Proceso para destituir a edil de Tehuacán sigue su curso, advierte líder del Congreso

La destitución de la presidente municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, sigue su curso las instancias judiciales quienes determinarán su procedencia y no existe ningún acuerdo para que el Congreso revierta su decisión, aseveró el líder del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui.

En entrevista, dijo que después que la alcaldesa fue inhabilitada por 12 años por no solventar observaciones detectadas en su cuenta pública 2014 decidió ampararse e iniciar su defensa en las instancias legales en donde continúa el proceso.

Afirmó que este proceso en contra de Fernández Méndez fue aprobado conforme a derecho por los diputados locales de la LIX Legislatura y basados en el dictamen presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) que se realizó con criterios técnicos.

Cuestionado sobre el presunto acuerdo para inhabilitar al ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a cambio de exonerar a Fernández Méndez, rechazó tajantemente esta versión, la calificó de una especulación y aseveró que solamente busca generar una confusión.

Hay que recordar que el Congreso del Estado aprobó el pasado 15 de diciembre de 2016 una inhabilitación por 12 años a Fernández Méndez por 66 irregularidades detectadas en su cuenta pública 2014 por 228 millones 868 mil 549 pesos.

Esta cifra se desprendió de un daño patrimonial por 76 millones 289 mil pesos y la suma de una sanción económica de 152 millones 579 mil que previamente había sido aprobada en la Comisión Inspectora de la ASE.

Un día después de haber sido inhabilitada la representación legal de Fernández Méndez promovió un amparo el cual le fue otorgado por un juez federal el día 10 de enero con lo que se suspendió el proceso de destitución.

Posteriormente, el 2 de enero presentó una controversia constitucional en contra de la resolución del Congreso de Puebla siendo el día 13 de enero de2017 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a este recurso legal que busca invalidar la acción la destitución de su cargo.