En una polémica decisión que hasta hoy tiene –y seguirá teniendo– repercusiones totalmente negativas para México, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador entregó todo, o casi todo, al Ejército y a la Marina.
Además del “combate” a la delincuencia a través de la Guardia Nacional, les dio el control de aduanas, puertos y aeropuertos, y los volvió constructores de obras tan importantes –y con montos presupuestales de escándalo– como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el Tren Maya , la megafarmacia (que no es mega ni farmacia) y las mil 600 sucursales del Banco del Bienestar.
Pero eso, al parecer, a AMLO le pareció insuficiente, pues además los puso a atender el robo de combustibles, a vender cachitos de la lotería para la “rifa” del avión presidencial, a aportar árboles para el programa Sembrando Vida y hasta a distribuir libros de texto gratuito y fertilizantes, así como la vacuna contra el COVID-19 durante la pandemia.
El poder que soldados y marinos tienen hoy merece un profundo análisis aparte –es una herencia maldita–, pero aquí importa subrayar que el expresidente los invistió de tal forma bajo un solo argumento.
Según López Obrador, los integrantes de las Fuerzas Armadas de México son “incorruptibles”.
Lamentablemente, los hechos han demostrado cuán equivocado estaba AMLO, quien o pecó de ignorante o de cínico, o ignoró olímpicamente el pasado reciente a fin de cumplir con su agenda política e intereses económicos.
Y es que la incorruptibilidad del Ejército y Marina no es, no ha sido, sino un gran mito que, como todo mito que se respete, no coincide de ninguna forma con la terca realidad.
No se necesita ser un genio para saber que la relación entre militares y narcotráfico, por ejemplo, ha sido un factor clave en la violencia y corrupción que azota al país.
Y no son pocos, ni aislados, los casos de destacados militares involucrados con la delincuencia organizada en las últimas décadas. Veamos:
El del general Jesús Gutiérrez Rebollo fue, en 1997, uno de los primeros. El general diplomado del Estado Mayor era ni más ni menos que director del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas (INCD) en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Eran los tiempos de la certificación antidrogas que, anualmente, Estados Unidos imponía al gobierno mexicano.
Durante los siete años que estuvo al frente de una Región Militar que incluye los estados de Jalisco, Zacatecas, Colima, Sinaloa y Aguascalientes, Gutiérrez Rebollo consiguió la captura de Héctor “El Güero” Palma, del colombiano Iván Taborda y de los hermanos Lupercio Serratos, todos rivales del Cartel de Juárez.
Estados Unidos estaba feliz con el Zar Antidrogas. Pero la alegría duró poco. Una llamada anónima reveló los nexos de Gutiérrez Rebollo con Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, líder del Cartel de Juárez. Fue un escándalo internacional, que dejó pésimamente parado al gobierno de Zedillo. Gutiérrez Rebollo fue condenado a 40 años de prisión y 31 años y 10 meses por otras causas criminales.
Solo unos meses después fue detenido el general Alfredo Navarro Lara por intentar sobornar al delegado de la entonces PGR en Tijuana. En aquella ocasión habría ofrecido un millón de dólares para que no persiguieran a los Arellano Félix. Recibió una sentencia de 20 años de cárcel por sus vínculos con el Cartel de Tijuana.
Más adelante, el general Jorge Maldonado Vega fue acusado de proteger también al Cartel de Juárez; sin embargo, fue absuelto de las imputaciones por recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada cuatro años después de estar preso en el penal del Altiplano.
Ya para los años 2000, los generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo fueron condenados a 16 años seis meses de prisión por sus vínculos con organizaciones del narcotráfico. Un año después, el general Ricardo Martínez Perea fue encarcelado brindar protección al Cartel del Golfo.
En forma muy reciente surgió el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto, arrestado en octubre de 2020 en Los Ángeles acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Los fiscales estadounidenses lo imputaron por proteger al llamado Cartel H-2, una facción separatista de la Organización Beltrán Leyva, y permitirles impunemente traficar miles de kilos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos. Fue posteriormente liberado tras un oscuro acuerdo entre el gobierno de AMLO y el presidente de USA, Joe Biden.
Hay otros casos destacados como los de Arturo Guzmán Decena (“El Z1”), un teniente del Ejército Mexicano que desertó en 1997 y se unió al Cartel del Golfo, convirtiéndose en el líder de Los Zetas, un grupo paramilitar que trabajaba para el cartel. Guzmán Decena fue entrenado en tácticas especiales de vigilancia, guerra urbana y rescate de rehenes en una escuela castrense en Georgia, Estados Unidos.
También el caso del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), un grupo élite del Ejército mexicano que fue entrenado por personal militar de Estados Unidos, Israel y Francia. En 1997, algunos miembros del GAFES desertaron y se unieron a Los Zetas, llevando consigo sus habilidades y conocimientos militares.
La lista es extensa y han corrido ríos de tinta para documentar la penetración de la delincuencia organizada en las Fuerzas Armadas.
El escándalo más reciente tiene que ver con el huachicol fiscal operado por una red de contrabando comandada por marinos de alto rango, entre ellos los sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Un tema que está y estará salpicando durante mucho tiempo a prominentes integrantes de la denominada 4T.
Y es que algo es claro: la falta de rendición de cuentas y la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y el gobierno contribuyen a que los militares se sientan impunes y se unan a la delincuencia organizada.
No hay nada más falso que aquello que decía –y defendía– López Obrador sobre la “honestidad valiente” de soldados y marinos y guardias nacionales.
Con base en un mito, a una mentira –una más–, AMLO heredó una empoderada élite empresarial-militar corrupta, que no solo profundizó el proceso de militarización del país, sino que será muy difícil desactivar toda vez que ello implicaría que la Defensa y la SEMAR pierdan su posición socioeconómica, renuncien a sus privilegios y abandonen los jugosos negocios que hoy operan bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Incorruptibles?
Sí, claro. Qué buen chiste.
