La propuesta plantea reformar el artículo 33, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, luego de que inversiones de alto riesgo realizadas en administraciones pasadas –como el caso Accendo Banco, en el que el estado perdió más de 600 millones de pesos– pusieran en evidencia la falta de mecanismos de supervisión previos.

Inversiones, solo con autorización legislativa

De acuerdo con la iniciativa, ni la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración ni sus titulares o servidores públicos podrán colocar recursos públicos en instrumentos financieros de riesgo sin una solicitud previa, fundada y motivada, presentada por la persona titular del Poder Ejecutivo, y aprobada por el Congreso del estado.

Suriano Corrales argumentó que este candado busca evitar decisiones unilaterales que comprometan el patrimonio estatal y garantizar que las inversiones respondan al interés público y no a criterios discrecionales.

Excepciones, solo para operaciones operativas y sin riesgo

La iniciativa establece que la única excepción serán las operaciones indispensables para la custodia, administración y flujo operativo del gasto público, siempre que se realicen en cuentas bancarias o instrumentos de disponibilidad inmediata y sin riesgo de pérdida del capital. Además, deberán celebrarse exclusivamente con instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

El antecedente de Accendo Banco

La discusión sobre el manejo financiero del Gobierno estatal cobra relevancia tras el desfalco de más de 600 millones de pesos invertidos por el estado en Accendo Banco, institución cuya licencia fue revocada en 2021 y que entró en liquidación judicial. Por ese caso existen denuncias penales y administrativas contra exfuncionarios y sanciones como la inhabilitación de la entonces secretaria de Finanzas en la administración del gobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta, María Teresa Castro Corro.

Para la diputada, este antecedente evidencia la urgencia de regular estrictamente las inversiones públicas y evitar nuevos riesgos para las finanzas estatales.

El cargo Plantea la diputada Fedrha Suriano que el Ejecutivo solo invierta en instrumentos financieros con autorización legislativa apareció primero en Reto Diario.

Vamos por pasos.

En abril del 2023, el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes dio a conocer que la titular de Finanzas había invertido 600 millones de pesos del erario en Accendo Banco que se declaró en quiebra en el 2021 y que, por ende, no regresaría un peso del dinero del estado.

En esa rueda de prensa estuvo Teresa Castro, quien fue prácticamente llevada para que diera la cara ante tal inversión. Todo esto sucedió durante la administración del gobernador Miguel Barbosa y, tras su muerte, Sergio Salomón Céspedes llegó al poder y no tuvo más remedio que revelar lo que estaba pasando.

Desde entonces se supo que no se recuperaría un peso de lo invertido, que el dinero de Puebla estaba “perdido”. Esto porque el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario cubre hasta 400 UDI y la inversión de Puebla era, por mucho, mayor.

El Poder Judicial, entonces, encontró a Teresa Castro culpable del quebranto. Aunque no han dado los detalles, algunos de ellos pueden adivinarse sin problema.

Esto se versa en la omisión, tal vez a propósito, de la funcionaria.

Banco Accendo ofrecía el 6% de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y un tope máximo del 6.4% en Certificados de Depósito. Las instituciones bancarias comunes ofrecen 2% y 4% ya en números exagerados.

Otra alerta que no vieron o no quisieron ver, fue la advertencia que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en junio del 2021. Incluso en sus declaraciones la mañana de ese 11 de abril, la secretaria dijo que parte de la inversión –no especifica cuánto– se hizo en ese mes, en junio.

La Secretaría advirtió que el índice de capitalización de Accendo era del 10.20%. El mínimo para operar es del 8% y, en ese momento, el total de la banca múltiple era del 18.25%.

El Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, notó enseguida el riesgo y sí logró retirar al 100% su inversión.

Ahora que el caso está al descubierto y que el Poder Judicial señala que sí hay delito, crecen las especulaciones sobre si el gobierno perdió este dinero “a propósito” para beneficiar a quienes tuvieron la idea de hacer esta riesgosa inversión.

Teresa Castro enfrenta ahora un proceso penal que podría terminar con ella tras las rejas. Hasta ahora, el Tribunal de Justicia Administrativa le colocó una multa de 300 millones de pesos y la inhabilitó por 20 años.

Pero esto no la libra de un proceso tan duro que podría hacer que la exfuncionara hablara para saber si hay más responsables o beneficiaros de la “inversión fallida”.

Y es que, la verdad, no creo que ella haya tenido la idea ni tomado la decisión deliberada de destinar tanto dinero a Accendo.

El proceso empieza a correr y aún falta mucho por conocer.

El cargo Accendo y el futuro de Teresa Castro apareció primero en Reto Diario.

De entrada, porque esas sanciones de orden administrativo aún no están firmes y porque los inculpados podrían impugnarlas en el ámbito local y federal, argumentando fallas procesales, entre ellas que la instancia investigadora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incurrió en omisiones como haber citado a la entonces directora de Tesorería de la Secretaría de Finanzas, Guillermina Canseco Carrera, para que explicara cómo y por qué contrató los servicios Accendo Banco, qué razones tuvo para invertir en esa institución de banca múltiple 600 millones de pesos y si no existió un estudio o evaluación sobre tal ente financiero que estaba a punto de la quiebra y quién le ordenó hacer esa millonaria transferencia.

