Aprueba el Congreso proceso para destituir al auditor superior

Diputados de la LXI Legislatura de Puebla aprobaron el inicio del procedimiento para la destitución de Francisco “N” de la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por haber incurrido en “faltas graves”. 

El funcionario tendrá derecho a una audiencia para presentar pruebas y defenderse, aunque en este momento se encuentra preso en el Penal de San Miguel, tras su detención el 25 de febrero.

La secretaria de la Mesa Directiva, Laura Zapata Martínez, dio cuenta este jueves del oficio en el que se establecen las etapas para remover del cargo a Francisco “N”, luego que fue denunciado por violencia familiar y detenido por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Explicó que una vez que sea notificado formalmente de las dos solicitudes presentadas por diputados de Morena comenzará a correr el plazo de cinco días para que el auditor general suspendido de su cargo pueda determinar a su representante legal y aportar pruebas en su defensa.

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado notificará personalmente al titular copia de las solicitudes presentadas para el inicio del procedimiento de remoción, así como de los elementos de prueba que, en su caso, se hayan exhibido y de la admisión de dichas solicitudes a efecto de que dicha persona conozca las citadas solicitudes”.

Expresó que en caso que la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE valide este procedimiento, se turnará el expediente al Pleno del Congreso para que sea aprobado por dos terceras partes de los votos de los diputados locales.

Precisó que una vez que se apruebe la destitución de Francisco “N” se iniciará el proceso para la elección del nuevo titular de la ASE para un periodo de siete años y no para concluir los cinco años que restaban a ex auditor general detenido y encarcelado.

Solo completó dos años en el cargo

El 27 de noviembre de 2019, Francisco José N. fue designado por el Congreso del Estado como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por un periodo de siete años, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2026.

En ese entonces, la mayoría de diputados de Morena inclinó la balanza a su favor, y fue así como fue electo por una mayoría de 27 votos y 10 en contra, dos abstenciones y dos nulos.

Durante la sesión en que fue electo, el entonces diputado presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, sostuvo que el proceso de elección fue apegado al procedimiento, por lo que las acusaciones que señalaban lo contrario eran parte de una guerra sucia en contra del funcionario.

Sin embargo, el priista Javier Casique Zárate se pronunció en contra de la propuesta de Francisco José N., al considerar que no existen garantías para evitar que se convierta en un instrumento de control político.

Empezó a presentar denuncias contra sujetos fiscalizables

En octubre de 2020, desde la ASE, se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, por presuntas operaciones simuladas por 264 millones de pesos.

La ASE indicó que la primera denuncia fue por el delito de operaciones simuladas, debido al presunto uso de facturas apócrifas por un monto de 264 millones 739 mil 261 pesos.

La segunda denuncia se presentó por el delito de abuso de autoridad, ya que la institución se negó a dar cumplimiento a los requerimientos hechos por la Auditoría, relacionados con su cuenta pública 2019.

Y la tercera denuncia fue por el delito de tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal, debido a que se descubrió su presunta participación como socio del despacho contable Espor, el cual fungía como auditor externo de la BUAP.

Además, el organismo presentó más de 35 denuncias en contra de municipios por utilizar a “empresas fantasma” para simular operaciones de adquisición de bienes o servicios en perjuicio del erario público.

Supuestamente, entre 2014 y 2018, el 99.8 por ciento de los ayuntamientos había incurrido en ese tipo de prácticas,

Llegaron los roces

Fue en 2021 cuando se empezaron a presentar desencuentros entre el auditor, el Congreso y el gobierno estatal, que derivaron en la formulación de reformas legislativas para destituir o nombrar el titular de la ASE.

En septiembre del año pasado, tras el cierre de la LX legislatura, se dio a conocer que el Congreso anuló mil 449.4 millones de pesos en sanciones contra 41 exfuncionarios estatales o municipales, debido a que fallecieron, sus procesos prescribieron, ganaron un juicio al Poder Legislativo o revirtieron los cargos que les hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Diputados culparon de ello al auditor superior.

Y denuncia por violencia familiar

En diciembre pasado se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión en contra del titular de la Auditoría Superior del Estado, por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja y de su hijo, un menor de edad.

La determinación partió de una denuncia que se presentó el 26 de octubre del 2021, según constaría en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/009382/2021.

En ella se establece que el 26 de octubre, por la madrugada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, acudieron al fraccionamiento La Vista Country Club, para atender una llamada anónima de auxilio, ya que supuestamente el ex funcionario agredió a los integrantes de su familia.

