Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Puebla se realizaron de manera voluntaria pruebas antidoping y mostraron los resultados como una forma de respaldar la propuesta del gobernador Alejandro Armenta Mier para que quienes aspiren a un cargo de elección popular sean sometidos a este tipo de exámenes.
Durante una muestra realizada este jueves, la coordinadora de la bancada panista, Celia Bonaga Ruíz, señaló que los legisladores decidieron “empezar en casa” y fijar una postura clara respecto a la propuesta de implementar exámenes antidoping a quienes busquen contender por un cargo público.
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“Para fijar una postura clara, precisa, respecto a esta propuesta de implementar los exámenes antidoping a quienes aspiran a un cargo de elección popular. (…) esta mañana nos hemos reunido, mis compañeros diputados y su servidora, para mostrarles nuestros exámenes. Y, pues, dar el ejemplo, empezar en casa, somos el ejemplo y quizá darle el uso de la voz a los compañeros diputados”, indicó la legisladora.
PAN pide a Armenta cumplir con su promesa
El diputado Rafael Micalco Méndez explicó que la prueba realizada por los integrantes de la bancada fue voluntaria, ya que actualmente la ley no los obliga a someterse a este examen.
Sin embargo, consideró que, ante la propuesta del Ejecutivo estatal de regular la aplicación del antidoping para los candidatos de 2027, los ciudadanos podrían percibir esta medida como un elemento que contribuya a generar confianza.
Micalco aclaró que una prueba antidoping no representa una garantía de que una persona esté o no vinculada con el crimen organizado, aunque consideró que sí puede tener relevancia como una muestra de confianza hacia la ciudadanía.
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“Es una muestra voluntaria, no nos obliga la ley, pero dada la propuesta que hace el Ejecutivo estatal de regular para los próximos candidatos del (20)27, implementar el antidoping, cosa que el antidoping para nosotros no es garantía de estar vinculado o no con el crimen organizado, pero sí puede significar importancia para los ciudadanos en el tema de la confianza”, comentó.
El legislador aprovechó para pedir al gobernador Alejandro Armenta que cumpla con el compromiso que hizo públicamente el pasado 24 de agosto, cuando aseguró que también se realizaría una prueba antidoping.
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“Entonces, de manera voluntaria, nos hemos hecho el antidoping, ya toda la facción, aquí está. Le tomamos la palabra al gobernador: él dijo públicamente, personalmente, que se iba a hacer el antidoping, (…) ya han pasado 15 días y no lo hemos visto, estamos esperando a que honre su palabra”, señaló.
Micalco planteó que, después del gobernador, el ejercicio podría extenderse a los funcionarios que integran el Gabinete estatal y posteriormente a otros servidores públicos, incluidos los diputados.
“Pues para que en escalada los demás funcionarios públicos del Gabinete (del Gobierno estatal); en su caso, los diputados; todos tendrán que hacer (la prueba) de manera voluntaria; no les obliga la ley, pero creo que sería una buena muestra de congruencia respecto de lo que (Alejandro Armenta) piensa proponer en el Congreso”, apuntó.
RESULTADOS ANTIDOPING DE LOS DIPUTADOS DEL PAN EN EL CONGRESO DE PUEBLA:
¿Qué propone Alejandro Armenta sobre el antidoping?
El gobernador Alejandro Armenta respaldó el pasado 24 de agosto la propuesta de aplicar pruebas antidoping a quienes aspiren a cargos de elección popular y afirmó que él mismo se sometería al examen para poner el ejemplo.
“Con mucho gusto me hago el antidoping, lo único que va a salir es exceso de pozole y de coloradas. Lo voy a hacer para poner el ejemplo”, declaró.
El mandatario sostuvo que la medida podría ayudar a los partidos políticos a evitar la postulación de personas relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas.
“Nos va a servir para que los partidos políticos eviten postular a personas que pueden estar vinculadas con el consumo de enervantes (…) sería extraordinario”, sentenció.
Armenta también señaló que los partidos políticos deben revisar los perfiles de quienes buscan contender por un cargo público, al considerar que una eventual postulación de personas con consumo de sustancias ilícitas podría generar problemas una vez que lleguen a las instituciones.