Lo anterior no es una apreciación mía, sino de un abogado especialista en Derecho Administrativo, que durante un sexenio laboró en la Contraloría del estado, hoy Secretaría Anticorrupción, pero que además conoce del caso y de los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave 134/2024-PRA- SERA-2 y 133/2024-PRA- SERA-2 seguidos contra María Teresa Castro y José Enrique Girón.

Según este abogado, ambas resoluciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del estado “podrían caerse con un amparo bien puesto”, así hayan salido por unanimidad de los tres magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino.

En su opinión, las multas impuestas son onerosas e infundadas, ya que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que es la instancia encargada del Gobierno federal de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores, aún no determina si el Gobierno de Puebla podrá recuperar algo de los 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco.

Por esa situación, sostiene que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción aún no procede penalmente, ni puede fincar delitos, pues las sanciones administrativas todavía no están firmes, además de que podrían caerse por omisiones en el procedimiento administrativo y porque funcionarios relevantes que tuvieron que ser citados a comparecer, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre ellos la actual secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, quien entonces fungía como directora de Presupuesto y Política Presupuestal, y la directora de la Tesorería, Guillermina Canseco, para conocer las condiciones y resultados de esa inversión y saber por qué se eligió a Accendo Banco para transferirle 600 millones de pesos, nunca fueron citadas.

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Empleados que fueron contratados en la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla y que se quedaron a laborar seis meses más después del 31 de diciembre de 2024 en que concluyó su contrato, con la promesa de sus salarios les serían pagados una vez que el nuevo director Juan Enrique Rivera Reyes tomará las riendas del organismo, aún siguen en espera de justicia.

Entre estos figuran Deslyth Mendoza Hannia Toral, Ricardo Toral, Dania González y Jacob Sánchez. Algunos incluso tuvieron que acudir al Tribunal de Arbitraje del estado para reclamar el pago de sus salarios.

Los empleados argumentan que si se quedaron a laborar es porque tenían necesidad y porque la promesa de que su trabajo sería retribuido se las hicieron el entonces titular de la Comisión Luis Javier Cervantes Gómez, la secretaria particular del secretario de Gobernación del estado, Araceli Cedillo, y el coordinador administrativo de la Segob, Juan Manuel Arriaga.

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El cargo El gozo por las sanciones a Teresa Castro y Enrique Girón podría irse al pozo apareció primero en Reto Diario.

“Ella no se mandaba sola, tenía un titular, tenía subordinados y también se debía a alguien. Necesitamos encontrar quién lo ordenó, quién participó; no sólo es una persona, es una red, no nos mandamos solos”, declaró la legisladora, al señalar que detrás de esta inversión fallida existió una cadena de mando que debe ser investigada a fondo.

Fedrha Isabel Suriano Corrales, diputada local de Puebla por Movimiento Ciudadano. Foto: Especial

Suriano Corrales agregó que este caso “lastima a la sociedad poblana” y subrayó la necesidad de que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Anticorrupción participen para garantizar transparencia en el proceso.

En la misma línea, el diputado panista Marcos Castro Martínez pidió que las indagatorias lleguen hasta las últimas consecuencias y no se limiten a sanciones administrativas. Incluso, planteó la posibilidad de que se investigue a la diputada federal María del Rosario Orozco Caballero, viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, así como a otros exfuncionarios que pudieron haber tenido conocimiento de la inversión irregular.

Marcos Castro Martínez, diputado local de Puebla por el PAN. Foto: Especial

“Todo lo que se tenga que revisar o investigar que se haga de la manera más clara para darle transparencia a los ciudadanos”, sentenció.

Por su parte, el diputado de Morena Julio Huerta Gómez, primo del exmandatario fallecido, se deslindó de los hechos al precisar que no trabajaba en la Secretaría de Finanzas cuando ocurrió la inversión en Accendo Banco.

Julio Miguel Huerta Gómez, diputado local de Puebla por Morena. Foto: Anel Esgua / EsImagen

“Cada servidor público debe responder por sus actos. Por los míos respondo yo. Quien la deba, que la pague”, afirmó.

En tanto, el morenista Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo Estatal de su partido, sostuvo que el caso debe resolverse en las instancias correspondientes y que será tarea de las autoridades investigadoras determinar si hay más implicados.

Andrés Iván Villegas Mendoza, diputado local de Puebla por Morena. Foto: Especial

“Si la exsecretaria cometió alguna falta, debe dar respuesta a sus agravios (…) la que queda mal es ella, ni siquiera era militante de nuestro partido”, puntualizó.

El desfalco con Accendo Banco ocurrió durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas realizó una inversión fallida por más de 600 millones de pesos, lo que derivó en la pérdida de recursos públicos. El caso fue evidenciado posteriormente por la administración actual, encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que inició los procedimientos administrativos correspondientes.

Los diputados coincidieron en que este episodio no puede quedar impune y debe servir para fortalecer los mecanismos de vigilancia en el manejo de los recursos públicos, a fin de evitar nuevos quebrantos al erario.

El cargo Diputados locales de Puebla piden investigar a todos los involucrados en el desfalco de Accendo Banco apareció primero en Reto Diario.

