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Susana Riestra acusa a Leopoldo de Lara de actuar como “diputado 42” y exige su destitución inmediata

La diputada Susana Riestra exigió la destitución como secretario general por ocultar seis meses la demanda federal al pleno y a la Jugocopo, calificándolo de “inadmisible” e “insensato”

Julio Leopoldo De Lara Valera

Julio Leopoldo De Lara Valera

El secretario general del Congreso del Estado de Puebla, Julio Leopoldo De Lara Valera, evitó pronunciarse sobre los graves señalamientos en su contra y la exigencia de renuncia por parte del Partido Acción Nacional (PAN), tras acusaciones de haber ocultado información clave durante meses.

Los hechos se originaron en la controversia constitucional 217/2025, promovida por el Gobierno federal contra reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales del estado de Puebla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 9 de marzo de 2026 invalidar varios artículos de dichas leyes, al considerar que el Congreso local invadió competencias exclusivas de la Federación, incluyendo aspectos relacionados con partidos políticos, sindicatos y reservas de información por seguridad nacional.

La diputada panista Susana Riestra Piña, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, denunció desde la tribuna del pleno que la Secretaría General —a cargo de De Lara— y la Dirección Jurídica —encabezada por Jesús Juárez Lezama— recibieron la notificación de la controversia desde septiembre de 2025, respondieron sin autorización del pleno y no informaron a los diputados, a la Mesa Directiva ni a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo). Según la legisladora, esta omisión duró seis meses y permitió que se presentaran iniciativas de reforma que retomaban argumentos idénticos a los de la demanda federal, aparentemente para intentar subsanar el error legislativo y evitar una resolución adversa de la Corte.

Riestra calificó de "inadmisible" que un funcionario se asuma como "el diputado número 42" y actúe por encima de los representantes populares. Exigió la destitución inmediata de ambos funcionarios, el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por posibles actos con dolo y errores graves, y presentó una queja formal ante el órgano interno de control del Congreso. La bancada del PAN, respaldada por diputados del PRI, coincidió en demandar la renuncia de De Lara y Juárez Lezama por negligencia administrativa y opacidad.

Ante las críticas, el secretario general Julio Leopoldo De Lara, optó por no rendir declaraciones públicas ni responder directamente a los señalamientos, según reportes de diversos medios locales.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción concreta de remoción o sanción contra los señalados.