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Inician reuniones con colectivos para aprobar Ley Sabina en Puebla
La diputada local de Morena, Daniela Mier, informó que este 27 de junio iniciaron las mesas de trabajo con colectivos
Diputados de Morena hablan sobre la Ley Sabina
La diputada local Daniela Mier Bañuelos informó que este martes iniciaron las mesas de trabajo con organizaciones y colectivos para aprobar la denominada Ley Sabina, con el fin de crear un registro público de deudores alimentarios.
En marzo de este año, los legisladores de Morena: Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Daniela Mier, Eliana Angélica Cervantes González, Iván Herrera Villagómez y María Yolanda Gámez Mendoza presentaron la iniciativa que contempla reformas a los Códigos Penal y Civil del estado de Puebla.
En conferencia de prensa junto a los autodenominados diputados obradoristas, Mier Bañuelos dio a conocer que a partir de este 27 de junio comenzaron las reuniones de trabajo para discutir la Ley Sabina, que busca proteger a las infancias y garantizar su manutención a través de la creación de un padrón público de deudores alimentarios morosos.
Las mesas se llevarán a cabo con organizaciones civiles, con el objetivo de enriquecer la iniciativa con perspectivas y vivencias de quienes luchan por una pensión alimenticia, así como mejorar la calidad de vida de las madres y sus hijos.
Mier Bañuelos dio la bienvenida a la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, quien también propuso crear un padrón público de deudores alimentarios, y aseguró que está invitada a las reuniones con los colectivos.
La Ley Sabina es impulsada a nivel nacional por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, y en el Congreso de Puebla la Comisión de Procuración y Administración de Justicia es la encargada de analizar y en su momento dictaminarla.
La iniciativa propone, además de crear un registro estatal de deudores alimentarios, que estos paguen los servicios de ginecólogo y el parto; tipificar como delito abandonar a una mujer embarazada; que se les cancele y no se les expidan pasaportes y licencias de manejo; que ingresen al buró de crédito; tengan prohibido salir del país y que sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
