De acuerdo con reportes del Registro Nacional de Detenciones y confirmación de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), el edil fue asegurado en presunta flagrancia sobre la carretera Yautepec-Tlayacapan, en el municipio de Tlayacapan, cuando circulaba a bordo de un vehículo.

Elementos de seguridad lo interceptaron durante un operativo vial y procedieron a su detención, resguardando de inmediato a la víctima. El alcalde fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, donde se integra la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía estatal informó que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de Jorge Armando N., quien asumió el cargo en 2025 tras postularse inicialmente por el Partido Encuentro Solidario (PES) y posteriormente sumarse a Morena.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias exactas de los hechos ni la edad precisa de la menor, aunque diversas fuentes coinciden en que se trata de una persona menor de edad.

La FGE activó los protocolos de protección a víctimas y continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2025 en el municipio de Teziutlán, cuando Luis Héctor N. ingresó a una habitación donde se encontraba la víctima y realizó actos de carácter sexual, mientras que Anita N. participó mediante conductas intimidatorias.

El pasado 29 de marzo de 2026, un juez de control determinó vincular a proceso a ambos imputados. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta resolución, los dos quedaron a disposición del juez de control para continuar el proceso penal.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y sancionar con firmeza todos los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

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De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron cuando caminaba junto a su hija menor sobre la calle 25 Poniente, entre 3 y 5 Sur, momento en el que el sujeto realizó tocamientos indebidos en su contra. Tras lo ocurrido, la mujer solicitó apoyo a la policía municipal, cuyos elementos actuaron de inmediato para ubicar y asegurar al probable responsable.

Desde el primer momento, se activaron los protocolos de atención con perspectiva de género, brindando acompañamiento integral a la víctima por parte de la policía municipal y del personal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM).

Esta instancia proporcionó orientación jurídica, apoyo durante el proceso y seguimiento del caso, además de informar a la víctima sobre sus derechos y procedimientos legales, facilitando el contacto con la autoridad ministerial y su traslado para las diligencias correspondientes.

Las acciones se enmarcan en una política integral a favor de los derechos de las mujeres, que prioriza la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, así como el acceso efectivo a la justicia.

El Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de las mujeres mediante acciones concretas de atención y acompañamiento conforme a la ley.

Autoridades municipales destacaron que en el municipio cualquier agresión contra las mujeres se atiende de inmediato y se sanciona con firmeza, reafirmando la importancia de actuar con prontitud ante este tipo de delitos.

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La Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó que el juez encontró elementos suficientes para abrir el proceso penal. La denuncia fue presentada en julio de 2025 por una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana, quien señala haber sido agredida sexualmente y retenida contra su voluntad en una oficina mientras Morales encabezaba la Secretaría de Bienestar Social del municipio.

El imputado enfrentará el proceso en libertad. El juez impuso medidas cautelares que le prohíben acercarse o comunicarse con la víctima y los testigos, además de posibles restricciones para salir del país. La Fiscalía tiene cuatro meses para completar la investigación y, en su caso, presentar la acusación formal que llevaría el caso a juicio oral.

No es la primera denuncia contra Morales por este tipo de hechos. En 2024, una carpeta de investigación por presunto hostigamiento sexual contra otra trabajadora municipal no derivó en vinculación a proceso.

La denuncia más reciente provocó su salida del cargo en julio de 2025, a petición del entonces alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño. La audiencia inicial fue diferida en varias ocasiones entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 por recursos de la defensa, y se celebró finalmente a puerta cerrada. Morales no emitió declaración pública al término de la resolución.

Campeón mundial en cuatro divisiones y figura histórica del boxeo mexicano —conocido por sus peleas ante Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao— Morales es uno de los deportistas más reconocidos del país.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el acuerdo tiene como objetivo prevenir y atender la violencia digital en contra de mujeres y niñas a través de una colaboración voluntaria con las plataformas.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo, y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”, resaltó.

En la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum señaló que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia se enfoca en atender las causas a través de la educación en igualdad y campañas, así como el indispensable reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de México y en todos los ámbitos de la vida pública, aunado a la cero impunidad para sancionar delitos penales como el abuso sexual, el acoso y el feminicidio.

