Para sorpresa de propios y extraños, a finales de noviembre del año pasado, Francisco (Paco) José Romero Serrano acudió a registrarse como aspirante a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El hecho no ha dejado de causar extrañeza, pues el personaje no solo no tiene la más mínima posibilidad de llegar al cargo, tampoco reúne las simpatías ni mucho menos el apoyo de quienes toman las decisiones políticas en Puebla.
Romero Serrano fue impuesto en 2019 como titular de la ASE por su amigo, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Barbosa Huerta le pagaba así el respaldo que le brindó durante la campaña de 2018, pero sobre todo que, en aquel tiempo, se hubiera convertido en uno de los más acérrimos críticos de Rafael Moreno Valle Rosas, enemigo de ambos.
Romero Serrano fue designado por las diputadas y los diputados de Barbosa Huerta para el periodo comprendido del 29 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2026.
Sin embargo, no pasaron muchos meses antes de que el auditor terminara peleándose a muerte con su mentor y jefe político, quien acabaría por destituirlo y encarcelarlo por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según denunció públicamente Barbosa en su momento, la ASE, bajo el mando de Romero Serrano, fue “un instrumento de extorsión” contra los alcaldes para la aprobación de sus cuentas públicas.
Barbosa Huerta acusó que Romero Serrano puso en marcha distintas estrategias para obtener intereses personales. “Con el exauditor detenido no fue garrote político, fue instrumento de extorsión, eso fue lo que fue, hicieron de eso todo un asunto, un andamiaje de extorsión y beneficios”, explicó.
Barbosa afirmó que Romero Serrano solicitaba distinta documentación a los ayuntamientos, pero para devolverla, los presidentes municipales eran obligados a negociar acuerdos ilegales.
Nueve despachos de auditores que se encargaron de revisar el manejo financiero de 42 organismos públicos de Puebla, tenían entre sus directivos a personas vinculadas con el titular de la Auditoría Superior del Estado.
Romero Serrano y Barbosa Huerta se habían enfrascado ciertamente en una guerra personal, que acabaría por poner al primero tras las rejas.
A Romero Serrano se le olvidó quién lo había impuesto al frente de la ASE y se pensó más fuerte que un gobernador. Y es que quiso auditar a fondo, por ejemplo, al Sistema Estatal DIF y acusar a su presidenta honoraria, la señora Rosario Orozco, de malos manejos, y eso, eso fue su perdición.
Barbosa Huerta ordenó una investigación en la ASE, encontró suficientes elementos y evidencias de irregularidades, apretó el botón de la destitución y la disputa terminó con Romero Serrano en la cárcel.
Romero Serrano estuvo dos años privado de su libertad y al recobrarla se dijo preso o perseguido político del barbosismo, de ese mismo barbosismo que, en su momento, lo había encumbrado.
Desde entonces, ha caminado sobre esa narrativa y apuntado sus misiles hacia los herederos políticos de Miguel Barbosa, fallecido en funciones de gobernador el 13 de diciembre de 2022.
Hoy, en un arriesgada jugada –por las implicaciones políticas y hasta legales que puede acarrearle–, Romero Serrano ha decidido volver por sus fueros y terminar el periodo que no pudo por, según él, la persecución de Miguel Barbosa.
Jura que es una “revancha personal, no política”.
Mal lector de los tiempos que corren, finge además ignorancia de los procesos políticos que a él alguna vez lo beneficiaron.
De hecho, el mero hecho de haberse inscrito a un proceso que sencillamente no le toca, podría interpretarse como un arrogante desafío al armentismo.
“Ya no está don Miguel (Barbosa) y eso es suficiente para sentirme bien en el sentido de que no van a meter las manos para entorpecer mi participación”, ha declarado.
Ciertamente no está impedido legalmente para aspirar, pero en política hay no solo reglas no escritas, sino códigos y señales que cualquiera medianamente enterado de las claves del poder, debería saber leer e interpretar.
Esta semana que corre será determinante para la elección del nuevo titular de la ASE, que termine con una larga era de inestabilidad, ruido y escándalos en la institución encargada revisar el uso de los recursos públicos por parte de las autoridades y sujetos obligados.
Hay 11 aspirantes, pero Romero Serrano no será el favorecido.
Los momios están concentrados, por muchas razones, en Juan Carlos Moreno Valle Abdala, ex secretario de la Función Pública y actual secretario técnico de la Coordinación de Gabinete, quien no está impedido, aunque algunos desinformados aseguren lo contrario, y Germán Reyna y Herrero, socio de ARH Consultores, de la que ya se separó por lo que no incurriría en conflicto de intereses.
Según ha dicho el presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, este martes 13 se llevarán a cabo las entrevistas a los aspirantes y de ahí se integrará una terna que se pondrá a consideración del Pleno para la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
El jueves 15, sin misterios, habrá humo blanco.