Teresa Castro no solo es responsable de la pérdida de 606 millones que el Gobierno del estado invirtió en Accendo Banco, sino de los casi 300 millones de pesos que la administración estatal perdió con Intecproof por la implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través radares de velocidad, administrar las infracciones por exceso de velocidad y detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.

Esta anomalía incluso fue motivo de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del estado en su cuenta pública del ejercicio 2022.

Además, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tendría que informar qué fin tuvieron las tres denuncias penales que la Secretaría de Finanzas en la gestión de Sergio Salomón Céspedes presentó en contra de exfuncionarios de esa dependencia por los 606 millones de pesos que mal invirtieron en una institución que se fue a la quiebra, entre los cuales estaban Teresa Castro y quien fuera su subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, quien por cierto también fue sancionado por la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas con una multa de 242 millones de pesos y 15 años de inhabilitación del servicio público.

Otra cuestión de la que tendrían que dar cuentas el gobierno de Alejandro Armenta y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, al margen de lo que haga el Tribunal de Justicia Administrativa, es el avance de las investigaciones en torno a la funcionaria que solapó y encubrió esos millonarios quebrantos, primero como titular de la Secretaría de la Función Pública y luego como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava.

Amanda Gómez no es ajena a la pérdida de los 606 millones del Gobierno de Puebla invertidos en Accendo Banco.

Ella mejor que nadie sabe que los llamados “Lineamientos para la gestión financiera y manejo de disponibilidades financieras en operaciones de inversión” con los cuales Teresa Castro pretendió justificar la transferencia de recursos a Accendo Banco se hicieron después de su quiebra y una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) canceló su permiso como institución de banca múltiple.

La contralora ocultó ese hoyo financiero y validó esos Lineamientos como secretaria de la Función Pública y como titular de la ASE fue omisa y jamás observó ese millonario daño patrimonial a la hacienda estatal.

Por lo anterior, insisto en que el gobierno de Armenta y la Fiscalía del estado deben informar si además de las sanciones administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, Teresa Castro y Amanda Gómez Nava serán sujetas de procedimientos penales por los delitos de peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y enriquecimiento ilícito.

No hay que perder de vista, según lo documentó el periodista Israel Velázquez, que Teresa Castro adquirió de contado una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos, apenas seis meses después de su renuncia a la Secretaría de Finanzas de Puebla para incorporarse como asesora del entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón.

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Los pronósticos se hicieron realidad: la doctora María Guadalupe Morales Espíndola ganó las elecciones de director en la Facultad de Administración de la BUAP. Ganó 6 de los 7 votos sectoriales de docentes, tiene asegurado el voto del director saliente José Aurelio Cruz de los Santos, y el voto de los administrativos.

Al cierre esta columna el conteo de votos de estudiantes apenas se había iniciado, estos se estaban distribuyendo mayoritariamente a favor de la compañera de generación del gobernador Alejandro Armenta, y de los otros dos candidatos: Ricardo Paredes Solorio y Beatriz Herrera López.

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El cargo ¿Y cómo van los procesos penales en contra de Teresa Castro y Amanda Gómez? apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con información publicada por Diario CAMBIO, el exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, fue sancionado con 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales, además de una indemnización de 241 millones 998 mil 452 pesos, equivalente al 40% del quebranto financiero.

La resolución judicial establece que Girón Zenil tuvo participación directa en la inversión ilegal de los recursos del erario en la institución financiera Accendo Banco, la cual quebró meses después de recibir los depósitos del Gobierno estatal. Con esta decisión, el tribunal determinó que el exfuncionario es responsable de daño patrimonial al estado, al igual que la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien previamente fue sancionada con 20 años de inhabilitación y una multa de 362 millones de pesos.

El TJAEP precisó que el monto total del daño causado por ambos exfuncionarios asciende a 604 millones 996 mil 131 pesos, al incluir no solo el capital invertido, sino también los rendimientos que debieron generarse durante el periodo de inversión.

El llamado caso Accendo Banco es considerado uno de los mayores desfalcos financieros en la historia reciente de Puebla, y continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que analiza posibles responsabilidades penales por el uso irregular de fondos públicos durante el sexenio barbosista.

El cargo Sancionan a exsubsecretario de Finanzas del barbosismo por el caso Accendo Banco; deberá pagar 242 millones de pesos apareció primero en Reto Diario.

El caso, que derivó en una inhabilitación de 20 años y una multa por más de 362 millones de pesos, se considera una de las sanciones más severas impuestas en la historia reciente del estado. La resolución judicial confirma la responsabilidad directa de Castro Corro en la inversión irregular de más de 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo, una institución que terminó en quiebra meses después.

El gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier ha insistido en que en Puebla “nadie está por encima de la ley”, al subrayar que las acciones emprendidas por el Poder Judicial se realizan “sin persecución, pero sin omisiones”. De acuerdo con fuentes oficiales, la administración actual mantiene abiertas diversas investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo financiero del sexenio anterior.

En contraste, el entorno político del fallecido gobernador Miguel Barbosa ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso, pese a la relevancia mediática y el impacto político que ha generado. Rosario Orozco Caballero, quien fue una de las figuras más visibles del llamado barbosismo, no ha emitido comentario alguno tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Este silencio ha sido interpretado como un intento de evadir la responsabilidad moral o política por los actos de corrupción documentados durante el mandato de su esposo, quien solía presentar a Castro Corro como “una mujer incorruptible” y “ejemplo de funcionaria pública”.