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La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que, en cuatro años, las víctimas de ciberacoso crecieron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas (10.6 millones fueron mujeres y 8.3 millones hombres), por ello el primer acuerdo de colaboración se divide en dos fases para reforzar: prevención y atención.

Prevención

1. Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento
2. Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital
3. Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias (los días 25 de cada mes)
4. Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas
5. Campañas informativas en el espacio digital para generar una convivencia libre de violencias, fomentar la denuncia, proteger a las mujeres, proveer fuentes de información confiables, motivar a las personas usuarias a realizar reportes en casos de violencias
6. Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias
7. Educar al ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias para fomentar un entorno digital inclusivo
8. Generar información accesible para sensibilizar a las y los usuarios sobre el uso responsable de tecnología
9. Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante y trabajo conjunto

Atención

1. Se activarán medidas inmediatas para atender casos de violencia:
   1. Definir conjuntamente los contenidos que se consideran violencias y delitos
   2. b) Fortalecimiento de políticas y restricciones de las plataformas relacionadas con la prohibición de publicaciones con material de abuso y explotación sexual
   3. Informar las consecuencias a las y los usuarios ante la detección de contenido de abuso y explotación sexual
   4. Implementar y difundir herramientas, controles de seguridad y privacidad
   5. Cooperar con el cumplimiento de la ley
   6. Implementar políticas y procedimientos internos.
2. Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales
3. Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles
4. Vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la Línea 079 opción 1 para primeros auxilios emocionales y canalización a instituciones de atención
5. Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de contactos directos entre enlaces
6. Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido
7. Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles para atender casos de acoso y otras conductas de abuso y odio que afectan a las mujeres
8. Se iniciarán mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones académicas, expertas en derechos digitales y organizaciones sociales, para fortalecer atención a víctimas

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Los hechos se registraron el 12 de septiembre de 2024 en la escuela “Blandina Torres de Marín”, ubicada en avenida Orión. Según la investigación, la víctima —una menor de edad— acudió al laboratorio de química, donde el ahora sentenciado colocó su mano sobre el seno izquierdo de la adolescente por encima de su ropa.

Tras la denuncia presentada por la víctima y los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se integró la carpeta de investigación correspondiente y se ejerció acción penal contra el responsable.

El 5 de marzo de 2026, mediante procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó la sentencia condenatoria de 4 años de prisión en contra de Josué Roberto N. Además, se le impuso una multa de 36 mil 153 pesos y la obligación de cubrir la reparación integral del daño por un monto de 120 mil pesos.

La institución reiteró su compromiso con la protección de las víctimas y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia sexual o de género a través de los canales oficiales disponibles.

El cargo Lo condenan a cuatro años de prisión por abuso sexual en secundaria de San Andrés Cholula apareció primero en Reto Diario.

El detenido fue identificado como Eduardo Rafael “N”, de 28 años de edad, originario de Puebla.

De acuerdo con la dependencia, la intervención se efectuó conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y el debido proceso legal.

La SSCYPC reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente para salvaguardar la integridad y seguridad de las y los habitantes del municipio, así como de colaborar con las instancias de procuración de justicia para combatir conductas que atenten contra la integridad de las personas.

El cargo Detienen en Cuautlancingo a hombre por probable abuso sexual contra dos mujeres apareció primero en Reto Diario.

Aunque la atención inicial y la denuncia aparentemente se canalizaron en municipios vecinos como Cuautlancingo o Coronango, la administración capitalina mantiene estrecha comunicación con el Estado para esclarecer los hechos ocurridos el pasado domingo, por los cuales ya habría una investigación en la Fiscalía del Estado.

En cuanto al saldo de las festividades, se confirmó que una persona permanece hospitalizada tras una riña en San Pablo Xochimehuacán, mientras que el reporte de un baleado en La Resurrección fue calificado oficialmente como falso.

