“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este Decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría.

Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo o judicial, no puede informarse dado que está en un procedimiento y puede caerse el procedimiento judicial o administrativo, o lo que realmente es de seguridad nacional. Entonces, para ello en un mes se va a fortalecer incluso más esta Plataforma Nacional de Transparencia. Y cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que la información de todas las actividades de gobierno y el ejercicio de los recursos públicos deben transparentarse, tal y como lo establece el artículo 6 de la Constitución Política:

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que este decreto impulsa que las instituciones publiquen información adicional de interés público, más allá de las obligaciones legales.

Destacó que como parte de los trabajos se estabilizó la Plataforma Nacional de Transparencia; se incorporaron herramientas para mejorar la descarga de información, así como formatos más fáciles de utilizar y a más tardar en 30 días hábiles se agregará más información de interés público, y además la PNT contará con contenidos más completos y actualizados para facilitar su consulta.

Detalló que este decreto está orientado en cuatro áreas:

● Contrataciones públicas: Todos los contratos se publicarán de manera mensual.

● Filiales de Pemex y CFE: Se publicará información relevante como informes ante agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

● Fiscalización y auditorías: Se publicará información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, un informe de la situación de las auditorías y del seguimiento de observaciones formuladas por los órganos internos de control, así como del padrón y designación de despachos auditores externos.

● Invitación a sumarse a estados, municipios y otros poderes para hacer más oportuna y transparente la actuación pública.

Agregó que, a su vez, se realizará una simplificación de las 17 reservas de interés público y seguridad nacional, dando prioridad a que la información que se reserve no solo sea temporal, sino que se publique en versiones públicas.

Informó que las acciones de este decreto estarán incluidas con otras iniciativas que están siendo integradas con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en la Ley General de Transparencia.

El cargo Sheinbaum firma decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno de México y ampliar acceso a la información pública apareció primero en Reto Diario.

Se propone eliminar del texto de la Constitución local las referencias de dichos entes, a fin de que este derecho lo garantice el Instituto Nacional Electoral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, respectivamente.

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También se sugiere eliminar la referencia del supuesto para reservar la información pública, consistente en motivos de seguridad nacional, tomando en cuenta la competencia federal de dicha materia.

Los artículos donde se sostiene la justificación constitucional y legal de la reforma son:

El artículo 6, apartado A, fracción VIII de la Constitución Federal, establece que los sujetos obligados se regirán por la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en los términos que ésta se emita, y que deberá prever que las leyes en la materia definan la competencia de las autoridades de control interno, vigilancia u homólogos, tanto federales como locales, que son las autoridades garantes que conocen de los procedimientos de revisión contra los actos de los sujetos obligados.

Por su parte, el artículo 41 del referido ordenamiento establece que el INE tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos personales a cargo de los partidos políticos, así como de las resoluciones de los partidos políticos, en los términos que establezca la ley.

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En lo que respecta al artículo 123, apartado A, fracción XX, refiere que, tratándose de sindicatos, el organismo descentralizado federal en materia conciliatoria tendrá competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos respecto de las resoluciones de los mismos.

Durante la discusión del proyecto de decreto, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales señaló que en el caso de la entidad existen tres institutos políticos con registro local, que no se encuentran bajo la tutela directa del Instituto Nacional Electoral, por lo que su registro no es nacional; en consecuencia, consideró que la información pública debería ser supervisada por el Instituto Electoral del Estado.

Por su parte, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña señaló la importancia de fortalecer la legislación secundaria en la materia.

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron el proyecto de decreto formulado con la iniciativa del Grupo Legislativo de Morena, para reformar el primer párrafo de la fracción VII y sus incisos, a) primer párrafo, c) segundo párrafo y g) cuarto párrafo, del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

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A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Julio Miguel Huerta Gómez, José Luis Figueroa Cortes, Pavel Gaspar Ramírez, Jaime Natale Uranga, María Soledad Amieva Zamora, Susana del Carmen Riestra Piña y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

El cargo Avala Comisión del Congreso de Puebla alinear transparencia de partidos y sindicatos a marco federal apareció primero en Reto Diario.