Lee aquí la nota completa sobre la falta de pronunciamiento de Rosario Orozco:

Calla Rosario Orozco ante corrupción probada en el gobierno de Barbosa y macro sanción a Castro Corro

El cargo Viuda de Barbosa hace mutis ante las pruebas de corrupción en la administración del fallecido gobernador apareció primero en Reto Diario.

En una comparecencia ante medios, la fiscal general detalló que la FGE continúa con la integración de las carpetas y que varias personas están siendo investigadas en relación con este caso, que se originó durante el sexenio del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.

“En la integración de nuestra carpeta sobre el tema de Accendo Banco tenemos registradas varias personas involucradas en esta investigación”, afirmó.

El caso ya cuenta con un precedente en el Poder Judicial del Estado de Puebla, donde la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, fue declarada responsable de faltas graves, específicamente por desvío de recursos públicos y abuso de funciones, relacionadas con la inversión en el banco que meses después se declaró en bancarrota.

🏦🔎 #ATiempo
Habría más personas implicadas en el caso de Accendo Banco, y la investigación sigue su curso, esto de acuerdo con el expediente que hay en la @FiscaliaPuebla, informó la titular, @idamis35. pic.twitter.com/krmQU4poTO

— A Tiempo Noticias (@atiemponot) October 28, 2025

El cargo Va Fiscalía de Puebla contra más implicados barbosistas en inversión fallida de 600 mdp en Accendo Banco apareció primero en Reto Diario.

Castro Corro fungió como secretaria de Finanzas de la administración estatal que encabezó el fallecido gobernador Miguel Barbosa, del 1 de agosto de 2019 al 30 de junio del 2023, meses después de la muerte del exmandatario y luego de que se detonó este escándalo de la colocación de recursos en Banco Accendo, mismo que se declaró en quiebra.

El Gobierno del estado, en ese tiempo, ocultó la información de este tema, así como también el de Fóndika, otra institución de crédito en donde se depositaron mil 600 millones de pesos, los cuales también se habían perdido.

Muy difícilmente se hubiera podido conocer el desfalco de Accendo y Fóndika, si no hubiera muerto el entonces gobernador Miguel Barbosa, quien falleció el 13 de diciembre de 2022, tomando la responsabilidad como mandatario sustituto el entonces líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien no quiso cargar con ese compromiso y filtró la información para que se diera a conocer.

Nadie, hasta ese momento, sabía que el gobierno había perdido 604 millones de pesos en un banco que quebró y eso nos habla también de un tema de transparencia y de rendición de cuentas, pues nunca se sabe qué hacen los gobiernos con el dinero que colocan en instituciones de crédito, ni a qué plazo se mete, qué rendimientos se obtienen y en qué se utilizan estos recursos.

Cabe señalar que la ley les permite a los gobiernos locales colocar una parte de sus recursos en instituciones de crédito, es el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, permite a estos colocar parte de sus recursos, siempre y cuando se trate, dice la propia ley, de instituciones que cumplan criterios de seguridad financiera y rentabilidad y liquidez.

Es obvio que, en el caso de Accendo y Fóndika, el gobierno del entonces mandatario Miguel Barbosa no cuidó estos criterios y ocurrió que el banco quebró y se perdieron los recursos, ya que hasta la fecha no se han podido recuperar.

Tere Castro no es la única responsable de lo que ocurrió, según ha trascendido hay otro funcionario de Finanzas también señalado como responsable, así como también la entonces contralora estatal y luego titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez, también tiene su parte de responsabilidad por no informar acerca de este tema.

Maldito alcohol

Un testigo del evento tuvo a bien comentarme el bochornoso hecho que ocurrió el pasado viernes y que verifiqué en el Bar El Recorte, ubicado por la zona de Plaza Crystal.

Dicen, quienes estuvieron presentes, que este lugar todo estaba tranquilo cuando, al filo de las 22:00 horas del pasado viernes, se comenzó a desatar una pelea en el lugar, la cual escaló hasta el punto de que tuvo que llegar la Policía Municipal para poner orden.

Para sorpresa de muchos, dicen que uno de los involucrados era, o al menos así se identificó, el exalcalde sustituto Adán Domínguez, quien estuvo durante un año al frente del Ayuntamiento de Puebla.

Me sorprende que Adán, que parecía ser un hombre tranquilo y de familia, se haya comportado así. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar cuando el alcohol se apodera de uno.

Hay varios testigos que confirman la versión de que se trataba del ex presidente municipal de Puebla el que estuvo involucrado en la pelea, la cual ocasionó la molestia de los presentes, quienes reprobaron el actuar del exedil.

Qué raro que la Comuna que encabeza Pepe Chedraui no se haya enterado de este tema.

Los nuevos tiempos de la BUAP

Tal y como lo adelantamos en este espacio, Jorge David Cortés asumió ayer la Dirección de Comunicación Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en sustitución de Edwins García Hernández, quien hizo un buen trabajo en los cuatro años que estuvo al frente de esta encomienda durante el primer periodo de Lilia Cedillo en la BUAP.