Ante los cierres de carnaval que aún se llevan a cabo, el Ayuntamiento emitió un exhorto final a las cuadrillas para prohibir estrictamente la venta de alcohol y el uso de pirotecnia, advirtiendo que la seguridad ciudadana es la prioridad tras los disturbios registrados.

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Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no ha confirmado ni descartado si ya recibió la denuncia formal por el caso, o si lo está investigando.

Ante la preocupación de los padres de familia, el comisario de Seguridad y la supervisión de la Zona 045 de la SEP acordaron una intervención permanente que incluye talleres de detección temprana y reforzamiento de la vigilancia en los accesos y áreas comunes del plantel.

Aunque la prioridad operativa ha sido la contención psicológica y médica de la menor, la Dirección de Prevención del Delito informó que la estrategia busca restaurar la confianza en la institución educativa.

La presencia policial se mantendrá activa de manera preventiva, trabajando de la mano con los directivos para asegurar que los protocolos de reacción se apliquen ante cualquier señal de riesgo para el alumnado.

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Los hechos ocurrieron en la Privada Bugambilias, colonia Nuevo León, donde elementos de Seguridad Pública acudieron tras un reporte ciudadano que señalaba la retención de un masculino por parte de un grupo de personas. En el lugar, una femenina identificó al probable implicado, quien se encontraba rodeado por vecinos, manifestando que, mientras caminaba, dicho individuo la atacó, acorralándola contra una pared e introduciendo su mano por debajo de su suéter para realizarle tocamientos y ejercer presión en sus partes íntimas. Ante la agresión, la víctima comenzó a gritar, lo que permitió que personas del lugar acudieran en su auxilio y lograran detener al agresor, quien intentaba darse a la fuga.

Derivado de lo anterior y a solicitud expresa de la víctima de proceder legalmente, los elementos realizaron la detención de David “N”, de 19 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla por el delito de abuso sexual.

La puesta a disposición quedó registrada bajo la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FEIDVGCM/CUAUTLAN-I/001937/2026.

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De acuerdo con las investigaciones, en diciembre de 2022, Yair Jesús N. le habría realizado tocamientos lascivos a la hoy víctima, quien es su cuñada, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio antes referido.

Una vez que el agresor quedó a disposición de la autoridad judicial, la Fiscalía del estado presentó de manera oportuna diversos medios de prueba en cada una de las audiencias.

Derivado de lo anterior, la autoridad judicial determinó una sentencia de 7 años, 9 meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño moral y material.

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El funcionario indicó que, al recibir información de esta naturaleza, la SEP activa de inmediato su estructura interna para aplicar el protocolo correspondiente y dar seguimiento. Sin embargo, precisó que el caso ya está en manos de la autoridad ministerial.

Viveros Narciso señaló que, en caso de que existan responsabilidades por parte de docentes o personal escolar, y una vez que se determinen, se procederá conforme a lo que establezca la Fiscalía. Añadió que, mientras se desarrollan las investigaciones, las personas involucradas pueden ser separadas de su centro de trabajo.

El cargo Fiscalía ya investiga presunto abuso en escuela de Cuautlancingo, confirma Manuel Viveros Narciso apareció primero en Reto Diario.

La mecánica, ampliamente documentada por el diario de circulación nacional Milenio, era siniestra en su simplicidad: si los pequeños de primer grado “A” acertaban una pregunta, recibían un “premio” que consistía en tocamientos frente al grupo. Si fallaban, el castigo eran golpes en el estómago. La agresión, según múltiples testimonios y la investigación fiscal, escaló en algunos casos hasta la violación. El caso salió a la luz en mayo de 2025, cuando una niña de cuatro años y medio, identificada con el seudónimo “Rosita”, fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual por su pediatra. El hallazgo médico confirmó la pesadilla.

“Mi niña empezó a animarse a hablar porque su mamá le prometió que iba a meter a la cárcel –a su maestra–”, explicó a Milenio el padre de una de las víctimas. Los padres de “Rosita” y “Laurita”, otra menor afectada, describen cambios drásticos: niños antes sociables que comenzaron a mostrar ansiedad, aislamiento, rechazo a la escuela y terrores nocturnos.

