Piden a ASF indagar si hay contratos anómalos de poblanos en el AIFA
Diputadas de la CDMX solicitan a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo las auditorías
Auditoria Superior de la Federación
Las diputadas panistas María Gabriela Salido Magos y Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, en el Congreso de la Ciudad de México, plantearon un punto de acuerdo por el que solicitan a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, realicen las revisiones para deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar actos de corrupción en los contratos de obra para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En el documento entregado a la mesa directiva, señalan que el periodista Carlos Loret de Mola y el medio informativo Latinus dieron a conocer una investigación, de la que se desprende que, tras una revisión a 966 contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha celebrado entre 2019 y 2021, para la construcción del AIFA, en el 70 por ciento de los casos se trató de asignaciones realizadas a través de la figura de adjudicación directa.
En el otro 30 por ciento de los casos, la asignación se dio a través de la figura de invitación a tres personas; “de modo que la SEDENA ha evitado que cualquier persona interesada, física o moral, participe a través de licitaciones públicas que permitan la obtención de la mejor relación precio – calidad en los bienes y servicios contratados para esta obra”.
Además, destacan las legisladoras, la investigación periodística refiere que se encontraron empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a la construcción e incluso pequeños negocios beneficiados con contratos por 78 millones de pesos.
Entre las empresas investigadas está el Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla S.A. de C.V., compañía que obtuvo el primero de ocho contratos para el aeropuerto, quince días después de que el gobierno de Puebla iniciara una investigación en su contra por el presunto desvío de 29 millones de pesos, expusieron las diputadas en su punto de acuerdo.
Además, señalan el caso de Eficaren Eficiencia y Calidad en Rentas, “una empresa sin dirección, ni empleados, ni referencias visibles, pues registró ante la Sedena una dirección falsa en los cinco contratos directos que obtuvo para participar en la obra”.
Indicaron que esta empresa, que fue creada en 2014, antes de alquilar tractocamiones por cinco millones de pesos, para la construcción del aeropuerto, en marzo de 2018 rentó juegos inflables al municipio de Atempan, Puebla, “contrato en el que también registró una dirección falsa”.
Por ello, plantearon la necesidad de que se lleven a cabo las auditorías y revisiones necesarias para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones a las personas servidoras públicas cuya actuación haya generado la celebración de contrataciones fuera del marco normativo.
