Han ocupado cargos públicos, producto de elecciones populares, pero también por parte de designaciones directas de gobernadores, sus responsabilidades como administradores han quedado en duda, pues no pudieron solventar el uso de recursos públicos, no obstante, se han amparado en contra de las sanciones e inhabilitaciones aprobadas por los diputados del Congreso de Puebla. Otros se han salido con la suya logrando que sean revocadas las sentencias o se den por concluidos los procedimientos en su contra.
A continuación algunos de los funcionarios recordados por el mal manejo de recursos públicos.
Alfredo Arango García, es uno de los que ha recurrido al amparo de la justicia para evadir sus responsabilidades, el ex titular de la Secretaría de Salud (SSA) inició su defensa legal después que fue aprobado el Inicio de Determinación de Responsabilidades Administrativas (IPADR) por no comprobar recursos de su cuenta pública 2010.
En noviembre de 2013 obtuvo una sentencia favorable del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Sexto Circuito, con la que, en ese momento, se detuvo el proceso que en su contra había emprendido la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Arango García promovió nuevamente ante la justicia federal un amparo en contra de la sanción por 19 mil 976 millones, 026 mil 424 pesos y su inhabilitación por 12 años, luego de que el Poder Legislativo ratificara el daño patrimonial que generó a la SSA por 6 mil 658 millones 675 mil 474 pesos y le impusiera una multa de 13 mil 317 millones 350 mil 949 pesos.
Este recurso legal está siendo atendido por el área jurídica de la LIX Legislatura, quien tendrá que responder a los tribunales federales por la dilación en la dictaminación de la cuenta pública 2010, como lo acusó Arango García en su amparo registrado bajo el número 1048/2016.
Eduardo Macip Zúñiga, SOAPAP
Otro ex funcionario que se sumó a la lista de quienes presentaron amparos en contra de los resultados del Inicio de Determinación de Responsabilidades Administrativas (IPADR), es el ex director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Eduardo Macip Zúñiga, por la sanción derivada de la falta de comprobación de recursos públicos.
El ex funcionario de la administración estatal, que fue encabezada por el gobernador, Mario Marín Torres, fue multado por una serie de irregularidades detectadas durante el ejercicio fiscal 2010 y que alcanzaron un monto de alrededor de 10 mil millones de pesos.
Macip Zúñiga, ha presentado dos amparos para dejar sin efectos los resolutivos aprobados por los legisladores poblanos, sin embargo, éstos no han sido resueltos a su favor pues en noviembre de 2013 fue notificado que el Juzgado Cuarto de Distrito desechó sus peticiones.
Rodolfo Chávez Carretero, CAPCEE
Un marinista que también se encuentra en la mira del Congreso del Estado es el ex director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Rodolfo Chávez Carretero, quien en su cuenta pública 2010 no comprobó el uso de 493 millones, 12 mil pesos.
El ex servidor público también inició en el Juzgado Séptimo de Distrito un juicio de amparo bajo la causa 1059/2013 en el que exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Contraloría del Estado definieran su situación para ocupar un cargo en la administración pública.
Luis Paredes Moctezuma, ex alcalde de Puebla
En esta lista también se encuentra el ex alcalde de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, quien se defendió en los tribunales en contra de la sanción por 500 millones de pesos y la inhabilitación por 12 años para ocupar un puesto público que fue avalada por los diputados poblanos después que no comprobó el uso de 250 millones de pesos.
Esta sanción quedó sin efecto después que en 2005 y 2006 la justicia federal fallara a su favor, sin embargo, en marzo de 2014 la LIX Legislatura nuevamente aprobó una inhabilitación por 12 años por no comprobar 175 millones 452 mil pesos del Ramo 33, correspondientes a 2004, por lo que nuevamente inició su defensa jurídica.
Noé Peñaloza Hernández, ex alcalde de San Martín Texmelucan
Uno de los que también fue inhabilitado por 12 años y recibió una sanción de 21.5 millones de pesos, fue el ex alcalde de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza Hernández, por no comprobar 87 millones 142 mil pesos correspondientes a su primer año de gobierno en 2008.
El caso de este ex presidente municipal es de destacarse debido que durante toda su gestión recibió observaciones en sus cuentas públicas por parte de la ASE, las cuales no pudo solventar, y que derivaron en nuevas sanciones administrativas y económicas.
En 2009, el daño patrimonial que causó Peñaloza Hernández al ayuntamiento de Texmelucan fue de 61 millones de pesos, por lo que recibió una inhabilitación adicional de 12 años; para 2010 tampoco pudo comprobar el uso de 200 millones de pesos y en los últimos 45 días de su gestión sus irregularidades fueron por 50 millones de pesos.
Pese a todas estas inconsistencias de su administración y encontrarse inhabilitado, Peñaloza Hernández promovió una serie de amparos para defenderse y conseguir ser candidato a diputado federal por el Movimiento Ciudadano (MC) en el proceso electoral 2015.
Aunque en julio de 2015, los diputados de la LIX Legislatura ratificaron la sanción económica e inhabilitación por no comprobar el uso de 87 millones 142 mil pesos en 2008, y en esta ocasión ya no podrá ampararse por lo que tendrá que resarcir el daño patrimonial.
Porfirio Loaeza Aguilar, ex edil de Tlatlauquitepec
Pero quien sí se salió con la suya fue el ex presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar, quien a pesar de haber sido inhabilitado contendió y ganó en el proceso electoral 2010 convirtiéndose nuevamente en alcalde y concluyendo su periodo.
En su primer periodo como munícipe en 2005-2008, Loaeza Aguilar no pudo comprobar la utilización de 20 millones de pesos por lo que fue multado con 26 millones de pesos y su inhabilitación por 11 años.
Durante su segundo mandato, se defendió en los tribunales para dejar sin efecto su sanción y permanecer al frente de este ayuntamiento y a pesar que fue ratificada su inhabilitación y destitución del cargo en septiembre de 2011 nunca fue notificado.