Jorge David es un tipo que conoce ya este tema del trato con medios y la comunicación, ya que desempeñó este cargo durante la gestión de Enrique Agüera Ibáñez y luego fue uno de sus damnificados cuando este se fue a la campaña por la alcaldía de Puebla.

Hoy, Jorge regresa con mucha madurez, es un hombre que ya sabe del tema y que ante todo es de estilo conciliador. Enhorabuena.

riva_leo@hotmail.com

El cargo No hubo impunidad, la guillotina cayó sobre Castro Corro apareció primero en Reto Diario.

Sin importar que se trate de un gobierno que también haya emanado de la cuarta transformación (4T), los delitos que se cometieron tendrán sanciones y castigos.

A María Teresa Castro Corro, la todopoderosa secretaria de Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta (2019-2022) y consentida personal de él y de su esposa, la hoy diputada federal María del Rosario Orozco Caballero, se le halló responsable del desfalco a las arcas de Puebla por más de 600 millones de pesos.

Hay, por lo pronto, consecuencias administrativas, pero estas podrían ampliarse a otros terrenos judiciales.

Por el caso de la fallida inversión en Accendo Banco, quien se ostentó como una “austera” funcionaria del barbosismo,quedó inhabilitada por 20 años para ejercer otro cargo público y se le fijó una sanción económica por casi 363 millones de pesos.

Esa fue la determinación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado.

Las determinaciones que se toman ahí tienen consecuencias, análisis y origen; ahí los juristas no se mandan solos. Tienen dueño, jefe, patrón o como se le quiera denominar.

Hay cosas que, por obviedad y por la gravedad de los casos, se consultan.

Se anuncian.

Las miradas se cruzan y las anuencias llegan.

Que lo entienda quien lo pueda entender.

El caso de María Teresa Castro Corro y Accendo Banco anuncia que vendrán más sanciones, sancionadas y sancionados.

El castigo por lo pronto para ella es ejemplar: 20 años de inhabilitación.

Es casi vitalicio.

Hay más datos que convierten el caso en emblemático.

Castro Corro era consentida de Miguel Barbosa. Desde sus tiempos en el Senado, que presidió.

Hay quienes aseguran que la veía “como a una hija”.

Incluso generaba celos entre otros integrantes del gabinete.

Cuentan los cercanos que ella no salía de Casa Aguayo.

En algunas conferencias de prensa, Barbosa la presumió como una “funcionaria ejemplar”.

Por supuesto, confió en ella con los ojos bien cerrados.

Llegó a decir que era tan austera, que comía en las fonditas de 70 pesos por menú corrido.

El finado exmandatario la puso como paradigma de honestidad.

La realidad –esa terca– hoy lo desmiente.

Así se explica cómo le permitió una inversión de más de 600 millones de pesos que resultó fallida y fraudulenta, porque la entidad en que se realizó, Accendo Banco, era frágil y terminó declarándose en quiebra en 2021.

El dinero de las y los poblanos se esfumó.

Sin que haya todavía comprobación oficial, ha trascendido en diversos espacios que la viuda de Miguel Barbosa, la hoy diputada federal María del Rosario Orozco, intercedió por ella ante altas esferas.

Se ve que no funcionó su solicitud.

La ley se ha aplicado llana, lisa y tan severa como es.

Y falta lo de Fóndika, otra fallida inversión de Castro Corro con dinero del erario, solo que esta por 6 mil millones de pesos.

Será un milagro que no haya consecuencias penales.

¿Seguirá este desfile de exfuncionarios hacia el patíbulo de merecidas sanciones?

Es previsible que así sea.

¿Quiénes pueden seguir?

Hay muchos y muchas.

Grandes candidatos y candidatas a la horca.

De botepronto, podemos recordar que Sergio Vergara Berdejo, extitular de Cultura, tiene un tema pendiente con los supuestos chips que se adquirieron para resguardar y clasificar obras, pero resultaron un fraude.

También hay exfuncionarios del morenovallismo que tienen denuncias pendientes por los casos Audi y Barroco.

La lista es larga.

Con el caso Castro Corro, el régimen armentista ha pasado de la narrativa de la denuncia dura de los delitos del pasado, a la acción concreta.

El mensaje es uno solo: no hay intocables.

Nadie –y nadie es nadie– está a salvo.

El cargo El caso Accendo y Castro Corro: fin a los intocables apareció primero en Reto Diario.

Fue el exgobernador Rafael Moreno Valle, fallecido en el 2018, quien benefició a los hermanos Abed Roaunett con el millonario negocio del CIS, las oficinas gubernamentales de tres edificios y poco estacionamiento en la Atlixcáyotl.

Según el decreto del Proyecto para la Prestación de Servicios avalado en el 2013 por el Congreso, el proyecto tuvo un costo de mil 300 millones de pesos y quedó en manos de estos empresarios durante 24 años con una iguala anual de 161 millones de pesos.

Ahora, el Gobierno intentará negociar la deuda para que el Centro Integral de Servicios, como el MIB, “ya sean de los poblanos”.

Otro tema que tiene en la mira es el de Accendo, y lo resaltó para que “no solo digan que va por los gobiernos panistas”.

