Falla en plataforma virtual frena audiencia clave del caso Lydia Cacho contra Mario Marín

La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho denunció que “se les cayó el sistema”, luego de que se suspendiera la audiencia prevista para este martes 20 de octubre, en la que se esperaba avanzar hacia una sentencia contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su probable responsabilidad en el delito de tortura.

La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica confirmó que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo difirió la diligencia. De acuerdo con el organismo, el aplazamiento se debió presuntamente a una falla en la plataforma de videoconferencias Webex: al intentar conectarse, la defensa de Cacho encontró que su cuenta aparecía como inhabilitada.

En una transmisión difundida en sus redes sociales, la periodista relató los problemas que enfrentó para participar en la audiencia, a la que llevaba meses preparándose. También señaló que inicialmente recibió información de que se había interrumpido el suministro eléctrico.

Cacho cuestionó que las fallas técnicas impidieran el desarrollo de una diligencia crucial para su caso y advirtió que este tipo de obstáculos puede afectar a otras personas que buscan justicia mediante procesos judiciales a distancia.

“Si eso me sucede a mí en este momento, le está sucediendo a centenares de víctimas en todo México”, expresó, al referirse a quienes esperan una resolución por delitos como desaparición, secuestro y violencia sexual.

Una audiencia clave para el caso de Lydia Cacho

La diligencia estaba prevista como una etapa decisiva del proceso penal contra Marín, pues debía dar paso a la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria. La resolución determinará la responsabilidad penal del exmandatario en el delito que se le atribuye, conforme a lo que resuelva la autoridad judicial.

Un día antes, ARTICLE 19 había advertido sobre la importancia de la audiencia para la libertad de expresión y la protección de periodistas. La organización pidió que la resolución se apegara a los estándares internacionales de derechos humanos y que, en caso de acreditarse la responsabilidad penal, se impusiera una sanción proporcional a la gravedad de los hechos.

Tras confirmarse el aplazamiento, el organismo manifestó su inconformidad porque, a su juicio, los errores logísticos siguen generando retrasos en un caso que acumula más de dos décadas.

¿Por qué se acusa a Mario Marín de tortura?

El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada por carretera a Puebla, en un recorrido de más de 20 horas.

La detención ocurrió después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil y señaló posibles vínculos con empresarios y figuras políticas.

Cacho denunció que durante el traslado sufrió amenazas, incomunicación y agresiones físicas, psicológicas y sexuales. La periodista ha sostenido que la detención y la violencia fueron represalias por su trabajo de investigación.

El caso adquirió relevancia nacional tras la difusión, en 2006, de una conversación telefónica entre el entonces gobernador poblano y el empresario Kamel Nacif, en la que ambos hablaron sobre la detención de la comunicadora. La grabación dio origen al sobrenombre de “góber precioso” con el que se identificó públicamente a Marín.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que el Estado mexicano había violado derechos de Cacho y pidió investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño. En 2019, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública.

Un proceso marcado por resoluciones y retrasos

La causa judicial ha tenido distintos avances y retrocesos. ARTICLE 19 recordó que en 2021 Kamel Nacif obtuvo un amparo que lo liberó de responsabilidad por tortura. En julio de 2025, un tribunal también exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla.

Por otra parte, Hugo Karam Beltrán salió de prisión en agosto de 2024 debido a un cambio de medidas cautelares derivado de un amparo, aunque su proceso continúa. Más recientemente, el 14 de octubre de 2026, Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la Policía Judicial de Puebla, fue puesto en libertad tras cumplir una condena de cinco años y seis meses por tortura contra la periodista.

La organización precisó que la liberación de Rocha Laureano respondió al cumplimiento de su pena y no constituye una absolución.

En este contexto, la audiencia contra Mario Marín representaba un nuevo paso para determinar su responsabilidad penal en los hechos denunciados por Cacho. La suspensión prolonga la espera de una resolución en un caso emblemático sobre violencia contra periodistas e impunidad.