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No hay condiciones para que sea aprobada Ley de Seguridad Interior en el siguiente periodo

No hay condiciones para que sea aprobada Ley de Seguridad Interior en el siguiente periodo

No hay condiciones para que en el siguiente periodo ordinario en San Lázaro pueda ser aprobada la Ley de Seguridad Interior, sentenció el diputado federal y presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González.

En rueda de prensa durante su visita a Puebla para inaugurar la exposición Símbolos Patrios 1810-1967 que se instaló en el Congreso de Puebla, se pronunció a favor de esta iniciativa siempre que se garanticen los derechos de los ciudadanos.

Expresó que en esta nueva ley se debe especificar el protocolo para el uso de la fuerza, el plazo para el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, la obligación de los estados de formar policías para vigilar las calles en sus demarcaciones así como las sanciones para quienes no cumplan con ella.

Refirió que las fuerzas armadas llevan 12 años en las calles cumpliendo actividades de vigilancia que están fuera de sus responsabilidades sin que hasta el momento se haya una fecha para que retornen a sus cuarteles.

Expresó que la cercanía del inicio del proceso electoral 2017-2018 será un factor condicionante para que esta iniciativa no salga adelante debido que ningún partido político querrá asumir el costo político.

"Tenemos que complementar con una ley que le dé certeza a los ciudadanos de cuándo deben interactuar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, hoy se determina su participación en el arbitrio político y consideración de terceras personas y no por seguridad".

Por otra parte, Fernández González comentó que en la Cámara de Diputados está trabajando para endurecer las penas para sancionar el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su comercialización ilícita para inhibir a estas prácticas criminales.

Indicó que se tiene que precisar el tipo penal porque no solo tiene que ver con el robo del producto y el manejo que se da al dinero que es captado por la venta ilícita del hidrocarburo en diferentes partes del país.