Armenta prometió seguir con la investigación sobre esta inversión millonaria que hizo la administración de Miguel Barbosa, fallecido en diciembre del 2022. Fue la entonces titular de Finanzas, María Teresa Castro, quien invirtió 600 millones de pesos a nombre del Gobierno de Puebla.

Este dinero se perdió cuando la banca cerró en septiembre del 2021. ¿Quiénes fueron responsables? Todos hemos especulado al respecto, pero lo cierto es que no ha habido un señalamiento directo.

Es eso lo que el gobernador prometió, revisar el caso e ir por los responsables. Insistió en que también seguirán las investigaciones por el MIB. Dijo que “el que es omiso también es cómplice”.

Ya veremos.

El gobernador @armentapuebla_ adelantó que se generará un acuerdo para reducir la deuda del CIS de Angelópolis; con el ahorro se hará una línea adicional del Cablebus en #Puebla.#AmbasManos @_Ivan_Reyes https://t.co/YdD2lJ9Tf0 pic.twitter.com/sjnLs1DIYR

— Ambas Manos (@Ambas_Manos) July 7, 2025

Las denuncias por ciberasedio

Con las seis denuncias que se han presentado en menos de un mes por el recién creado delito de “ciberasedio” en Puebla, el gobierno pretende demostrar que, como lo dijo desde un principio el gobernador Alejandro Armenta, este delito no fue creado exprofeso para ir en contra de periodistas o cuentas falsas de X.

Este 7 de julio, la fiscal general del estado, Idamis Pastor, dijo que la mayoría de estas denuncias ha sido por casos de bullying contra menores de edad y que las últimas han sido casos contra mujeres.

El delito fue apenas tipificado el pasado 12 de junio y causó gran polémica, al grado que el gobernador fue señalado por un intento de Ley Mordaza.

Hasta ahora, el Congreso de Puebla, después de una serie de foros, analiza la reforma al polémico artículo 480 luego de que la oposición dijo que era ambiguo.

El discurso de censura permeó a los medios nacionales y llegó tres veces a la rueda de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hoy, con estas denuncias, pretenden cambiar este discurso y que se acepte que la tipificación del delito era necesaria.

La @FiscaliaPuebla ha recibido seis denuncias por ciberasedio tras su tipificación en el Código Penal de Puebla; la fiscal Idamis Pastor aclaró que los casos son por bullying digital contra menores de edad.#AmbasManos @_Ivan_Reyes https://t.co/pwSx24txKJ pic.twitter.com/tD0z1aSvIB

— Ambas Manos (@Ambas_Manos) July 7, 2025

El cargo Accendo y el Centro Integral de Servicios, los nuevos blancos de Armenta apareció primero en Reto Diario.

La historia data de la administración marinista, durante la cual se colocaron recursos estatales por una suma aproximada de 201.6 millones de pesos para obtener rendimientos. Esto ocurrió entre marzo de 2008 y febrero de 2009.

El fondo de inversión quedó colocado hasta 2033. De hecho, ya se han recuperado recursos por 169.5 millones de pesos, y el pasado 25 de marzo, el Gobierno de Puebla recibió un pago por parte de esta institución de alrededor de 15.5 millones de pesos, según lo revelado por la propia secretaria de Finanzas.

Queda, pues, un remanente de 32.1 millones de pesos en esta institución, cuyo destino es incierto, especialmente ante la intervención de Casa de Bolsa Vector por parte de las autoridades hacendarias de nuestro país. Si las acciones de Puebla se pusieran a la venta, se perdería mucho dinero, y tal vez no se puedan mover debido a los problemas legales de esta casa de bolsa.

Es posible que el Gobierno pierda estos 32.1 millones de pesos, una herencia maldita del marinismo de la que se sabía poco, al igual que del fideicomiso colocado por la administración de Rafael Moreno Valle en el también intervenido CI Banco.

La historia de este fideicomiso es la siguiente, aunque en este caso sí hay posibilidades de recuperar los recursos. El Gobierno de Puebla mantiene un fideicomiso con CI Banco por 98.7 millones de pesos, constituido en 2012 durante la administración de Rafael Moreno Valle. Este monto está en proceso de ser transferido a BBVA México. Habrá que estar pendientes y preguntar si finalmente se lograron recuperar esos recursos.

En total, se trata de fondos por alrededor de 130.8 millones de pesos, una cantidad nada despreciable que Puebla no puede permitirse perder, dado el contexto de tantas necesidades en la entidad.

Esto recuerda la triste historia de los recursos invertidos por la administración de Miguel Barbosa, quien, entre el 9 de junio y el 7 de septiembre de 2021, invirtió 3 mil 006 millones de pesos en Banco Accendo a través de 14 operaciones financieras.

De estas, 11 fueron exitosas, generando ganancias por 7 millones 428 mil pesos. Sin embargo, las últimas tres operaciones, realizadas el 7 de septiembre de 2021 por un monto de 606 millones 127 mil pesos, resultaron en una pérdida, ya que el banco se declaró en quiebra tras la revocación de su licencia por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De estos recursos, solo se han recuperado 2 millones de pesos, y, según diversos especialistas, será muy difícil recuperar el resto.

