Confirman 11 años de cárcel a Uriel N., ex policía municipal de Puebla, por torturar a un detenido
Como consecuencia de las agresiones, el ciudadano detenido sufrió diversas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula
Foto: Especial
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la sentencia contra Uriel N., quien formaba parte de la Policía Municipal de Puebla cuando ocurrieron los hechos, quedó firme luego de que un Tribunal de Alzada confirmó la resolución condenatoria dictada en 2024.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron el 1 de octubre de 2018, cuando la víctima se encontraba acompañada de una mujer y fue interceptada por Uriel N. y otro elemento policial, quienes viajaban en vehículos particulares.
Los uniformados lo privaron de su libertad y lo trasladaron a un lugar aislado, donde comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo, asfixiarlo con una bolsa de plástico y aplicarle descargas eléctricas.
Como consecuencia de las agresiones, el ciudadano sufrió diversas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula.
Lo torturaron para obtener información sobre robos
La Fiscalía estableció que los policías sometieron a la víctima a esos actos con la finalidad de obtener información sobre su supuesta participación en robos cometidos en las zonas de Angelópolis y La Calera.
Además de las agresiones físicas, el ciudadano fue obligado a entregar dinero en efectivo. Posteriormente, los responsables intentaron incriminarlo mediante la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.
El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que reunió los elementos probatorios para acreditar la responsabilidad penal del expolicía.
Tribunal confirma condena de más de 11 años
En 2024, una autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Uriel N., a quien impuso una pena de 11 años y tres meses de prisión por el delito de tortura.
Sin embargo, la defensa interpuso un medio de impugnación para controvertir la resolución. Después de analizar las pruebas, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia, que causó ejecutoria y quedó firme.
Con esta determinación, el expolicía deberá cumplir la pena impuesta por los hechos cometidos contra el ciudadano en octubre de 2018.
La Fiscalía estatal señaló que la resolución forma parte de sus acciones para investigar y perseguir los actos de tortura, particularmente aquellos atribuidos a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.