Diputados aprueban Ley Federal de Derechos 2027 entre críticas por ajustes en tarifas

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, con 339 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones, en medio de críticas de la oposición por los incrementos previstos en diversas cuotas de trámites y servicios federales.

El dictamen contempla modificaciones a los cobros relacionados con servicios sanitarios, migratorios y aeronáuticos, entre otros, con el objetivo de actualizar los derechos que pagan personas y empresas al Gobierno federal. La propuesta fue turnada al Senado para continuar con el proceso legislativo.

¿Qué servicios podrían aumentar de precio?

Entre los cambios señalados durante la discusión legislativa destacan los ajustes a cuotas relacionadas con permisos sanitarios, trámites migratorios, navegación aérea y actividades ferroviarias.

Uno de los ejemplos que generó mayor controversia fue el costo de las licencias sanitarias para establecimientos que realizan servicios de transfusión sanguínea. El diputado panista Héctor Saúl Téllez señaló que la cuota pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un incremento que, de concretarse en esos términos, elevaría considerablemente el costo del trámite.

También se cuestionaron los cobros por autorizaciones de protocolos de investigación, así como las cuotas aplicables a determinados servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En la discusión previa en la Comisión de Hacienda, legisladores de oposición advirtieron que los aumentos podrían trasladarse a los precios finales de bienes y servicios. Entre los sectores mencionados se encuentran el transporte aéreo, las actividades empresariales sujetas a permisos federales y los servicios vinculados con la regulación sanitaria.

La magnitud de los incrementos, sin embargo, depende de cada concepto y de la tarifa que finalmente quede establecida en el texto aprobado.

Morena defiende los ajustes; oposición cuestiona su impacto

La mayoría legislativa defendió la reforma bajo el argumento de que los derechos deben guardar una relación más adecuada con los costos que implica prestar los servicios públicos.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que los cambios no representan una actualización generalizada de todas las tarifas, sino ajustes vinculados con los costos efectivos de los servicios.

Durante el debate, legisladores de Morena también rechazaron que la propuesta implique nuevos impuestos para las familias. La diputada Claudia Rivera afirmó que la reforma no contempla aumentos en las tarifas de pasaportes ni en las relacionadas con el uso aeroportuario.

En contraste, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la magnitud de determinados incrementos y reclamaron que el Gobierno federal justifique los cobros con información sobre los costos de operación de las dependencias.

El diputado priista Christian Castro Bello advirtió que los aumentos en permisos sanitarios, navegación aérea y autorizaciones ambientales pueden elevar los costos de las empresas que producen, transportan y distribuyen bienes.

El principal punto de desacuerdo es si las nuevas cuotas corresponden a los costos reales de los servicios o si representan incrementos excesivos que terminarán afectando a los consumidores.

Conectividad 5G y beneficios para sectores específicos

La iniciativa también contempla medidas para incentivar la expansión de la conectividad móvil mediante ajustes en los derechos relacionados con el uso del espectro radioeléctrico.

De acuerdo con la defensa de Morena, estos cambios buscan facilitar inversiones en infraestructura y ampliar la cobertura de redes de quinta generación (5G), particularmente en zonas prioritarias.

El proyecto combina así aumentos en determinadas cuotas federales con reducciones o incentivos para actividades específicas. Por ello, no todos los sectores enfrentarían el mismo efecto económico.

El alcance de estos beneficios dependerá de las disposiciones que queden incorporadas en la legislación definitiva y de su aplicación por parte de las autoridades competentes.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios?

La reforma corresponde al ejercicio fiscal 2027 y está vinculada con la discusión del Paquete Económico para ese año. El calendario previsto contempla la aplicación de las nuevas disposiciones a partir del 1 de enero de 2027, una vez que concluya el procedimiento legislativo y se publique el decreto correspondiente.

La aprobación en lo general significa que el pleno respaldó el contenido principal del dictamen, pero no debe confundirse con la conclusión de todas las etapas legislativas. La discusión de artículos reservados y la aprobación en lo particular son parte del proceso para definir el texto final.

Por ello, los montos y las condiciones definitivas deben verificarse en el decreto que eventualmente se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Una reforma con efectos más allá de la recaudación

La Ley Federal de Derechos establece cuánto deben pagar personas y empresas por determinados servicios del Gobierno federal y por el aprovechamiento de bienes nacionales. Sus modificaciones pueden repercutir en actividades que van desde los trámites sanitarios hasta el transporte, el turismo y las telecomunicaciones.

El debate de 2027 plantea dos cuestiones centrales: la necesidad de financiar los servicios públicos y la obligación de justificar los cobros para evitar que aumentos desproporcionados terminen trasladándose a la población.

Mientras la mayoría defiende la actualización de las cuotas, la oposición exige mayor claridad sobre sus fundamentos y consecuencias. El efecto real de la reforma dependerá de las tarifas definitivas y de cómo se apliquen a partir del próximo año.