Con el objetivo de implementar acciones en materia de fortalecimiento institucional y coordinación para la prevención y atención de la violencia, así como contribuir a una actuación más eficaz, cercana, coordinada y con perspectiva de género, en beneficio de las mujeres, adolescentes y niñas del Estado de Puebla, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa.
La propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla tiene como propósito consolidar las capacidades institucionales de las autoridades encargadas de prevenir, atender, acompañar y canalizar a mujeres víctimas de violencia.
Además, robustecer la coordinación entre la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y los Ayuntamientos; fortalecer la profesionalización del personal de primer contacto; así como armonizar la legislación con las recomendaciones emitidas en el II Dictamen sobre la Implementación de Medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Puebla.
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Con la propuesta, se establece como atribución de la Fiscalía y de la Secretaría de las Mujeres participar, en coordinación con los Ayuntamientos, en acciones permanentes de capacitación, actualización y profesionalización dirigidas al personal encargado de la atención inicial, orientación, acompañamiento, canalización e investigación de casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, incorporando perspectiva de género, derechos humanos, debida diligencia y prevención de la revictimización.
En adición, para la Secretaría de las Mujeres, también se establece la incorporación de un enfoque diferencial, de interculturalidad y atención prioritaria en comunidades indígenas, rurales y zonas de mayor vulnerabilidad, en la implementación de las acciones antes mencionadas.
Para el caso de los Ayuntamientos, se incorpora como atribución promover, en coordinación con el Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres, acciones permanentes de capacitación, actualización y profesionalización dirigidas a las personas servidoras públicas de primer contacto y a quienes atiendan, orienten, acompañen o canalicen a mujeres víctimas de violencia.
Además, establecer mecanismos de coordinación territorial y comunitaria para acercar servicios de orientación, acompañamiento, canalización y atención integral a mujeres víctimas de violencia, especialmente en comunidades indígenas, rurales y zonas no urbanas, privilegiando la debida diligencia, la no revictimización, el enfoque diferencial, la interculturalidad y la protección de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
