial.

Heredó a quien fue su compañera de vida, a quien trabajó a su lado, compartió esfuerzos, afectos y años de construcción conjunta, materializado jurídicamente en la figura de su sobrina Estela Romero.

Por eso, pensar que la adopción de un apellido genera derechos hereditarios como lo ha venido pretendiendo la presidenta estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, también conocida como Mónica Caballero o “Monina”, es jurídicamente insostenible y estratégicamente oportunista.

Ir ante notario para modificar una identidad no convierte a nadie en heredero natural. El parentesco no se fabrica, y mucho menos sustituye la voluntad expresa de quien construyó el patrimonio.

Resulta particularmente revelador que durante la vida de Socorro Romero, quien hoy se presenta como parte del entramado sucesorio, no mantuviera cercanía ni integración real con la familia ni con la operación empresarial.

No hay historia compartida, no hay participación en la construcción del emporio.

La narrativa aparece después, no antes.

Más aún, el antecedente es claro: ya había existido una herencia previa de su padre adoptivo; Mónica Caballero cobró la herencia con apellido Caballero. Sin embargo, tras el fallecimiento de “La Señorita Socorro”, se ejecuta un movimiento clave, el cambio de identidad.

No es coincidencia. Es una oscura estrategia.

Tras el fallecimiento de la potentada, el control empresarial se mantuvo bajo una línea lógica de continuidad. Sin embargo, con el relevo generacional, lo que debía ser una transición ordenada, se convirtió en una disputa. Una guerra abierta.

A partir de ese punto, el conflicto dejó de ser una diferencia sucesoria para convertirse en una ruptura abierta de lealtades y en una pelea de control.

Tras el fallecimiento de Alfonso Celis su hermano, Miguel Ángel Celis no solo rompió con la continuidad natural del proyecto empresarial, sino que desconoció a la propia familia que históricamente lo había respaldado.

En el entorno empresarial de Tehuacán es un hecho conocido que el reconocimiento recaía en Alfonso Celis. Sin embargo, Miguel Celis se reincorpora a la empresa y ejecuta una decisión crítica: saca con elementos de seguridad personal a su sobrino de la empresa, pese a que este tenía derechos legítimos y una encomienda directa de proteger a la familia y el patrimonio.

Lo verdaderamente relevante no es únicamente la disputa familiar, sino la forma en que el caso ha sido contaminado por la intervención de actores que aprovechando su posición política y cercanía al poder, que han intentado construir derechos donde jurídicamente no existen, carpetas judiciales que se han tirado, órdenes de aprehensión que se han quedado sin efecto, con una Fiscalía volcada a apropiarse del patrimonio de un particular, ha puesto los actos de la presidenta de Morena en el ojo nacional.

Ahora a Morena no le basta con sus escándalos de narcogobiernos, ahora quiere las empresas avícolas y fortunas que nunca trabajaron.

El conflicto dejó de ser privado y se convirtió en un asunto de interés público.

Y al final, todo se reduce a una constante: la ambición.

La ambición de despojar a la propia familia, ignorando historia y voluntad expresa, una ambición que hoy tiene consecuencias.

Y la misma lógica se replica en quien adapta su identidad según el patrimonio en disputa.

La pregunta es clara: ¿por qué Mónica Caballero decide apostar por despojar a la nueva familia que le dio un notario al cambiar de identidad y no al de su “Querido Tío”, como ella no deja de llamar a Gustavo Romero?

En Tehuacán es bien sabido que su padre biológico fue socio de su “Querido Tío” y resulta curioso que no armara sus escenarios jurídicos para pelear una parte de esa fortuna.

¿Será porque su “Querido tío” es quien también la ha financiado en esta oscura empresa de despojar a su nueva familia?

No se trata de derechos, se trata de oportunismo.

El patrimonio sí tiene origen.

Y ese origen no admite reinterpretaciones motivadas por la avaricia.

El cargo Morena y la guerra por la herencia de “La Señorita Socorro” apareció primero en Reto Diario.

