Imputan delito financiero al auditor superior y se queda en San Miguel
La defensa legal del acusado solicitó la duplicidad del término legal
Francisco José Romero
El auditor superior del Estado, suspendido de su cargo, Francisco José N., ya duerme en el Penal de San Miguel, luego de que le fue imputado el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Durante la audiencia inicial este fin de semana en el Centro de Justicia Penal de Puebla, se le dio a conocer el motivo de su investigación, aunque él se reservó su derecho a declarar.
El Ministerio Público expuso datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso y la defensa legal del acusado solicitó la duplicidad del término legal para que ello se resuelva en otra audiencia, dentro de las próximas 144 horas.
No obstante, la Fiscalía solicitó que le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, a lo que accedió el juez de la causa y por ello lo envió al penal de San Miguel.
Francisco José fue detenido el viernes por la noche en su residencia del fraccionamiento La Vista Country Club, no por el proceso penal que enfrentaba de violencia familiar, sino por presuntamente hacer movimientos con dinero ilícito.
Cabe señalar que el pasado 21 de febrero, el funcionario fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, por el cual se le habían instruido otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Una de ellas era no permanecer en la casa de La Vista donde habita su pareja y el hijo de ella, donde se le aprehendió el viernes.
Después del 15 de marzo iniciaría la destitución del titular de la ASE
El proceso de destitución de Francisco “N”. como titular de la Auditoría Superior de Estado (ASE) podría iniciar a partir del próximo 15 de marzo, una vez que fue suspendido temporalmente del cargo y detenido por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso, Mónica Silva Ruiz, señaló que de acuerdo con las recientes reformas aprobadas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, una de las causales para su remoción es que haya incurrido en una falta grave.
Apuntó que otra causal es que se reporte una ausencia por más de 30 días por lo que deberán esperar a que concluya este plazo y se confirmen las imputaciones en contra de Francisco “N”, quien fue suspendido de su cargo el pasado 14 de febrero por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.
Habría que esperar el tiempo, no han corrido ni los 30 días que marca la ley. Esperemos a que corran los tiempos y una vez que corran los tiempos, estaremos ya en la posibilidad de determinar qué decisiones se toman desde el Congreso del Estado”.
