Rafael Micalco pide esclarecer presuntos vínculos con el crimen organizado en Acatlán tras señalamientos de Salomón Jara

El diputado de Acción Nacional (PAN) en Puebla, Rafael Micalco Méndez, sostuvo que los dichos del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien acusó la existencia de presuntos vínculos con el crimen organizado en el municipio de Acatlán de Osorio, encienden los “focos rojos”, toda vez que, señaló, rompen con la premisa de que no existían nexos delictivos en dicha demarcación.

“Se suponía que era el único municipio que no tenía vínculos con el crimen organizado, y ahora resulta que sí, dicho por el gobernador de Oaxaca, que no es cualquier persona. El Gobierno de Oaxaca cumplió con los convenios de colaboración e intercambio de información; el que hizo caso omiso fue el Gobierno del Estado de Puebla”, aseguró.

Asimismo, consideró que la relación sentimental entre la exalcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, y el entonces director de Seguridad Pública municipal abre interrogantes sobre el alcance de las responsabilidades y sobre si las autoridades estatales tenían conocimiento previo de estos hechos.

“Entran muchas preguntas: ¿Estará involucrada la presidenta? ¿Sabía la expresidenta de esta situación? ¿Sabía el Gobierno del Estado? ¿Sabía la Secretaría de Seguridad? Una vez más, la credibilidad del Gobierno del Estado está cuestionada por los dichos del gobernador de Oaxaca”, puntualizó.

Respecto a los tiempos del Congreso local para la integración del Consejo Municipal de Acatlán, Micalco Méndez deslindó de responsabilidad al Poder Legislativo y responsabilizó directamente a la Secretaría de Gobernación del Estado (Segob) por el retraso en la presentación de la propuesta.

“Quien se tardó en dar una propuesta fue la Secretaría de Gobernación. Le dieron muchas vueltas al asunto y tardaron demasiado tiempo. La responsabilidad de esa tardanza recae en la Segob, que no supo actuar de manera pronta ni resolver el conflicto a tiempo”, dijo.

Finalmente, el legislador de Acción Nacional indicó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) deben intervenir de manera coordinada para esclarecer el caso, deslindar responsabilidades y explicar las razones por las cuales no se actuó oportunamente ante las alertas emitidas por el estado vecino.