El caso de Miguel Ángel Celis Romero es ilustrativo: por su entorno han desfilado equipos legales con fama no por su técnica, sino por su habilidad para facilitar trámites por decirlo con elegancia o por presumir cercanías que, al final, no mueven un solo folio judicial.

El patrón se repite.

Primero, abogados reconocidos más por su acceso que por su litigio; luego, defensas mediáticas.

Ahí aparece Gustavo Herrera, conocido por convertir casos en espectáculo y por resultados, cuando menos, discutibles.

Después, el salto al micrófono permanente de Carlos Tress Ogazón, un ilustre desconocido que encontró en Tehuacán una tarima para ensayar frases grandilocuentes y acusaciones graves que, curiosamente, no vienen acompañadas de respaldo jurídico.

Dato objetivo: a la fecha de esta columna, el autodenominado apoderado legal no figura nombrado en las dos carpetas penales que dice encabezar.

Aun así, se presenta como tal sin desmentido público.

También se le ha visto cargándole expedientes a un exfuncionario de la Fiscalía veracruzana, “figura rodeada de reportajes incómodos”, lo que refuerza la sensación de ruido sin litigio.

El problema de hablar mucho es que las contradicciones se oyen.

En una misma semana, el apoderado afirma que la contraparte no es socio y, al siguiente micrófono, sostiene que debe a la empresa cientos de millones.

¿Es parte o no lo es?

Si no lo es, ¿cómo debe?

Que alguien le pase un manual básico de coherencia.

O quizá ironías de la vida está buscando las olas de Veracruz en Tehuacán.

Si el objetivo era mediatizar el proceso, misión cumplida.

Si era construir una mala percepción cerrando calles y ensayando la épica del “Mandela de Tehuacán”, también.

Si buscaban llamar la atención de autoridades estatales con molestias públicas, ahí están los reflectores.

Lo que no aparece es el avance jurídico.

Mientras tanto, las audiencias se posponen no por fuerza mayor, sino por dilaciones solicitadas por la propia defensa al mismo tiempo que se promete, con pecho inflado, ganar “todas”.

La aritmética no cierra.

Hay más.

Circulan audios muy comprometedores donde se escucha presión a trabajadores para marchar y uso de camiones de la empresa; luego, la negación pública.

Se exhibe a una madre octogenaria como escudo emocional.

Esa línea no es baja: es totalmente innecesaria.

Y cuando el propio apoderado admite enfrentar la tormenta perfecta para después rebajarla a chipi chipi, termina por revelar que el talento traiciona al discurso.

Remate involuntario: afirmar que “no es penal” lo que claramente sí lo es: fraude y extorsión.

El contraste con Alfonso Celis Enecoiz es evidente.

Conocido como “El Piloto”, no ha salido a los foros pese a tenerlos; no ha respondido insultos; no ha cerrado calles.

Su equipo legal local, poblano y tehuacanense, ha optado por silencio estratégico y una frase que incomoda al ruido: confianza en el Estado de derecho.

Cachetada de guante blanco.

Mientras uno desconfía del talento local y busca salvavidas externos, el otro confía en él.

Mientras uno habla, el otro litiga.

Mientras uno promete victorias, el otro espera resoluciones.

Este jueves hay audiencia.

Ojalá el desenlace sea próximo y Tehuacán deje de estar secuestrado por este espectáculo interminable.

Porque al final, en los procesos serios, ganan los expedientes.

Los micrófonos, tarde o temprano, se apagan.

(Y no lo digo solo por este espinoso caso).

El cargo Defensas que hablan, expedientes que callan apareció primero en Reto Diario.

Un escenario que jamás contempló.

Acostumbrado a comprar lealtades, intimidar adversarios y operar desde las sombras, hoy enfrenta un sistema de justicia que –increíblemente, por primera vez– no se deja doblar.

Con una nueva carpeta de fraude encima, “El Animal” decide recurrir a su jugada más típica: amarrarse a viejos operadores del régimen pasado, como si el reloj político se hubiera detenido en 2005.