De manera similar, la administración de Barbosa colocó recursos de los poblanos por 6 mil 800 millones de pesos en Fondika S. A. de C. V., una institución financiera dedicada al manejo de fondos y portafolios de inversión, también en 2021.

La administración de Sergio Salomón Céspedes afirmó haber recuperado la totalidad de los recursos, aunque no está claro si esto es cierto. Sin embargo, hay una investigación abierta, ya que los recursos colocados en Fondika correspondían a fondos federales del FAEF y se invirtieron a una tasa de rendimiento sospechosamente baja. Ojalá el Congreso del estado, la Auditoría Superior y la Secretaría de Buen Gobierno presten más atención cuando se lleve a cabo la revisión de la cuenta pública del Ejecutivo estatal, para aclarar de manera oportuna el tema de las inversiones gubernamentales en fondos de inversión.

Estas están permitidas por ley, pero los gobiernos rara vez rinden cuentas.

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El cargo El dilema de Casa de Bolsa Vector apareció primero en Reto Diario.

Esta obra, realizada durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, se planteó desde el año 2012, pero los trabajos concluyeron hasta el 2016, cuando, por fin, el teleférico fue inaugurado con tan solo 650 metros de extensión, cuando originalmente se había programado una obra de dos kilómetros.

Luego de enfrentar la oposición de diversos grupos y activistas, así como del INAH, ya que originalmente la obra correría del Barrio del Artista (Casa del Torno) hasta el recinto ferial, por fin, en 2014 las obras de construcción del teleférico poblano comenzaron a cargo de la empresa CEMS Constructora, quien entregó los trabajos dos años después en 2016 para su inauguración.

La dependencia que tuvo a cargo estos trabajos y financió la obra fue, en ese tiempo, la de Comunicaciones y Transportes a cargo de Bernardo Huerta, entonces pareja sentimental de Patricia Leal, contralora morenovallista, diputada y senadora durante ese periodo, y posteriormente mano derecha del exgobernador Sergio Salomón Céspedes en compras, adquisiciones y obras.

Inicialmente, los trabajos, se dijo, iban a tener un costo de 166.4 millones de pesos de ese tiempo, hace nueve años, y terminaron teniendo un costo, supuestamente, de 359.2 millones de pesos, lo que lo convirtió en la obra de su tipo más cara del país en ese entonces, tal y como lo documentó en su momento el periódico El Economista.

Para ser claros, la obra tuvo un sobrecosto de 116% a lo originalmente programado, el cual se trató de justificar a través de que requirió de equipamiento especializado y de muy alto nivel (sic), como las góndolas para trasladar a los pasajeros, mecanismos adicionales y ajustes en el proyecto tras la suspensión del INAH.

Hay claros ejemplos del sobrecosto del teleférico morenovallista. En 2010 se construyó una obra similar en Chihuahua, ubicada en la estación Divisor, en las Barrancas del Cobre, cuyo costo en ese año fue de 250 millones de pesos y con una longitud de 2.5 kilómetros.

El teleférico de Durango, también construido en 2010, que enlaza los cerros El Calvario y de los Remedios con 750 metros de longitud, tuvo un costo de 90 millones de pesos y el teleférico de la ciudad de Orizaba, puesto en marcha en 2013 y con 780 metros de longitud, tuvo un costo de 59.8 millones de pesos.

De hecho, durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa el mandatario abrió sendas investigaciones en temas relacionados directamente con la entonces Secretaría del Transporte, que encabezó Bernardo Huerta, quien en 2015 dejó el cargo. Los expedientes estaban relacionados con el manejo de recursos en la construcción del mal llamado “tren turístico”, el cual desapareció y cuya máquina fue vendida al Ejército por Sergio Salomón Céspedes y también por la construcción del teleférico y sus sobrecostos, pero no hubo ninguna sanción al respecto.

Ya veremos en qué derivan las investigaciones en torno a este tema por parte de la Secretaría del Buen Gobierno y estaremos pendientes de saber a qué conclusiones llegan.

El caso Accendo

El banco Accendo es un tema que quedó pendiente por parte de la administración que encabezó el exgobernador, hoy fallecido, Miguel Barbosa y del cual no se hubiera sabido si no se hubiera muerto.

Su sucesor, Sergio Salomón Céspedes, tuvo que hacer público el tema y más tarde filtró también el de Fondika, a través de sus escribanos, porque sabía que si no lo hacía, la responsabilidad iba a recaer en su administración, no por un tema de transparencia.

Accendo es un tema sumamente complicado en el cual la administración de Miguel Barbosa invirtió 680 millones de pesos del patrimonio de los poblanos en una institución financiera que terminó quebrando, por lo cual se perdieron los recursos.

La responsable de esto fue, además de Miguel Barbosa, la entonces titular de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y la entonces contralora, Amanda Gómez Nava.

Hasta el momento, solo se sabe que la fiscalía tiene integradas tres denuncias en contra de tres exfuncionarios de aquella administración, incluida la propia María Teresa Castro, pero no hay más detalles de estas indagatorias.

Se sabe que, a la fecha, la secretaria de Finanzas solo logró recuperar 2 millones de pesos de lo perdido y está a la espera de que concluya el proceso de liquidación de esta institución financiera, para ver si se pueden recuperar al menos otros 400 millones de pesos.

