Ratifican modificaciones a la Ley para garantizar derecho al agua y su no privatización

La reforma a la Constitución Política de Puebla para garantizar a los ciudadanos el derecho al agua potable sufrirá modificaciones sobre todo a lo referente a una posible privatización, que generó controversias constitucionales por parte de algunos municipios en el estado, esto con la finalidad de poner fin a estas especulaciones.

La propuesta de homologar el artículo 12 de la Carta Magna de Puebla con el artículo 4 la Constitución Política Mexicana fue planteada por el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, como parte de sus 22 compromisos generados durante su campaña electoral.

Los legisladores locales le dieron entrada a esta propuesta y la enviaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Medio Ambiente para su estudio, análisis y dictaminación para después pasarla al Pleno de Congreso para que fuera aprobada.

Durante la sesión pública extraordinaria-del pasado 6 de enero-los diputados de las nueve fracciones legislativas dieron su voto a favor de esta reforma para enviarla a los 217 municipios de Puebla para que dieran su aval por tratarse de un ajuste a la constitución.

Pese a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) son de oposición ninguno fijo una postura en contra.

Las suspicacias comenzaron al analizar el texto reformado y en el que fue interpretado como una intención de quitar facultades a los municipios y que fuera el estado quien se encargara de proveer este servicio.

“Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

La aprobación de esta reforma constitucional por las dos terceras partes de los municipios-como lo establece la ley-derivó en una serie de acusaciones por parte de algunos ayuntamientos quienes señalaron la falsificaciones de actas para respaldar la propuesta.

Los municipios de San Pedro Cholula, Coronango, Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Tlaltenango y San Martín Texmelucan recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a interponer sus controversias constitucionales para dar marcha atrás a lo que llamaron una reforma privatizadora del agua en Puebla.

Durante tres meses los diputados del Congreso del Estado, encabezados por su líder, Jorge Aguilar Chedraui, defendieron esta reforma y acusaron que el tema fue politizado para obtener una rentabilidad electoral de cara a los comicios de 2018.

El gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, también se sumó a esta defensa e incluso acusó que este tema estaba siendo manipulado para confundir y engañar a los habitantes de los 217 municipios.

Después de tres meses de dimes y diretes, los legisladores locales finalmente decidieron realizar una nueva reforma constitucional para poner fin a todas estas especulaciones y garantizar a los ciudadanos que no habrá una privatización del agua potable en Puebla.

Por encontrarse en un periodo de receso legislativo, los diputados locales convocarán a una sesión extraordinaria para sacar adelante esta reforma e invalidar las 13 controversias constitucionales que se encuentran en la SCJN.

A partir de esta modificación el texto de la Constitución Política de Puebla en su artículo 12 quedará de la siguiente manera:

“Proteger el derecho que tiene toda persona al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.