Diputados acusan de cómplice a Casiano Tlahque en ecocidio de Vivero Santa Cruz

Diputados locales acusaron al presidente municipal de Cuautlancingo, Félix Casino Tlahque, de ser cómplice en la tala de árboles en el Vivero Santa Cruz y le exigieron castigar a los responsables de este ecocidio.

Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, el edil se deslindó y afirmó que su administración no entregó ningún permiso para realizar el derribo de 400 árboles y tampoco ingresó a las arcas recursos por 661 mil pesos.

Expresó que después que los vecinos de la zona denunciaron la presencia de trabajadores que estaban tirando los árboles solicitó que el predio ubicado sobre bulevar Forjadores fuera resguardado por la fuerza pública.

Subrayó que solicitó se inicie una investigación para dar con los responsables de una presunta falsificación de documentos del ayuntamiento de Cuautlancingo para autorizar la tala de estos árboles de los cuales -dijo- se han derribado 100.

"Hace cuatro años me pidieron que se hiciera una tala de árboles y por supuesto me negué al proyecto, ahorita al final de mi gobierno quieren afectarme con esta tala que yo no autoricé (...) El castigo ejemplar es fincar las responsabilidades aquellos funcionarios que otorgaron el permiso".

En respuesta, el diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Emilio Maurer Espinosa, señaló que la explicación era inverosímil debido que entre la fecha de inicio de estos trabajos hasta la clausura del predio habían pasado varios días.

Señaló que esta situación dejó en evidencia la posibilidad que Casiano Tlahque pudiera tener algún interés dentro de este predio y actuó de manera omisa permitiendo que se talaran ilegalmente 100 árboles.

Cuestionaron a Casiano Tlahque sobre el nombre de quien se presentó a solicitar los permisos y si la legítima propietaria del predio era la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), Dalhel Lara Gómez, evadió responder argumentando no tener esa información.

Los legisladores le exigieron que se mantenga la presencia de la fuerza pública resguardando el predio y llevar hasta las últimas consecuencias una investigación para dar con los responsables de la falsificación de permisos y reciban un castigo ejemplar.

Además que se emprenda una campaña de reforestación con la que se siembren como mínimo 10 árboles por cada uno de los que fueron derribados para resarcir el daño al medio ambiente generado.