En Puebla, proponen destituir a servidores públicos por violencia obstétrica

La diputada local Aurora Sierra Rodríguez presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa para destituir e inhabilitar hasta por dos años a servidores públicos que cometan violencia obstétrica.

La panista propuso reformas al artículo 356 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, con el fin de sancionar a servidores públicos con la pena vigente de hasta seis años de prisión, así como la destitución e inhabilitación para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local analiza la propuesta de la diputada, a la cual se sumaron legisladores de su bancada, el PAN, del PRI, Morena y el Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo con la ley, comete el delito de violencia obstétrica quien, siendo personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o privadas, dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio o en emergencias obstétricas.

También cuando la atención médica se brinde con trato cruel y deshumanizado, “en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales” que traiga consecuencias como la pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad, la pérdida de la vida de la mujer, o en su caso, del bebé.

En su iniciativa, Sierra Rodríguez señaló que la violencia y los delitos contra las mujeres no son castigados con penas justas y necesarias, muchos quedan impunes y ponen en riesgo la vida de la madre y su hijo, por lo que consideró importante legislar en la materia para que las penas sean más severas.

En Tecamachalco madre perdió a su bebé por negligencia

En Puebla se han registrado casos de violencia obstétrica, un ejemplo de ello ocurrió en 2020 en el Hospital General de Tecamachalco, donde se vulneraron los derechos de protección a la salud y a una vida libre de violencia obstétrica de una mujer con ocho meses de gestación.

La mujer recibió atención tardía, deficiente y con malos tratos, lo que provocó la muerte de su bebé y puso en riesgo su integridad física.

Así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos (CDH), quien emitió la recomendación 28/2021 a José Antonio Martínez García, secretario de Salud y director General de los Servicios de Salud del estado de Puebla, a fin de reparar el daño a la víctima y otorgar una compensación económica.