La granja de criptomonedas localizada en Tlaola, Puebla, abrió una nueva disputa alrededor del diputado local Miguel Márquez Ríos y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), luego de que integrantes de una corriente disidente del sindicato señalaran al legislador y al dirigente nacional del gremio, Martín Esparza Flores, como presuntos responsables o vinculados con este tipo de instalaciones en la Sierra Norte.
Sin embargo, hasta ahora no existe una determinación oficial que establezca que Márquez Ríos o Esparza Flores sean responsables de la operación de la granja asegurada en Tlaola.
La propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó el 16 de septiembre que, con base en los indicios recabados hasta ese momento, no contaba con información que relacionara al diputado con la instalación localizada en Tlaola. La investigación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).
Más de mil equipos asegurados
El caso comenzó el 6 de septiembre, cuando un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de Marina (Semar) y la SSP estatal permitió asegurar un inmueble ubicado en Tlaola que presuntamente era utilizado para actividades de minería de criptomonedas.
En una primera inspección fueron encontrados cerca de 300 equipos especializados, un transformador de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital. Las autoridades señalaron que analizaban si los activos virtuales generados podían estar relacionados con operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Posteriormente, durante una diligencia de cateo, la Semar informó sobre el aseguramiento de mil 32 equipos de cómputo especializados en el mismo inmueble. La diferencia entre ambas cifras corresponde a que los primeros 300 equipos fueron contabilizados durante la inspección inicial y los mil 32 durante el cateo posterior.
La investigación también contempla el presunto uso irregular de energía eléctrica, uno de los principales puntos señalados por las autoridades estatales.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, explicó que se detectaron instalaciones que habrían permitido conducir electricidad desde la zona de la presa hacia las granjas.
¿Por qué aparece el nombre de Miguel Márquez?
Los señalamientos contra el diputado surgieron principalmente de integrantes de la corriente disidente del SME, quienes realizaron una protesta en Huauchinango y acusaron a Márquez y a Martín Esparza de estar relacionados con instalaciones dedicadas a la minería de criptomonedas y con un supuesto robo de energía.
De acuerdo con información difundida por El Sol de Puebla y retomada por otros medios, el dirigente de esa corriente, Rosendo Flores, aseguró que había entregado información a autoridades federales y sostuvo que existían instalaciones relacionadas con criptominería en distintos puntos de la región.
Entre los sitios mencionados se encuentran Juan Galindo, Nuevo Necaxa y Tlaola, además de otros inmuebles fuera de Puebla.
La disidencia también afirmó haber presentado una denuncia contra los señalados y pidió que se investigara la posible participación de dirigentes sindicales.
Un antecedente que involucra al SME
Uno de los elementos que alimentó los señalamientos es que en enero de 2025 fue localizada otra instalación dedicada a la minería de criptomonedas en un inmueble propiedad del SME en Juan Galindo.
En aquel operativo fueron asegurados equipos de cómputo y transformadores relacionados con la instalación. El antecedente fue retomado durante las investigaciones actuales debido a que ocurrió en la misma región de la Sierra Norte.
La existencia de ese antecedente, sin embargo, no demuestra por sí misma que las personas señaladas hayan participado en la operación de la instalación descubierta posteriormente en Tlaola.
¿Qué dice Miguel Márquez?
Ante los cuestionamientos, Miguel Márquez Ríos negó cualquier relación con la granja localizada en Tlaola.
El diputado sostuvo que el municipio de Tlaola no está relacionado con Juan Galindo y rechazó que el SME tenga participación en la instalación asegurada.
También afirmó que no había sido requerido por la FGR para comparecer por estos hechos y cuestionó los señalamientos provenientes de la corriente disidente del sindicato.
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Posteriormente, durante una protesta realizada en Huauchinango, Márquez calificó el conflicto como un asunto interno del sindicato y sostuvo que las diferencias deberían resolverse dentro de esa organización.
La SSP no encuentra, hasta ahora, vínculo con el diputado
Uno de los datos más relevantes para dimensionar el caso es la postura de la autoridad estatal.
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, declaró el 16 de septiembre que los indicios obtenidos durante las investigaciones no permitían establecer una relación entre Miguel Márquez y la granja de Tlaola.
El funcionario agregó que los dos inmuebles relacionados con las investigaciones sobre criptominería correspondían a particulares y que la FGR continuaba con las indagatorias.
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El gobierno estatal también pidió evitar presunciones mientras las autoridades responsables determinan quiénes podrían tener responsabilidad.
Una investigación que sigue abierta
El caso tomó una nueva dimensión después de que El Universal reportara este 20 de septiembre, a partir de información atribuida a fuentes y a una columna de Claudio Ochoa Huerta, que la FGR tendría entre sus líneas de investigación a Martín Esparza, Miguel Márquez y Román Olvera García, dirigente de la división Necaxa del SME.
La publicación también menciona una estimación no oficial de hasta 4.5 millones de pesos mensuales que habría podido generar la operación de criptominería. Esa cantidad no ha sido presentada como una cifra oficial por las autoridades.
Por ello, hasta este momento existen dos elementos que deben distinguirse: por un lado, los señalamientos de la disidencia del SME y los reportes periodísticos sobre una posible línea de investigación; por otro, la postura oficial de la SSP, que hasta el 16 de septiembre dijo no contar con indicios que vincularan al diputado con la granja de Tlaola.
La investigación federal será la que determine quién estaba detrás de la instalación, cómo se obtenía la energía utilizada y si existen responsabilidades penales.
