La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) en diversos municipios de Puebla.
A través de un comunicado, este miércoles expuso que las Leyes de Ingresos para el año 2022 de los municipios poblanos, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla en diciembre de 2021, así como la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, que aprueban este cargo a personas físicas y morales dueñas de bienes inmuebles, “transgreden los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El organismo indicó que las contribuciones por alumbrado público previstas en las leyes impugnadas, no tienen la naturaleza de “derechos”, sino que en realidad implican un “impuesto” que grava directamente el consumo de energía eléctrica, cuyo gravamen únicamente corresponde al Congreso de la Unión, según el artículo 73 constitucional, fracción XXIX, numeral 57, inciso a.
Cabe señalar que el pasado 24 de diciembre, el Congreso local aprobó reformas para permitir que 144 municipios poblanos pudieran cobrar el DAP de forma directa a sus habitantes y esos recursos se sumaran a sus haciendas públicas.
“Con el ejercicio de esta atribución, la CDH Puebla no busca, en ningún caso, confrontar o atacar a las instituciones, por el contrario, su objetivo es consolidar y preservar nuestro Estado de Derecho defendiendo a la Constitución y a los derechos humanos por ella reconocidos, en beneficio de las personas que habitan o transitan por el Estado de Puebla”, expuso.
La CDH refirió que la Acción de Inconstitucionalidad se encuadra en un contexto de colaboración institucional, previsto en la Constitución, con la finalidad de contribuir a que se cuente con un régimen normativo compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.
Cabe señalar que tras la aprobación del DAP en diciembre pasado en 144 municipios, en los cabildos de Coxcatlán, Santiago Miahuatlán y San Gabriel Chilac, ya lo anularon, y en ocho más estarían por dar marcha atrás de forma oficial, ante protestas y reclamos de sus habitantes.
