Una valiente mujer, la maestra Ángela Viridiana Leal Morales, tuvo a bien denunciar cómo opera una parte de la mafia de los registradores públicos del estado, o por lo menos los asignados a la circunscripción territorial de Atlixco.
El pasado 15 de septiembre, Ángela tuvo el valor de presentar su denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en su carácter de ex registradora pública de la citada demarcación.
En su denuncia, cuya copia obra en poder de este columnista, señala como principales responsables de actos de corrupción a los analistas Martha López Aguilar, Adair Rodrigo Rugerio Vázquez, Julia Beatriz Rocha Vázquez, Leticia Maximiliano Hernández, así como también a Jennifer Carolina Ibarra Rueda, registradora pública, y Helga Mariana Ramírez Toriz, directora del Registro Público y Catastral del Estado.
La denunciante relata que con fecha julio del 2025 recibió una invitación por parte de Ricardo Fritz López, director general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para incorporarse a laborar, siendo capacitada durante dos semanas en Ciudad Serdán y Cholula, hasta el 1 de agosto cuando fue designada registradora de Atlixco.
Ese día arribó a las oficinas del CIS, en donde se ubican las oficinas del Registro, encontrándose a la titular Helga Mariana Ramírez en compañía del entonces titular del área de nombre Gabriel García González. Helga le dijo que ella y Gabriel compartirían responsabilidades en este lugar.
Sin embargo, el día 8 tras una discusión con personal de esta oficina, cesaron a Gabriel García, quedando la circunscripción a cargo de la denunciante. Tres días después Ángela fue abordada por la analista Martha López Aguilar, quien regresaba de vacaciones y le hizo el comentario de que “si ella también iba a pagar cuota”.
Ese mismo día Ángela le solicitó a Martha que le pasara varios expedientes y esta solo le dijo que la dejara de molestar, no obstante, Ángela encontró en el escritorio de la analista Martha los tomos 141 y 142 del libro 1 correspondientes a una operación de traslado de dominio, habiendo hojas con la leyenda cancelada, pero en las hojas 111 a la 117 utilizaron corrector para borrar esta misma leyenda y procedieron a cancelar las partidas del 192 al 201 sin los sellos oficiales. Esa fue la primera sospechosa que detectó Ángela.
De la misma forma, también encontró que había una escritura ingresada bajo el número de control interno 202506453, la cual era muy simple y sin sellos, por lo que la requisitó y solicitó información a la Notaría 2 de Tepeaca mediante correo electrónico para verificar su autenticidad bajo el instrumento 27 mil 216 volumen 230 de fecha 20 de mayo del 2014; el 21 de agosto recibió la contestación de correo confirmando que el documento ingresado por Martha López Aguilar era apócrifo, sin embargo, Martha insistió en que era auténtico. El 11 de septiembre cuando Ángela fue a buscar dicho documento este ya no fue localizado.
El 12 de agosto, la directora Helga Mariana Ramírez se comunicó con ella vía celular enojada y reclamándole el porqué habían dado de baja a Gabriel García González cuando él era gente de toda su confianza; sin embargo, Ángela le explicó que esa había sido una orden de la cual ella era ajena.
De manera constante, los usuarios comenzaron a quejarse de Julio Beatriz Rocha y de Leticia Maximiliano Hernández, quienes son las encargadas de recepción de trámites de lo relacionado con el Infonavit, quienes se comprometían a agilizar sus trámites a cambio de mil y hasta dos mil pesos.
Los mismos usuarios también denunciaron que Martha y Adair eran los que se dedicaban a inscribir contratos privados, cancelación de hipotecas sin instrumentos públicos o con instrumentos falsos, así como también inscripción de escrituras de compra-venta falsas, alterar las partidas para poner otras propiedades o inscribir escrituras o juicios de usucapión sin que pagaran el ISR o el ISABI, todo a cambio de sumas de entre 70 mil y hasta 100 mil pesos.
El 27 de agosto, a las 14:00 horas, Ángela recibió una llamada de parte de Andrés Armendáriz Solís, quien la enlazó con Omar Enrique Iturriaga Corona, encargado del área de operaciones registradas, quien le informó que existían quejas de usuarios en contra de Julia Beatriz Rocha Vázquez y Leticia Maximiliano Hernández, quienes le pedían dinero a una usuaria para agilizar la entrega de un certificado, mismo que ya estaba listo e impreso.
El 4 de septiembre, un usuario denunció que le cobraban 84 mil pesos para ingresar un juicio de usucapción con la boleta marcada 202503848 y otros 84 mil para inscribirlo en el folio inmobiliario 0015646.
Ese mismo día, Ángela solicitó que se levantasen actas administrativas contra las funcionarias mencionadas, pero Helga Mariana le contestó que lo hiciera por correo.
El lunes 8 de este mismo mes, a las 17:30 horas, levantó el acta administrativa en contra de Martha y la envió a la dirección del Registro Público.
Al día siguiente, llegaron a las oficinas de la circunscripción de Atlixco el director general, Ricardo Fritz López, la directora Helga Mariana Ramírez y el subdirector Andrés Armendáriz, haciendo del conocimiento de todos que a partir de ese momento la nueva titular era Martha Perea Guerrero, destituyendo a Ángela Viridiana Leal del cargo y todavía el 10 la hicieron comparecer.
Esta es la triste historia de cómo operan las mafias de registradores públicos tan solo en la circunscripción de Atlixco.
La gran pregunta después de este caso es: ¿se van a quedar así las cosas o habrá una investigación seria después de esta denuncia?
La denuncia https://publuu.com/flip-book/link/5966430
