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Ratifican sentencia de 50 años de prisión contra dos hombres por secuestro y robo de vehículo en Puebla

En la comunidad de La Candelaria Portezuelo, en el municipio de Felipe Ángeles, interceptaron una camioneta cargada con 22 borregos y privaron de la libertad al conductor

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró que quedara firme la sentencia de 50 años de prisión dictada en contra de Manuel N. y Juan Hilario N., responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, detentación de vehículo robado y robo de vehículo agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de agosto de 2018, Manuel N., Juan Hilario N. y otras personas, quienes viajaban a bordo una camioneta Ford F-150, cabina y media, color café, con placas XB-82916 del estado de Tlaxcala, que contaba con reporte de robo, interceptaron en inmediaciones de la población Rinconada, del municipio de Soltepec, a una camioneta Nissan NP-300, amagando con armas de fuego a su conductor.

Tras despojarlo de su unidad y de sus pertenencias, lo privaron de la libertad y le exigieron información de sus familiares a fin de pedirles una cantidad económica por su liberación.

Posteriormente, se trasladaron a la comunidad de La Candelaria Portezuelo, en el municipio de Felipe Ángeles, donde interceptaron otra camioneta cargada con 22 borregos. De igual forma, privaron de la libertad al conductor repitiendo el modus operandi de exigencia de datos familiares para supuestamente pedir un pago por su rescate.

Más tarde, los responsables se trasladaron al kilómetro 17+900 de la carretera federal Puebla-Xalapa, donde fueron sorprendidos por elementos policiales. En su intento de huida, perdieron el control del vehículo, el cual volcó en varias ocasiones, resultando lesionados, por lo que fueron trasladados a diferentes nosocomios.

Gracias a los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público, se obtuvo su vinculación a proceso y enjuiciamiento. Finalmente, el 26 de julio de 2024, cada uno fue sentenciado a 50 años de prisión, siendo debidamente notificadas las partes involucradas de esta determinación.

Al no haber sido impugnada dentro del plazo legal, el fallo quedó como definitivo y, por tanto, se consideró que la sentencia quedaba firme.