Acusó hostigamiento

El propio titular de la Auditoría Superior del Estado señaló que era falsa la orden de aprehensión y acusó que había una persecución política en su contra desde la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dijo que el presunto mandato judicial estaba sustentado en una columna periodística que carecía de pruebas para demostrar la existencia de agresiones físicas y verbales en contra de su esposa.

Subrayó que personal de la FGE incurrió en actos de hostigamiento en contra de su esposa y su hijo para confirmar la presunta violencia familiar, denunciada en medios de comunicación, a pesar de ser una situación falsa.

Expresó que recurriría a las instancias legales para presentar una denuncia por daño moral en contra de quien resultara responsable de crear un “chaleco a la medida” para tratar de crear un delito que derive en su posible destitución del cargo.

Después fue contra el gobierno estatal

A inicios de febrero, el auditor denunció una estrategia de dilación en la presentación de información de sujetos obligados y responsabilizó de esta acción a la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Puebla.

A través de sus redes sociales, señaló que la secretaria, Amanda Gómez Nava, dio la orden a los titulares de los organismos descentralizados para que no entregaran la documentación solicitada para el cumplimiento de las auditorías realizadas por la ASE.

Subrayó que fueron alrededor de 60 los titulares de los organismos descentralizados y órganos autónomos los que “curiosamente” se excusaron para no entregar la información requerida bajo el mismo formato y casi a la misma hora.

Romero Serrano acusó, y evidenció con fotografías, que el Consejero Jurídico, Carlos Palafox Galeana, se apersonó en las instalaciones de la ASE para verificar que los sujetos obligados de revisión cumplieran la orden y no entregaran ninguna información.

Sentenció que esta acción dilatoria se configuraba en el delito de “obstrucción en la fiscalización” por lo que, advirtió, presentaría las denuncias ante las instancias correspondientes.

Señaló persecución en su contra

Además, el funcionario sostuvo que los actos de persecución en contra de él continuaban de “forma sistemática” al grado de “intentar separar a un menor de su madre”, aunque no detalló este punto.

Expuso que la orden de aprehensión en su contra, por supuesta violencia familiar, fue motivada por no adherirse a “políticas fuera de norma”.

Sin duda, el papel del Consejero Jurídico en este desacato generalizado, está basado en evitar el debido cumplimiento y para beneficiar a Amanda Gómez Nava. Ante todo ello, se abrirán las investigaciones correspondientes”, agregó.

Caída en menos de dos semanas

El pasado 14 de febrero se notificó al Congreso del Estado la suspensión temporal de Francisco José como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), derivado de la denuncia presentada en su contra por el delito de violencia familiar, según lo determinó un juzgado de control en Cholula.

El lunes 21 de febrero, la FGE confirmó la vinculación a proceso del funcionario por este delito.

La dependencia aseveró que el Agente del Ministerio Público aportó información respecto a que el 23 de octubre de 2021, en el fraccionamiento La Vista, en San Andrés Cholula, presuntamente el imputado agredió de manera física y verbal a un menor de edad, hijo de su pareja sentimental.

Tras formular imputación por el delito de violencia familiar, el 19 de febrero, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Francisco José N. con las medidas cautelares de abstenerse de molestar a la víctima, separación inmediata del domicilio, firma periódica y la suspensión temporal laboral de su cargo público.

El funcionario tramitó primero un amparo contra su separación del puesto, sin embargo el Consejo de la Judicatura Federal lo rechazó.

Después tramitó otro contra una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar, pero aún no se había notificado su procedencia.

Hace una semana trascendió que Romero Serrano sufrió un infarto, tras recibir la negativa a su amparo, por lo que habría sido hospitalizado.

Sin embargo, esta semana, él reapareció en sus redes sociales para señalar que la Fiscalía General del Estado “mintió” a un juez federal para que dejara sin efectos una suspensión por la orden de aprehensión girada en su contra, solo para obtener un incidente penal para su “agenda”.

Indicó que la FGE ignoró el testimonio de la supuesta víctima y se apoyó en testimonios de policías que incluso declararon que vieron armas, pero que fueron incapaces de describir el tipo y calibre.

Francisco “N” criticó que se haya aseverado que fueron golpeadas tres personas sin tener evidencia de ningún tipo, para corroborar este señalamiento en su contra.