Por eso suma a su defensa a Rafael Macedo de la Concha.

Sí, el mismo exprocurador que intentó desaforar a Andrés Manuel López Obrador, el fundador de Morena y la figura con mayor peso político y moral en el país.

Un error monumental.

Un acto de torpeza política.

Y una señal de desesperación absoluta.

Las prácticas de gánster no cambian, aunque esté encerrado.

Se sabe –por testimonios y reportes que circulan en el entorno jurídico de Tehuacán– que las viejas prácticas de “El Animal” no solo continúan, sino que se han salido de proporción desde su encierro.

Abogados de la contraparte habrían recibido amenazas directas de muerte, exigiéndoles abandonar el caso o incluso irse de Tehuacán.

Durante diligencias en el Centro de Justicia, el equipo legal de Alfonso Celis ha sido rodeado por siete u ocho elementos de seguridad de “El Animal”.

Más grotesco aún: al salir de las audiencias, se reporta que han sido seguidos por vehículos pertenecientes a la empresa Socorro Romero.

La familia de la contraparte también habría sido intimidada.

Cuando no puede ganar con derecho, “El Animal” recurre al miedo.

Y siempre pierde.

La defensa de Miguel Celis ha intentado filtrar columnas donde se acusa –sin evidencia alguna– que la dirigencia estatal de Morena estaría detrás de su prisión.

Nada más falso.

Lo que hoy lo tiene en la cárcel es la carpeta de extorsión que él mismo detonó con su comportamiento.

No Morena.

No políticos.

No enemigos imaginarios.

Rodearse de Macedo de la Concha en un estado gobernado por Morena es carecer, entre otras cosas, de lectura política.

Peor aún: se observan panistas de peso moviéndose alrededor de su defensa.

A esto se suma el rumor de que un senador muy activo –cercano a la 4T– estaría intentando mover influencias para liberar a “El Animal”.

¿Qué le habrán prometido?

¿Por qué un senador cercano a Morena coincidiría con Macedo de la Concha?

¿Quién es ese senador?

La ecuación es sencilla: “El Animal” extorsionó, defraudó, amenazó, intentó apoderarse de lo que no le correspondía, subestimó a la justicia y creyó que intimidación y favores políticos lo sacarían adelante.

Hoy enfrenta dos realidades paralelas: Alfonso Celis acudiendo a cada citación, rindiendo cuentas ante un juez, defendiendo su patrimonio con argumentos; y “El Animal”, repitiendo las mismas conductas que lo sepultaron: hostigamiento, presión, manipulación y show político.

Ningún abogado, político ni amenaza puede liberar a quien se encarceló solo.

Hay gente que es resultado del esfuerzo, pero hay gente como “El Animal” que, por más que se esfuerce, solo consigue equivocarse más y más.

En Tehuacán se ha escuchado mucho una frase alrededor de este caso: “¡Lo que viene, conviene!”

¿Será?

***

En un país en el que no hay memoria histórica, nunca está de más recuperar algunos temas que ayudan a contextualizar ciertas cosas:

La PGR de Macedo de la Concha armó y empujó el expediente del predio El Encino con un objetivo claro: judicializar a López Obrador y exhibirlo como un político fuera de la ley.

Fue su firma la que autorizó la solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados, detonando la mayor crisis política del sexenio del inefable Fox.

La maniobra buscaba inhabilitarlo electoralmente antes de que compitiera por la Presidencia, en un intento evidente de beneficiar al PAN.

Cuando el costo político se volvió insostenible, Fox lo sacrificó: Macedo presentó su renuncia silenciosa, convirtiéndose en el ejecutor descartable de la operación.

Macedo de la Concha quedó marcado como el operador jurídico del PAN en el intento de descarrilar al líder opositor que después fundaría Morena y llegaría a la Presidencia.

Su nombre está asociado a un episodio que Morena considera el primer acto de lawfare contra AMLO, y que analistas independientes califican como un uso faccioso de la PGR.

