Se pronuncian por la creación de “un Frente Cívico Ciudadano” contra la inseguridad

Diputados federales, senadores y empresarios poblanos se pronunciaron por la creación de "un Frente Cívico Ciudadano" contra la Inseguridad en Puebla para prevenir y combatir a la delincuencia ante la incapacidad de la administración estatal para garantizar la paz y tranquilidad a los ciudadanos.

En rueda de prensa conjunta con sus homólogos Alejandro Armenta Mier y Miguel Alva y Alva así como el senador de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta y el empresario, Emilio Maurer Espinosa así como lo socios del Consejo de Organismos Empresariales, criticó la ola de asaltos en contra de los ciudadanos y comercio registrados en Puebla.

"Los objetivos de este frente están orientados a generar un diagnóstico serio y creíble de la severa e insostenible situación de inseguridad que atraviesa Puebla y as u vez proponer estrategias de prevención y combate del delitos".

Por su parte, el senador de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, enfatizó que ante la falta de acciones contundentes para frenar la delincuencia común y el robo de combustible en Puebla es necesario que sean destituidos del cargo los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"Es la confrontación de bandas criminales a la vista de todos y de las autoridades y esto solamente se explica con la colusión de ellas y esto permitió que se constituyera una nueva forma de crimen organizado que son los huachicoleros".

Mientras que el empresario poblano, Emilio Maurer Espinosa, criticó el desinterés de las autoridades estatales para frenar los asaltos a camiones de carga en carreteras y estén tratando de aparentar ante los ciudadanos que en Puebla no pasa nada.

"Nosotros los empresarios debemos unirnos a este movimiento para que definitivamente se nos proteja y se nos den elementos para seguir adelante (…) Puebla no es un jardín de rosas Puebla ahorita se ha vuelto un pantano".

Los socios del COE se sumaron a esta exigencia al gobierno del estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los empresarios para que puedan continuar con su actividad productiva y sigan generando empleos que permitan reducir los altos índices de pobreza en Puebla.