Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública en la entidad, los diputados de la LXI legislatura del Congreso del estado de Puebla avalaron el acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, a reforzar las estrategias y medidas de protección vial en las autopistas, principalmente en las rutas carreteras de las casetas de Amozoc-Esperanza y Atzitzintla-Ciudad Serdán.
En más del orden del día, el Pleno del Congreso del estado avaló el dictamen por el que se declara el día 9 de septiembre de cada año, como el “Día de la Feria del Taco en San Nicolás Buenos Aires”, debido a la importancia turística, gastronómica y económica que tiene para la población y para el estado de Puebla.
Con esta declaratoria, señaló en tribuna la diputada Karla Rodríguez Palacios, se pretende preservar y fomentar la Feria del Taco en San Nicolás Buenos Aires, la cual se lleva a cabo el 9 de septiembre de cada año, desde 1990, donde participan cerca de 300 taqueros y se regalan más de 15 toneladas de carne, en un evento extraordinario que recibe a visitantes nacionales e internacionales.
Karla Rodríguez Palacios, diputada local de Puebla por el PAN. Foto: Especial
Por otra parte, el Pleno del Congreso del estado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Seguridad Pública, con el propósito de establecer en la Ley los fines de la seguridad pública, conforme a la Constitución federal, y establecer que estos son: salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
También se advierte la importancia de impulsar la profesionalización de los integrantes de las instituciones policiacas municipales, que brinden seguridad y confianza a la población en los municipios de la entidad.
El dictamen establece reformas a las fracciones I y IV, y adiciones a la fracción V al artículo 22 de Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
Asimismo, se avaló el dictamen para reformar y adicionar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, relacionado con el pago de salarios caídos a los trabajadores, con la finalidad de establecer un límite en el cálculo de los sueldos caídos, en armonía con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, que permita establecer un equilibrio para conservar los derechos de los trabajadores y, a su vez, el buen ejercicio del servicio público a través de unas finanzas sanas.
Para este fin se establecen reformas al segundo párrafo del artículo 30, el último párrafo del artículo 42, el párrafo segundo del artículo 43 y el primer párrafo del artículo 86; adiciones a los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 43; y la derogación del segundo párrafo de la fracción III del artículo 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En más del orden del día, el Congreso del estado aprobó el dictamen para adicionar el artículo 26 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer requisitos para ser titular del Órgano Interno de Control del Itaipue.
Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del estado de Puebla. Foto: Especial
Donde se establece que, para ser titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla se requiere ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Contar al momento de su designación con experiencia profesional en la administración pública, control interno, fiscalización de recursos públicos, contabilidad, auditoría gubernamental, responsabilidades administrativas y transparencia; así como con título y cédula profesional en alguna de las áreas económicas, contables, jurídicas o administrativas, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, entre otros.
Finalmente, el Congreso del estado aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que realice campañas de vacunación a las niñas a partir de los once años o quinto grado de primaria contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con el propósito de prevenir y proteger a las futuras generaciones del cáncer cervicouterino y otras enfermedades consecuentes.
