Si hay un fedatario metido en grandes problemas es, sin duda, Víctor Manuel Aurelio Cortés Padilla, notario público 29 de la ciudad de Puebla, quien en junio de hace cuatro años permitió suscribir un instrumento notarial con firmas falsas, lo cual derivó en un despojo de un predio de unos 25 mil metros cuadrados y que ahí se construyera un desarrollo inmobiliario, mismo que fue utilizado para timar a por lo menos unos 480 derechohabientes del Infonavit, quienes compraron departamentos sin saber que las viviendas eran ilegales.
El actuar de Víctor Manuel Cortés es un ejemplo claro de la impunidad que gozan los notarios públicos en Puebla, que son los principales artífices del llamado “Cartel del Despojo”, que es la red de empresarios inmobiliarios y servidores públicos que se coluden para invadir predios o cometer fraudes con casas-habitación.
Es una poderosa red de crimen organizado contra la cual, hasta ahora, no ha habido “la voluntad política” para combatirla.
Durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta se revocaron 29 patentes notariales que, de manera irregular, fueron otorgadas durante el mandato del panista Rafael Moreno Valle Rosas, cuando fue jefe del Poder Ejecutivo. Fuera de ese periodo, no se ha vuelto a hacer “una limpia” de los fedatarios que cometen actos ilegales o que son parte del “Cartel del Despojo”.
Ni el Colegio de Notarios Públicos, ni las autoridades de Puebla, han tenido la capacidad de proceder contra los malos fedatarios que, por lo general, son intocables por representar importantes intereses políticos.
Solo esa situación explica lo que ha pasado con el notario Víctor Manuel Cortés que, a principios del presente año, un juez de lo Civil le ordenó anular el instrumento legal mediante el cual se cometió el despojo del predio, narrado al inicio de esta columna, y es la hora que ha desacatado ese fallo judicial.
Se sienten intocables
La historia de este caso es la siguiente:
En julio de 2022, el notario Víctor Manuel Cortés suscribió el instrumento legal 49 mil 324, en el cual se establece que los señores Pedro Gastón Landa Landa y Consuelo Hernández Peñafiel le otorgaban al señor Gregorio Rey Olvera el mandato para disponer de un predio –de 25 mil 682 metros cuadrados– en la Hacienda de Xocoyuca, que pertenece al municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala, pero que colinda con Puebla.
Tres años después, en el Juzgado Segundo en Materia Civil –a cargo de José Martín Calihua Martínez– se estableció que las firmas de ese instrumento notarial eran falsas, luego de que se hicieron tres estudios de grafoscopía.
Por esa razón, a principios de este año, el mismo juzgado ordenó que se anulen todos los instrumentos legales que avaló el notario Víctor Manuel Cortés. Una decisión que llegó muy tarde.
Con el aval que dio el notario público se inició la segregación del predio en cuestión y esa situación permitió que apareciera la empresa Suzari, que es representada por Gloria Lizbeth Ramírez Ramos, para plantear un desarrollo inmobiliario ante Infonavit. Mismo que tenía el propósito de vender casas, con créditos de interés social, principalmente a derechohabientes de la entidad poblana.
Para conseguir la autorización del Infonavit intervino la fiduciaria Soluciones Patrimoniales Cufrisa, que es representada por Gustavo Alonso Hernández.
El esquema utilizado es que el Infonavit revisó el proyecto, lo autorizó y entregó fondos a la fiduciaria Cufrisa, para que esta a su vez le suministrara el dinero a la desarrolladora Suzari.
Todo ello permitió que surgiera el desarrollo Arcos Altos, que abarca 12 edificios, en donde se comercializaron poco más de 480 viviendas, mismas que fueron vendidas cada una entre 439 y 542 mil pesos. Todas con créditos de interés social.
Se tiene la sospecha de que varias de estas casas habrían sido vendidas hasta en dos o tres ocasiones, pues se dice que se habrían falsificado firmas para incorporar créditos de derechohabientes del Infonavit que nunca se enteraron de que se utilizaron sus nombres para solicitar créditos inmobiliarios.
A lo largo de los últimos cuatro años, los dueños originales de los terrenos tuvieron que dar una dura batalla judicial para demostrar que ellos nunca vendieron el predio en donde se construyó Arcos Altos.
Una situación que llama mucho la atención es que, a lo largo del litigio, ni los representantes de la fiduciaria Cufrisa y el notario público 29 aceptaron comparecer en el juicio. Nunca aportaron una sola prueba a su favor. Parecía que se sentían intocables y confiaban en que no habría un fallo en su contra.
Ahora tendrán que enfrentar una demanda penal por el delito de fraude, luego de que han desacatado el fallo de un juzgado civil que ordenó anular la escritura que emitió el notario Víctor Manuel Cortés, misma que fue la punta del iceberg de un gigantesco fraude inmobiliario.
