En conferencia de prensa, la presidenta estatal del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo; el vocero Agustín Guerrero Castillo, y el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Bermúdez Ruiz, informaron que se llevarán a cabo una serie de reuniones de seguimiento con autoridades municipales de Morena y también con las que gobiernan en coalición con partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Fuerza por México.

Bermúdez Ruiz subrayó que la revisión responde al compromiso asumido por los funcionarios al firmar el decálogo del partido, el cual –dijo– no es opcional.

“Este documento sienta las bases del gobierno y la administración pública para todos los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras que emanan de nuestro partido. Por ello, vamos a realizar una serie de encuentros con las y los presidentes municipales y en un segundo momento con las y los diputados locales y federales para dar seguimiento al cabal cumplimiento del decálogo”, advirtió.

Evaluación de servicios públicos y combate a la corrupción

La dirigencia estatal detalló que la evaluación pondrá especial énfasis en la atención a los reclamos ciudadanos, la aplicación de políticas de austeridad, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la tolerancia cero a la corrupción.

Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena en Puebla. Foto: Daniela Portillo / EsImagen

Asimismo, se verificará que los gobiernos municipales garanticen servicios fundamentales como recolección de basura, abasto de agua potable, alumbrado público, pavimentación e infraestructura, además de cumplir con la paridad de género, generar oportunidades para la juventud y orientar el gasto público a los sectores más vulnerables.

El anuncio de esta revisión interna ocurre tras el señalamiento público de una obra de alto costo en el municipio de Xicotepec, gobernado por el alcalde Carlos Barragán, caso que –reconocieron– encendió alertas dentro del partido sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión.

Reuniones en dos etapas

De acuerdo con Morena, las reuniones se realizarán en dos bloques. El primero será con los 54 alcaldes electos por Morena en el estado, seguido por encuentros con ediles que llegaron al cargo mediante coaliciones. Posteriormente, se convocará a diputadas y diputados locales y federales para revisar la congruencia de su labor legislativa con los principios del movimiento.

Bermúdez Ruiz recalcó que el decálogo establece, entre otros puntos, servir al pueblo, mantener la austeridad republicana, transparentar el uso de recursos, fortalecer los servicios públicos, proteger las reservas naturales y evitar el uso de las fuerzas policiales para reprimir a la ciudadanía.

El cargo Morena evaluará a 54 alcaldes y legisladores en Puebla por cumplimiento del decálogo y servicios públicos apareció primero en Reto Diario.

Cada vez son más los presidentes municipales de Puebla relacionados directa o indirectamente con la delincuencia organizada.

Lo que era una excepción, o casos aislados, hoy ya es moneda corriente.

Es evidente lo que está sucediendo en el estado: los criminales buscan cooptar o atemorizarlos, o pactar con ellos/ellas, a fin de obtener protección, refugio y libertad de movimiento para seguir realizando sus fechorías, con el acuerdo de los jefes policiacos locales.

Y lamentablemente no son pocos los que aceptan llegar a oscuros arreglos de complicidad con los carteles, pues ello les garantiza no solo jugosos beneficios económicos para ellos y sus familiares y allegados, sino control político de sus comunidades.

Son el eslabón más débil y, por tanto, el más susceptible de colaborar con los delincuentes.

El fenómeno no es exclusivo de ediles de un solo partido político, como algunos suponen. Han caído de todos los signos y colores, y la situación ya es verdaderamente preocupante para la gobernabilidad del estado.

Ya lo ha reconocido el propio gobernador Alejandro Armenta Mier, quien este fin de semana, a la luz de lo sucedido en Ahuazotepec, comentó:

“Cada vez que me reúno con un presidente municipal les digo que se apeguen a la ley y que no le hagan ojitos a los delincuentes, que denuncien”.

En el caso del edil de Cuautempan, en cuyo domicilio se encontraron armas y drogas, está virtualmente prófugo de la justicia.

En cuanto presidente municipal de Ahuaztotepec, se sabe que, tras la detención de su hijo, quien fungía como director del DIF, solicitó licencia temporal por “motivos de salud”.

La Fiscalía General del Estado ha confirmado el aseguramiento de armas, cartuchos, marihuana, cristal y documentos durante el operativo realizado el pasado viernes.

Versiones extraoficiales vinculan a Alfredo Ramírez Hernández y a su hijo con el grupo criminal “Los Diablitos”, dedicado a delitos como secuestro, extorsión, robo de combustible y lavado de dinero mediante el sistema de criptomonedas.

Repito: no son casos aislados.

Ya son pocos los ediles que resisten la tentación y deciden hacer algo más que “ojitos” a los criminales.

En febrero pasado, el edil de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, fue sumamente claro al respecto.

En diversas entrevistas con medios de comunicación, abrió la caja de Pandora.

Dijo:

“Solo le pido a Dios no ser parte de las cifras de presidentes asesinados y que no quede solamente en una carpeta de investigación.

”Yo invito a los delincuentes, a los maleantes, que si quieren trabajar, que se vayan a otro municipio, porque aquí no los vamos a tolerar.

”Yo recibo muchas amenazas diarias, que me van a matar, que esto, que lo otro. Pues, bueno, cuando uno se alquila tiene que aguantar eso y mucho más.

”Te amenazan, te advierten, te persiguen, siempre tratando de hacer que dejes de hacer lo que estás haciendo.

”Me dicen que no me meta con tal persona, con los que venden esto o lo otro”.

En Puebla, además de los casos de Cuautempan y Ahuazotepec, hay otros tres alcaldes bajo investigación por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Dos de ellos fueron detenidos y vinculados a proceso, mientras que el otro permanece prófugo de la justicia.

Se trata de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes gobernaban los municipios de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.

Ya desde finales del año pasado, todavía como gobernador electo, Alejandro Armenta había tomado nota tras ser informado de que varios alcaldes y alcaldesas –principalmente del sur de Puebla– constantemente reciben amenazas, chantajes y extorsiones por parte de delincuentes, que buscan operar a manos libres.

Desde entonces les pidió: “no doblarse”.

Y señaló:

“Por favor, no digan nada, dennos datos y hablen con el secretario (de Seguridad Pública), Francisco Sánchez. Pero no se doblen, por favor, presidentas y presidentes municipales”.

Hoy, tras los últimos casos, ha reiterado su llamado en ese sentido.

Ya lo decíamos la pasada semana:

Imposible, ya, tapar el sol con un dedo.

En Puebla son cada vez más las evidencias –dejaron de ser meras sospechas– de vínculos directos de presidentes municipales con el crimen organizado.

Alcaldes que quemaron sus naves y decidieron ser narcoalcaldes, ya sea porque cedieron a las amenazas de los grupos interesados en controlar la plaza o porque simplemente encontraron una gran oportunidad de enriquecerse aliándose a los criminales.

El fenómeno comenzó hace varios años, en un lento pero sostenido proceso de degradación institucional.

Hoy, sin embargo, ya adquirió carta de naturalidad.

Nada se gana intentando tapar el sol con un dedo.

Urgen leyes, golpes de timón y una limpia generalizada para curar lo que empezó como una pequeña infección y hoy es una gangrena.

El cargo Narcoalcaldes (2) apareció primero en Reto Diario.