Liberan a funcionarios retenidos en Juan C. Bonilla.

Con una estrategia semejante a la usada en Coronango, vecinos de Juan C. Bonilla obligaron al Cabildo a convocar a una sesión extraordinaria para rechazar la entrega del servicio de agua potable al gobierno estatal a través de una reforma constitucional propuesta por el Congreso del Estado.

Después de seis horas de plantarse frente a la Presidencia Municipal, pobladores que llegaron citados por las campañas de la parroquia de San Mateo, liberaron al funcionario municipal Jorge Galicia y a la secretaria general, Ana Patricia Pancho Acatecatl, quienes se encontraban retenidos en el edificio desde las diez y media de la mañana.

Policías estatales y de los municipios cercanos permanecían en la entrada de la cabecera municipal, los habitantes aceptaron retirarse y regresar después que el funcionario colocó sellos en las oficinas localizadas en el Palacio Municipal y luego que el regidor, Filemón Aguilar Rodríguez, mando una “nota aclaratoria” en la que confirmaba que era falsa la versión de que el ayuntamiento tiene la intención de entregar a un particular la distribución y cobro del agua potable.

“Hago del conocimiento que este honorable Cabildo ha manifestado su oposición a la privatización del agua y de cualquier servicio público y manifiesto que es falso que el ayuntamiento haya firmado convenio con alguna instancia que tenga interés de privatizar el agua. Reitero mi compromiso con los ciudadanos de este municipio para mantener de manera firme la tranquilidad y paz social que todos queremos”, sostuvo el alcalde en un comunicado leído a los asistentes en la plaza principal.

Aún con desconfianza de las intenciones de las autoridades municipales, los habitantes de Zacatepec, Nextetelco y Ometoxtla, así como de la cabecera municipal se retiraron cerca de las tres y media de la tarde, aunque amenazaron que están dispuestos a realizar un plantón permanente en defensa de sus reservas de agua potable.

Los habitantes advirtieron que, según los medios de comunicación, los de ayuntamiento de los municipios, obligados por las autoridades estatales, estaban aprobando la reforma al artículo 12 de la Constitución Política de Puebla para ceder al gobierno estatal la facultad de administrar el agua potable.

Con pancartas en las manos y a gritos, dejaron en claro que la mayor parte de las familias aún se abastecen con pozos tipo noria; sin embargo están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que las redes que ya existen en el centro del municipio, así como en algunas comunidades urbanizadas y unidades habitacionales pasen a manos de una empresa, como sucedió en la capital del estado.