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Quedan firmes sentencias contra dos personas por tentativa de homicidio en Tehuacán

Ernesto N. y Diana N. recibieron condenas de 8 años y 8 meses de prisión por disparar contra una persona en julio de 2020

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la firmeza de las sentencias condenatorias contra Ernesto N. y Diana N., declarados penalmente responsables del delito de homicidio en grado de tentativa por hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió la noche del 25 de julio de 2020, en inmediaciones de la calle 28 Sur, en la colonia Venustiano Carranza. Los ahora sentenciados llegaron al lugar a bordo de un vehículo Honda Civic, acompañados de dos hombres.

En ese sitio se registró una discusión que derivó en un intercambio de detonaciones de arma de fuego. Durante el enfrentamiento, Ernesto N. y Diana N. dispararon contra la víctima, quien recibió impactos en el tórax, abdomen y extremidades, lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Después del ataque, ambos se trasladaron al estacionamiento del hotel Mex Mar, ubicado en la colonia El Riego, también en Tehuacán. Ahí, Ernesto N. retuvo contra su voluntad a uno de sus acompañantes mediante violencia moral y amenazas con un arma de fuego, con la intención de impedir que informara a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.

Pruebas permitieron acreditar su responsabilidad

La representación social acreditó la participación de ambos mediante pruebas periciales balísticas, criminalísticas y médicas de lesiones, así como inspecciones oculares de campo.

Una vez que transcurrió el plazo legal sin que alguna de las partes manifestara inconformidad, la autoridad jurisdiccional declaró formalmente firme la resolución.

Las condenas impuestas

Por el delito de homicidio en grado de tentativa, Ernesto N. y Diana N. recibieron una sentencia de 8 años y 8 meses de prisión cada uno.

En el caso de Ernesto N., también se declaró compurgada la sanción de un año de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Además, subsisten la suspensión de derechos civiles y políticos, la amonestación pública y la condena al pago de la reparación del daño moral y material en favor de las víctimas.