El desafuero consolidó la percepción de que el PAN, a través de Macedo, intentó manipular el aparato de justicia para definir el futuro político del país.

El tiempo confirmó que la operación fue un boomerang político: falló, se desmoronó con su renuncia y terminó fortaleciendo a López Obrador.

El resto, es historia.

***

Cuando Rafael Macedo de la Concha fue procurador, lo primero que hizo fue designar a Genaro García Luna como director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Fue el inicio de la saga criminal de quien está sentenciado en Estados Unidos a 39 años de cárcel por proteger al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

El cargo Macedo regresa… y “El Animal” confirma que no aprendió nada apareció primero en Reto Diario.

El juez de Control Francisco Javier Orozco Treviño resolvió vincular a proceso a Miguel Ángel Celis Romero por el delito de extorsión agravada en agravio de su socio y familiar Alfonso Celis Enecoiz, dentro de la carpeta 152/2025/TEHUACÁN.

La decisión, sustentada en pruebas documentales, comunicaciones privadas y testimonios directos, dejó claro que el dinero y las influencias ya no son escudo frente a la ley.

El caso, que sacudió al empresariado tehuacanense, desnuda la otra cara del poder familiar: aquella donde el parentesco y la sociedad se transforman en armas de presión.

Las investigaciones acreditaron amenazas y coacciones destinadas a obtener el control patrimonial de Socorro Romero Sánchez, S. A. de C. V., empresa emblemática del sureste poblano y símbolo del legado industrial de la familia Celis.

Paradójicamente, el amparo federal 541/2025, promovido meses atrás por Miguel Ángel Celis Romero, no logró revertir el curso de la justicia.

Si bien el Juzgado Quinto de Distrito en Puebla reconoció ciertos vicios formales en la orden de aprehensión, finalmente el recurso fue sobreseído el 28 de agosto de 2025, confirmando la plena validez del proceso penal que ahora lo mantiene recluido en el Cereso de Tehuacán.

El intento de frenar su detención mediante tecnicismos legales fracasó, y la realidad procesal se impuso sobre las estrategias de defensa.

Fuentes cercanas al penal refieren un aislamiento total, una soledad que contrasta con el poder que ostentaba en la empresa.

Cuentan que, a la fecha, ni sus hijos, ni su mamá, ni su esposa lo han visitado en prisión.

Su entorno social y político también se ha desmoronado: las supuestas llamadas a funcionarios de alto nivel en Puebla no surtieron efecto y los “favores” de antaño se disiparon frente a la contundencia de la carpeta judicial.

En cambio, Alfonso Celis Enecoiz y su familia inician una etapa de serenidad y reconstrucción, confiando en que las instituciones harán justicia frente a años de intimidación y abuso.

La defensa del empresario agraviado ha enfrentado incluso amenazas de muerte, buscando que se retiren del caso y abandonen Tehuacán, pero han resistido con firmeza, respaldados por la ley y por la convicción de que no se trata solo de un pleito familiar, sino de la defensa de la legalidad y del patrimonio.

No todo es la disputa de una millonaria herencia , la pelea es por lo que corresponde conforme a la ley y que Miguel Ángel Celis Romero quiso quitar “a la mala”.

Si era inocente, ¿por qué andaba prófugo de la justicia?

Mientras tanto, la empresa Socorro Romero Sánchez continúa operando con normalidad, demostrando que su solidez no depende de un solo nombre u hombre.

La dirección corporativa, los trabajadores y los proveedores mantienen el rumbo de producción y compromiso social que caracteriza a la marca desde hace décadas.

Se busca crecer y ayudar a crecer a Tehuacán, que tanto lo necesita.

La caída de Miguel Ángel Celis Romero es más que una anécdota judicial: es una advertencia para quienes confunden el poder económico con impunidad.

En Puebla, la justicia avanza, incluso cuando se cree que el apellido pesa más que la ley.

Foto: Especial

El cargo El peso de la justicia en el caso Celis apareció primero en Reto Diario.