Desestiman amparo promovido por edil de Tehucán por procedimiento

El recurso legal promovido por la presidente municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, es “un amparo chicharronero” que busca retrasar el proceso y tratar de evadir su responsabilidad por el mal manejo de los recursos públicos que ha hecho durante su administración, sentenció el diputado local por Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares.

En entrevista concedida a RETO diario, dijo que la alcaldesa no tiene argumentos para señalar que no ha sido notificada del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) aprobado en su contra por el Congreso de Puebla.

“Es un amparo chicharronero como le llamamos en el argot jurídico con el que pretende retrasar el procedimiento para tratar de resolver el procedimiento y todas las inconsistencias que durante su periodo de comprobación tuvo que haberlo hecho y no lo hizo”.

Señaló que la presidente municipal no atendió el pliego con las 75 observaciones que le hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a su cuenta pública por lo que ahora está utilizando “artimañas jurídicas” para evadir responsabilidad como sujeto obligado de revisión.

“Lo que busca es hacerlo chisme y hacerse la víctima ante los medios y señalar que es una víctima del sistema pero es un tema que no debe resolver ante medios de comunicación sino que lo debe resolver ante las instituciones legalmente establecidas y ante quienes se encargan de la revisión de cuentas públicas (…) Está buscando ganar tiempo para buscar hasta debajo de las piedras los documentos para solventar lo insolventable”.

Refirió que una de las observaciones más graves que enfrenta Fernández Méndez es la falta de comprobación del ejercicio de 9 millones de pesos en el Sistema Operador de Agua Potable de Tehuacán por lo que insistió que la alcaldesa busca ganar tiempo para “tapar ese enorme hoyo financiero”.

Hay que recordar que los diputados locales aprobaron en el mes de julio el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por irregularidades en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.

Asimismo que la alcaldesa promovió un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo registrado bajo el número 1871/2016, para evitar las acciones del Congreso y enfrentar un procedimiento penal.