“Ellos dejan de comer, los tienes que estar llevando al médico a cada rato porque traían dolores de estómago, son golpes lo que los niños recibían”, relató una madre.

La maestra, quien laboró en el plantel por aproximadamente siete años, fue vinculada a proceso y encarcelada el 10 de julio de 2025, tras intentar huir a Nayarit. Sin embargo, la justicia llegó solo después de una presión social agónica. Los padres denuncian una negligencia inicial por parte de la dirección del colegio, lo que los obligó a movilizarse con protestas y bloqueos para ser escuchados. “Denunciaron el abuso en la escuela y no se hizo nada; se tuvo que presionar”, señala el reporte.

Luis Ignacio Sánchez Meza, secretario de Educación de Guanajuato, reconoció la gravedad del caso: “desafortunadamente, tenemos ahora un tema de un preescolar el Pestalozzi –en León– donde una maestra está detenida precisamente por un asunto de violencia sexual”. Aseguró que la SEG actúa de forma coordinada con las instancias legales y resaltó una lección crucial: “siempre creerle a los niños”.

Este caso no es un hecho aislado. En 2025, la SEG rescindió el contrato de 16 docentes en el estado por violencia o conductas contrarias al trato digno, todos enfrentan procesos penales. La historia completa, con los testimonios desgarradores de las familias, la lucha por la justicia y el análisis de los protocolos fallidos, está disponible en el reportaje especial de Milenio. Un relato que urge a la reflexión sobre la seguridad en las aulas y el imperativo de proteger a la infancia por encima de todo:

El juego del pato: el engaño que una maestra de Guanajuato usó para abusar sexualmente de niños en preescolar

El cargo Bajo la máscara del “juego del pato”: la pesadilla de abuso en un preescolar de Guanajuato apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con los tutores, el alumno presuntamente afectado habría sido agredido por un compañero en noviembre del año pasado, pero fue hasta el 24 de enero cuando relató lo ocurrido a sus padres. Posteriormente, los familiares acudieron al plantel para informar a la directora y solicitar la baja del menor, con el argumento de evitar una posible revictimización.

La Secretaría de Educación Pública del estado informó, mediante comunicado, que el hecho fue reportado oficialmente el 26 de enero. Señaló que se levantó el acta correspondiente, se activó el protocolo de actuación y se notificó a los tutores de los alumnos involucrados. Asimismo, indicó que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.

La dependencia precisó que el estudiante presuntamente afectado fue dado de baja voluntariamente a petición de sus padres y que se solicitó la intervención del DIF de Cuautlancingo para brindarle atención psicológica, la cual comenzará el 18 de febrero.

En el comunicado, la SEP sostuvo que la directora activó el Programa Nacional de Convivencia Escolar con el fin de garantizar los derechos de los alumnos implicados y priorizar el interés superior de la niñez.

Foto: Especial

Hasta el momento, la autoridad educativa no ha informado qué medidas se aplicarán respecto al estudiante señalado ni si continúa asistiendo a clases. Padres de familia señalaron que los grupos de sexto grado están tomando clases a distancia y que más del 30% del alumnado ha dejado de acudir al plantel mientras se esclarecen los hechos.

El cargo Padres exigen esclarecer presunto abuso sexual entre alumnos en primaria de Sanctorum apareció primero en Reto Diario.

El documento indica que una joven habría sido obligada a realizar actos sexuales cuando tenía entre 13 y 14 años. Se señala que durante el incidente, según la denuncia, se registró un altercado físico con la víctima.

La denuncia fue presentada en su momento a autoridades federales, pero no se abrió un proceso judicial formal contra Trump. Los archivos también incluyen otras acusaciones vinculadas a Epstein y a personas cercanas a él, aunque varias de estas versiones no han sido verificadas ni confirmadas por las autoridades.

Estos documentos forman parte de millones de páginas liberadas por el Departamento de Justicia como parte de las investigaciones sobre Epstein, con el objetivo de dar transparencia al caso. Hasta ahora, Trump no enfrenta cargos judiciales relacionados con esta acusación, pero la información ha generado atención pública por la gravedad de los hechos y los involucrados.

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