Pável Gaspar descarta daño patrimonial en gestión de Blanca Cruz en el IEE; JVLY recibió contrato de 129.7 mdp
Los cuestionamientos sobre Comercializadora JVLY también llegaron a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación
Foto: Especial
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, aseguró que, hasta el momento, no existen pliegos de observaciones que adviertan un posible daño patrimonial en el Instituto Electoral del Estado (IEE) durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García, actual consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista, el legislador explicó que las revisiones realizadas al organismo electoral poblano únicamente han derivado en solicitudes de aclaración, sin que, hasta el corte del lunes 2 de noviembre, se le hubiera notificado alguna observación que implicara afectaciones a la hacienda pública.
No obstante, precisó que los procesos de auditoría e investigación continúan vigentes, por lo que deberán agotarse las revisiones correspondientes para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, deslindar responsabilidades.
La declaración ocurre en medio de los cuestionamientos por la contratación de Comercializadora JVLY, empresa a la que el IEE adjudicó un contrato por 129 millones 700 mil 584 pesos para el suministro de materiales electorales durante los comicios de 2024, cuando Blanca Cruz García encabezaba el organismo.
JVLY, entre las empresas señaladas por el OIC del INE
Comercializadora JVLY forma parte de un grupo de cinco empresas que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE identificó por compartir socios y representantes legales, además de participar en procedimientos de contratación de materiales electorales en los que presuntamente simulaban competir entre sí: Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
El titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que entre 2014 y 2025 estas empresas obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos, tanto con el organismo nacional como con al menos 20 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En las investigaciones periodísticas sobre esta red de proveeduría también aparece el empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con algunas de las compañías, entre ellas Cajas Graf y Seriplast de México.
Los señalamientos adquirieron relevancia nacional por los presuntos vínculos de Hernández Casillas con el entorno de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de cuestionamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés durante su administración.
ASF detectó irregularidades en contrato de JVLY con el INE
Los cuestionamientos sobre Comercializadora JVLY también llegaron a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó un contrato que el INE otorgó a la empresa por 63 millones 241 mil 400 pesos para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro utilizados en la capacitación electoral.
El informe documentó inconsistencias en la comprobación del servicio, diferencias en las remisiones de materiales y falta de documentación para acreditar completamente la prestación contratada.
Además, la auditoría encontró que la empresa no registró trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese a presentar una opinión de cumplimiento que reportaba 76 empleados activos. También detectó que no proporcionó información financiera, fiscal y laboral requerida para acreditar sus operaciones.
La ASF concluyó que no se contaba con toda la documentación justificativa y comprobatoria del servicio pagado por el INE, por lo que promovió acciones ante el SAT y el IMSS para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de la compañía.
IEE de Puebla también enfrenta observaciones por contrato de 129.7 mdp
En el ámbito estatal, la contratación de Comercializadora JVLY también fue objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2024 del IEE.
Entre los señalamientos sobre el procedimiento de licitación se encuentran la falta de actas correspondientes a algunas etapas del concurso, documentación legal del proveedor, propuestas técnicas y económicas, así como el oficio de autorización de suficiencia presupuestal.
De acuerdo con información difundida sobre la revisión, las observaciones relacionadas con la cuenta pública del organismo sumaron 138.8 millones de pesos, de los cuales 129.7 millones corresponden al contrato con la comercializadora.
Sin embargo, el viernes de la semana pasada, la actual consejera presidenta del IEE, Christian Mariana Ceballos Garduño, aseguró que el organismo atendió y solventó los requerimientos de la auditoría estatal relacionados con dicha contratación.
La funcionaria también manifestó que el instituto mantiene disposición para entregar documentación adicional a las autoridades fiscalizadoras estatales y federales.
En este contexto, Pável Gaspar sostuvo que, hasta el momento, no tiene conocimiento de pliegos de observaciones que acrediten un posible daño patrimonial durante la administración de Blanca Cruz, aunque reconoció que las revisiones deben continuar hasta esclarecer cualquier posible irregularidad.
Cabe señalar que Blanca Yassahara Cruz García dejó la presidencia del IEE de Puebla para incorporarse al Consejo General del INE y, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, fue designada el 27 de octubre como consejera presidenta provisional del organismo nacional.