Pide diputado más vigilancia en casas de empeño de Puebla

Para inhibir la comercialización de objetos robados en casas de empeño se requiere de redoblar los operativos de vigilancia en estos establecimientos por parte de las autoridades municipales, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, Francisco Rodríguez Álvarez.

Comentó que a pesar que en el Código Penal de Puebla se fijaron sanciones para que estos establecimientos no reciban artículos con un origen que se presuma ilegal, en muchos de ellos hacen caso omiso.

Expresó que los mismos delincuentes han buscado las formas para evadir esta reglamentación, por lo que estimó urgente y necesario que los dueños de estos negocios diseñen estrategias de control que impidan que sus empleados incurran en malas prácticas.

“Hay que entender que los delincuentes son delincuentes y no se eximen de hacer todo lo necesario para consumar sus actos delictivos (…) El esfuerzo es de los municipios que son los que otorgan las licencias de funcionamiento, tan es así que hemos visto la disminución de estas casas de empeño; al fin de cuentas quienes no cumplen con la normatividad emigran de la ciudad. Es un trabajo permanente, pero se debe redoblar el esfuerzo”, expresó.

Hay que señalar que el pasado 1 de julio de 2013, el Congreso de Puebla aprobó una reforma de ley para regular la operatividad de las casas de empeño, establecidas en la entidad.

Esta reforma al Código Penal estableció que los directivos y representantes legales de las casas de empeño deberán entregar un reporte mensual de sus actividades, e informar a las autoridades si existe la sospecha que alguno de los artículos empeñados es de dudosa procedencia.

Asimismo, refirió que el robo y la compra-venta de artículos robados es un delito por el que se tiene que castigar tanto el asaltante como a la institución que participe, por lo que en el caso de las casas de empeño tendrán que asegurarse que los artículos sean originales, a través de la presentación previa de una identificación oficial, sin importar la procedencia del objeto.

Las sanciones que fijó esta adecuación a la normativa por la omisión va de los seis meses a cinco años de prisión, y una multa económica de los 100 a los mil 500 días de salarios mínimos.