Empresas ligadas al caso Taddei obtuvieron contratos por 179.1 mdp en Puebla
La Secretaría Anticorrupción identificó las contrataciones con organismos electorales; uno de los acuerdos más cuantiosos fue por 129.7 millones de pesos con el IEE en 2024
Foto: Alessa Mejía / ObturadorMX
Empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos por 179.1 millones de pesos con organismos electorales de Puebla, como parte de una red de proveedores de material electoral investigada por presuntas irregularidades en licitaciones.
La cifra fue presentada este jueves 5 de noviembre por Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que expuso los antecedentes y la operación de las compañías relacionadas con los empresarios y señaladas por sus vínculos con Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con los datos expuestos por la funcionaria, las contrataciones en Puebla sumaron 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, mientras que en el periodo de 2024 a 2025 alcanzaron otros 129.7 millones de pesos.
El contrato de 129.7 millones de pesos en Puebla
Uno de los contratos más cuantiosos corresponde a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., empresa que recibió 129 millones 700 mil 584 pesos del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla en marzo de 2024.
El acuerdo contempló el suministro de documentación y materiales electorales para los comicios locales, entre ellos boletas, actas y otros insumos utilizados durante la jornada electoral.
La contratación se realizó durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García, quien entonces presidía el organismo electoral poblano y actualmente encabeza de manera provisional el INE.
El nombre de Comercializadora JVLY aparece entre las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, junto con Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Corporativo ZEG.
Según la investigación presentada por Buenrostro, algunas de estas empresas compartían vínculos societarios, representantes, domicilios o números telefónicos, pese a participar en procedimientos de contratación como si fueran competidoras independientes.
IEE reportó observaciones por el contrato
El contrato también fue objeto de cuestionamientos en la revisión de la cuenta pública de 2024. De acuerdo con información de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la fiscalización derivó en siete observaciones por un monto global de 138.8 millones de pesos, además de una promoción de responsabilidad administrativa sancionadora.
Entre los gastos señalados se encuentra la contratación de Comercializadora JVLY por 129.7 millones de pesos.
Sin embargo, el 30 de octubre, la actual consejera presidenta del IEE, Christian Mariana Ceballos, aseguró que el organismo había atendido y solventado las observaciones de la ASE. También manifestó su disposición para entregar documentación adicional a las autoridades fiscalizadoras.
Por su parte, Blanca Cruz negó que Comercializadora JVLY perteneciera al empresario José Alfredo Hernández Casillas o tuviera relación con los proveedores señalados por su cercanía con Guadalupe Taddei. La funcionaria defendió que la adjudicación se realizó mediante una licitación pública nacional y sostuvo que la empresa tenía representantes legales distintos.
Ante los señalamientos, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, se pronunció a favor de que se investiguen las contrataciones realizadas por los organismos electorales y pidió revisar tanto el periodo de 2024 y 2025 como los acuerdos correspondientes a los años anteriores.
"Que haya investigación sin excepciones. No prejuzgamos, pero se deben realizar investigaciones para que se determinen responsabilidades", sostuvo.
Añadió que el gobierno estatal colaborará para que las elecciones de 2027 se desarrollen con tranquilidad y certeza, y se respete la voluntad popular.
Investigan presunta simulación de competencia
Durante la presentación, Buenrostro explicó que las compañías presuntamente utilizaron distintas razones sociales para participar en licitaciones, aunque compartían propietarios o beneficiarios finales y otros vínculos empresariales.
La hipótesis de las autoridades es que esta estructura habría permitido simular competencia en los procedimientos de contratación para favorecer a determinadas empresas en la obtención de contratos públicos.
A nivel nacional, las compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas acumularon 2 mil 740.3 millones de pesos en contratos electorales entre 2015 y 2025, según las cifras presentadas por la secretaria. De ese monto, 2 mil 94 millones correspondieron al periodo 2015-2023 y 646.3 millones a 2024-2025.
La investigación identificó contrataciones con 23 de los 32 organismos electorales estatales entre 2015 y 2023, y con otros 15 durante 2024 y 2025.
Como parte de las acciones derivadas de las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas. Además, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles responsabilidades.