El grupo político que controla a la dirigencia del Sindicato de Burócratas está decidido a no perder el poder ni mucho menos permitir un proceso democrático para renovar el Comité Ejecutivo –antes del 15 de diciembre–, para lo cual se ha urdido un plan con el que se buscará descalificar e incluso rescindir de su plaza en el gobierno del estado a la líder de la disidencia, Martha Rodríguez Salinas. Y de esa manera, los agremiados solo puedan votar por los candidatos afines al actual secretario general, Jhovani Oliver Gallo.
Esa condición explica por qué el viernes pasado se “reventó” la asamblea para nombrar al Comité Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes Públicos y Organismos Descentralizados del Estado de Puebla, al resultar indispensable para el grupo de Oliver Gallo tener el mando de ese órgano y por ese medio sacar de la contienda a Martha Rodríguez Salinas o cualquier otro candidato que no sea parte de su círculo de intereses del dirigente.
Lo que no esperaba la corriente oficialista es que a la asamblea del viernes llegara el grueso de los 3 mil 400 trabajadores sindicalizados y que tienen base en los tres poderes públicos del estado, situación que puso en riesgo los planes de fraude electoral en el Sindicato de Burócratas.
Desde la dirección sindical se saboteó la asamblea, pues se sabía que la mayoría de los trabajadores no iba a votar por la planilla que propuso la facción del secretario general para integrar el órgano que dirigirá el proceso electoral que renovará la dirección gremial.
Ahora habrá un nuevo intento, entre el próximo viernes o lunes, de designar al Comité Electoral y, para no volver a perder el manejo de la asamblea, se dice que se echará mano de grupos de locatarios de mercados, a quienes se les podría repartir credenciales falsas del sindicato para simular que son afiliados a la organización.
Si la dirigencia saliente no logra imponer a los miembros del Comité Electoral, prácticamente ya habrá perdido el proceso electoral, pues sabe que no tiene el respaldo mayoritario de las bases trabajadoras.
El grupo de Oliver Gallo, al parecer, quiere ganar la partida al viejo estilo morenovallista.
En 2013, en el primer año de gestión del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, se habían perfilado entre cinco y siete aspirantes que buscaban ser candidatos a la dirigencia del Sindicato de Burócratas.
Tal ambiente de efervescencia sindical que había a finales de 2013 generaba malestar, inquietud, tensión, en el gobierno morenovallista por la siguiente razón:
La administración estatal panista ya tenía preparado un paquete de miles de despidos laborales en los poderes públicos de Puebla, como una manera de expulsar a los trabajadores que se identificaban con el PRI y, al mismo tiempo, abrir espacios laborales para que fueran ocupados por personas identificadas con el morenovallismo.
Por eso era una prioridad el evitar que el Sindicato de Burócratas fuera un obstáculo a la política represiva del morenovallismo que expulsó a unos 14 mil empleados, de base y de confianza, con criterios políticos y sin un sustento jurídico.
Y la manera en que se obligó al sindicato a acatar ese brutal recorte laboral es que fueron despedidos del Gobierno del estado, de manera violenta e ilegal, todos los aspirantes que pretendían registrarse como candidatos a la secretaría general de la agrupación gremial.
Al único que no se corrió fue al candidato del morenovallismo, que ganó porque no había otros contendientes.
En el siguiente proceso electoral –tres años más tarde– se volvió a hacer lo mismo, se despidió a unos 30 sindicalistas que no eran parte del morenovallismo y se evitó una elección democrática en la representación laboral en cuestión.
Entre los despedidos había una figura muy especial: Martha Rodríguez Salinas, quien lejos de resignarse por el atropello a sus derechos, se armó de valor y emprendió una lucha jurídica contra el Poder Ejecutivo, logrando ganar y conseguir que, en el año 2018, ella y otros trabajadores fueran reinstalados en sus plazas del Gobierno del estado.
Durante los tres años en que los rescindidos lucharon contra el autoritarismo del entonces gobierno del PAN, Rodríguez Salinas formó el Movimiento por la Democracia, al que tanto miedo le han tenido los últimos dirigentes sindicales.
En 2018, para evitar que Martha Rodríguez pudiera competir, el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad, de manera arbitraria, estableció que no había condiciones para una elección libre en el sindicato y se impuso, desde el Poder Ejecutivo, a Virginia Socorro Meza Cruz como secretaria general, quien llegó al cargo sin ser votada por los burócratas que supuestamente representaba.
Para 2021, otra vez estaba presente la figura de Martha Rodríguez y entonces Socorro Meza echó mano de un fraude en el cual se designó un Comité Electoral a modo –que incluso fue descalificado por la autoridad laboral–, para que no permitiera el registro como candidata de la líder del Movimiento por la Democracia.
Luego de dos años de litigio laboral, finalmente se impuso como secretario general a Jhovani Oliver Gallo, que en esa época era del círculo político de Virginia Meza Cruz.
Ahora se quiere hacer lo mismo: se busca designar un Comité Electoral que no sea ni imparcial ni independiente de los intereses de la dirigencia sindical, para que vuelva a descalificar a Martha Rodríguez o cualquier candidato “incómodo”.
Para ello, se ha urdido dos vías para intentar frenar a la líder de la disidencia:
La primera: que el Comité Electoral argumente que le faltan dos años de antigüedad laboral para poder competir por la secretaría general, ya que el estatuto marca nueve años como mínimo de experiencia para contender por ese cargo.
Hace tres años se usó el mismo argumento, pese a que Martha Rodríguez presentó pruebas documentales que acreditan una trayectoria de 30 años en el servicio público estatal.
La segunda: que se le rescinda del Gobierno del estado bajo el argumento de que provoca “inestabilidad” en los ambientes de trabajo.
Sin duda, ambos argumentos rayan en el absurdo y forman parte de un intento de elección fraudulenta.
La pregunta que queda en el aire es: ¿la 4T va a actuar de la misma manera autoritaria que los gobiernos del PAN en la elección de los burócratas?