De Fondika, solo se sabe que supuestamente la pasada gestión de Sergio Salomón Céspedes había logrado recuperar recursos por 5 mil millones de pesos, pero nunca se presentaron las pruebas para confirmar los dichos.

Ojalá el gobernador Armenta investigue y castigue con la misma vara ambos casos de corrupción, uno de la ex administración panista y el otro de una emanada de Morena.

El cargo El teleférico, viciado de origen apareció primero en Reto Diario.

El ejecutivo estatal señaló que ha instruido al titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, se reabran las carpetas para actuar contra los responsables.

“Quien vendió ese teleférico le hizo un fraude al Estado y quien compró ese teleférico le hizo un fraude al Estado. Hay un probable enriquecimiento, lo mismo con el Museo Barroco y lo mismo con el tema de Accendo”, subrayó Alejandro Armenta.

En este contexto, el mandatario estatal dijo que no es tapadera de nadie y enfatizó que no están persiguiendo a alguien y mucho menos hacen escarnio de nadie. Explicó que en el tema del Museo Barroco muy pronto informará sobre cómo se resolverá dicha deuda, ya que sí se paga en lo que está establecido en el contrato, se terminará de saldar hasta el año 2040 y se solventarían más de 500 millones de pesos al año.

El gobernador Alejandro Armenta puntualizó que tienen una obligación con Puebla y se deben denunciar los actos de corrupción, “como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la corrupción debe barrerse de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba y de en medio hacia arriba.

El cargo En Puebla se aplica la Ley, cero omisión y cero impunidad apareció primero en Reto Diario.

Y no se la aceptaron no porque sea indispensable, pero sí es necesaria, ya que una de las metas de la presente administración es tratar de recuperar los más de 600 millones de pesos que perdió la gestión del extinto Miguel Barbosa en una inversión en Accendo, institución financiera que quebró en 2021.

De la misma forma, la administración barbosista también colocó 6 mil 800 millones de pesos en un fondo de inversión llamado Fondika, el cual también se había perdido y del que se logró recuperar alrededor de 6 mil millones durante la gestión de Sergio Salomón Céspedes, o al menos eso se nos dijo.

De tal forma que, debido a esto, el hoy mandatario estatal, Alejandro Armenta, decidió la continuidad de la funcionaria, pero quien realmente maneja los hilos de esta dependencia es el todopoderoso subsecretario de Egresos, Hugo Domínguez, personaje de todas las confianzas del gobernador, desde sus tiempos en el Senado de la República.

Es por esto que, según el periodista Alejandro Mondragón, la todavía funcionaria decidió a mediados del mes de mayo tomarse unas vacaciones en Europa y dejar esta dependencia, ya que de antemano sabe que su tiempo al frente de Planeación y Finanzas se agota.

Se dice que será a finales de septiembre y principios de octubre cuando vengan nuevamente reacomodados al interior del gabinete del gobernador, así como también se termine con varios de los compromisos adquiridos en campaña.

Esto al menos es lo que se dice va a ocurrir al interior de la administración “armentista”, en donde se dice que el tiempo se le acaba a todos aquellos que no han dado los resultados deseados.

La hora de la verdad en la BUAP

Este lunes se llevará a cabo al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el proceso de elección del nuevo Consejo Universitario, el máximo órgano de gobierno de esta institución.

Como lo expresé en una pasada entrega, de esta elección depende la reelección de la rectora Lilia Cedillo y no sé que haya un grupo político que pueda rivalizar con ella, aunque se debe tener la precaución debida para evitar sorpresas.

De hecho, la única amenaza que se cierne en el panorama es el “fantasma” del paro laboral realizado por varias escuelas en el mes de febrero y que en cierto momento llegó a cimbrar y a poner en duda la reelección de la académica, quien supo rehacerse y salir fortalecida, tras escuchar las demandas de los estudiantes.

La reelección de Lilia Cedillo se juega este lunes y es muy seguro que gane la mayoría del Consejo Universitario, lo que le allanará el camino en el mes de septiembre.

Lupita Daniel no entiende que no entiende

Sin duda alguna, el dicho “no hay peor ciego que el que no quiere ver” cae como anillo al dedo para la exdirectora del Sosapac en Cuautlancingo, Lupita Daniel, quien insiste en dar patadas de ahogado al tratar de sacudirse los señalamientos de corrupción por los malos manejos en dicho organismo y por aferrarse a permanecer en el cargo.

Para deslindarse de los señalamientos hechos por líderes de colonias y fraccionamientos, la ex presidenta municipal presentó una serie de documentos que demuestran las irregularidades en el organismo, pero nunca ofreció el número de averiguación previa ni el nombre de los o las responsables.

Solo se limitó a victimizarse, actuar como plañidera y acusar supuesta violencia de género… No cabe duda de que la nostalgia por el poder la ha nublado. Quiere un espacio para continuar con sus aspiraciones políticas, pero no entiende que con su pésima gestión en el organismo ha cavado su tumba política, y que está destinada a vivir en el ostracismo.

Lupita Daniel no entiende que no entiende: los nuevos tiempos políticos no tienen espacio para personas soberbias, mucho menos corruptas.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Josefina presenta su renuncia, pero no se la aceptan apareció primero en Reto Diario.