La declaración fue realizada a través de la red social Threads, donde Rose aseguró que el incidente ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. Según su testimonio, la cantante realizó un acto de carácter sexual sin su consentimiento, mientras ella se encontraba descansando junto a una amiga, lo que provocó una reacción inmediata de rechazo físico.

La actriz explicó que durante años no procesó lo ocurrido como una agresión, e incluso llegó a relatarlo como una “anécdota de borrachera”. Sin embargo, con el paso del tiempo, afirmó haber reconocido el impacto del hecho. “Me ha tomado casi dos décadas decir esto públicamente”, expresó, al señalar que decidió hablar como una forma de liberar la carga emocional acumulada.

Rose también indicó que no busca iniciar un proceso legal. Aclaró que su intención no es presentar una denuncia, sino “sacar” el episodio para evitar mayores afectaciones emocionales, aunque sostuvo su versión y aseguró que el hecho ocurrió en un espacio público. Además, afirmó que cuenta con fotografías y que habría testigos de lo sucedido.

En sus declaraciones, la actriz subrayó la dificultad de hablar sobre este tipo de experiencias, especialmente cuando involucran a mujeres. Destacó el impacto del trauma y la complejidad de visibilizar casos de agresión sexual en estos contextos, tras haber guardado silencio durante años.

Tras la difusión de estas acusaciones, el equipo de Katy Perry respondió mediante una representante, quien rechazó categóricamente los señalamientos. Calificó las declaraciones como “mentiras peligrosas e irresponsables”, y aseguró que la actriz tiene antecedentes de realizar acusaciones públicas que han sido negadas por otras personas.

La polémica se originó luego de que Rose comentara una publicación relacionada con la presencia de Perry en el festival Coachella, donde la cantante asistió recientemente. A partir de ese momento, el tema se viralizó rápidamente y generó reacciones divididas en redes sociales.

Hasta ahora, ninguna de las partes ha anunciado acciones legales.

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La audiencia se llevó a cabo en la Casa de Justicia de Zacatlán, donde el juez de Control determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. La detención del exfuncionario ocurrió el 28 de noviembre, durante un operativo realizado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las carpetas de investigación y reportes extraoficiales, la menor habría sido víctima de tocamientos y agresión sexual dentro de un domicilio en San Isidro, al que el exdelegado ingresó cuando acudió a cobrar una deuda de 70 mil pesos por la venta de una camioneta. Los familiares de la adolescente confrontaron al acusado horas después y posteriormente presentaron la denuncia ante la FGE, aportando elementos que derivaron en la orden de aprehensión.

Tras la audiencia, Luis Alberto I. I. fue trasladado al Cereso de Huauchinango, aunque inicialmente había sido llevado al penal de Zacatlán. Ahí permanecerá mientras se desarrolla la etapa complementaria del proceso, en la cual se desahogarán pruebas para determinar su responsabilidad o deslindarlo del delito que se le imputa.

El exdelegado ya había sido señalado anteriormente por supuestas irregularidades administrativas durante su gestión, aunque ninguno de esos señalamientos derivó en procedimientos penales. Su defensa sostiene que el caso podría estar relacionado con el conflicto por la deuda; sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

La investigación formal seguirá su curso en las próximas semanas, hasta que el Poder Judicial establezca su situación jurídica definitiva.

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La institución señaló que, cuando la menor y sus familiares acudieron a presentar la denuncia, no se contaba de manera inmediata con un perito traductor en lengua náhuatl, requisito indispensable para recibir adecuadamente su testimonio y garantizar el respeto pleno a sus derechos, al tratarse de una familia hablante de esta lengua.

Ante esta situación y para proteger su integridad, la menor, junto con su madre, su abuela y su hermano, fue resguardada en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán de Huauchinango, donde recibieron atención y acompañamiento.

La Fiscalía agregó que a primera hora de este día se iniciaron formalmente las indagatorias, ya con el apoyo de un traductor proporcionado por una asociación civil especializada en lengua náhuatl, lo que permitió avanzar en la recepción del testimonio y en la recopilación de información para el caso.

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El exfutbolista brasileño fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de una condena por agresión sexual que lo mantuvo en la cárcel desde el 20 de enero de 2023 hasta marzo de 2024, cuando fue liberado tras pagar un millón de euros (entonces 1.2 millones de dólares) de fianza.

La absolución se dio el 28 de marzo de 2025, debido a “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones” en el dictamen original.

La acusación se originó en diciembre de 2022, cuando Alves fue denunciado por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.

Durante el proceso, Alves cambió su versión varias veces: inicialmente negó haber tenido contacto con la denunciante y luego admitió una relación, pero aseguró que fue consensuada.

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Antonio, padre de la víctima, visitó el centro para realizar un pago y fue entonces que notó a su hijo, Miguel, de 33 años, con la cabeza rapada, vestido con ropa de mujer y angustiado.

Miguel, en ese momento, le confesó a su padre que había estado sufriendo agresiones sexuales y amenazas durante los dos días anteriores, presuntamente a manos de otro interno llamado Julio.

Según el relato de la víctima, tras resistirse a nuevos ataques se defendió golpeando a su agresor y en respuesta, el encargado del lugar supuestamente impuso un castigo a Miguel, obligándolo a vestirse de mujer como una forma de humillación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y se entrevistaron con padre e hijo. Confirmaron que se le brindó atención médica y psicológica inicial a Miguel. Paramédicos de SUMA lo valoraron, determinando que no era necesario su traslado a un hospital.

La Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las investigaciones para que se investigue a fondo este grave incidente.

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