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Pide Frente Nacional contra la Violencia Vicaria 10 años de prisión para el delito de violencia vicaria
También proponen que en Puebla se emita la Alerta Aurora en memoria de la exdiputada Aurora Sierra
Luz Arredondo Diaz
La representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Puebla, Luz Arredondo Díaz, exigió que la violencia vicaria sea tipificada como delito y se imponga la pena individual de tres a 10 años de prisión.
Además, propuso la Alerta Aurora, en memoria de la exdiputada local del Partido Acción Nacional (PAN) Aurora Sierra Rodríguez, impulsora de la Ley Vicaria, con el fin de que se emita cuando un hijo o hija sea sustraído por sus familiares y llevado a otro estado o al extranjero.
Si bien en Puebla la violencia vicaria ya se encuentra reconocida en la ley, Luz Arredondo aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE), en específico el Ministerio Público, se resiste a visibilizarla y se limita a decir que es un agravante del delito de violencia familiar.
“Las autoridades se resisten a visibilizar, a identificar y, sobre todo, a tipificar y llevar a la cárcel a los verdaderos culpables que ejercitan violencia vicaria. Hay una resistencia total, vamos con el Ministerio Público y nos dicen que violencia vicaria no existe y que es muy difícil de corroborar”, dijo la activista en la sede del Congreso de Puebla.
La individualización de la pena para los casos de violencia vicaria se incluirá en la iniciativa que presentará la diputada local del partido Movimiento Ciudadano Fedrha Suriano Corrales, que consiste en una armonización de la Ley Vicaria en Puebla con la ley federal, para que ya no siga considerándose como un agravante de violencia familiar.
“Es quitarla de un agravante y ponerla como un delito con pena individualizada, ¿esto qué va a lograr?, que a las mamás, cuando vayamos a la Fiscalía, nos dejen de decir que el delito de violencia vicaria no existe”, dijo Luz Arredondo.
La representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en Puebla agregó que la organización ha tenido conocimiento de 50 casos de menores de edad que fueron sustraídos por sus familiares y llevados a otros estados del país e incluso al extranjero.
