Tehuacán vuelve a ser noticia, aunque no por razones que llenen de orgullo a sus habitantes.
Su gobierno municipal, tan endeble que no lo levanta una grúa, exhibe una vez más la incapacidad y corrupción que vienen lastrando al segundo municipio más poblado del estado.
Y, ojo, no basta con culpar a un Cabildo plagado de regidores de “Región 4”: ellos, más que autoridades, parecen extras en unatragicomedia de poder desarticulado.
Esta vez, la problemática adquiere tintes aún más oscuros, pues estamos ante el saqueo —con todas sus letras— de la familia política más tóxica que haya poblado la entidad en décadas.
Hablo del clan de Julio Miguel Huerta Gómez y sus cómplices y testaferros, quienes resuenan en el sur de Puebla como sinónimo de arbitrariedad, abuso y desfalco.
Desde hace meses, inversionistas agrícolas y avícolas de la región de Zinacatepec viven una pesadilla: amenazas camufladas en supuestos “requerimientos administrativos”, violencia a plena luz del día, y la insistente presión para que entreguen hectáreas estratégicas a prestanombres de esta familia.
Lo peor: todo el andamiaje de intimidación opera con la anuencia —y en algunos casos bajo la orden directa— de quienes deberían garantizar la legalidad: autoridades municipales coludidas con el crimen organizado.
Un empresario que prefiere el anonimato describió el modus operandi: “Te detiene un grupo de policías municipales llegando a tus tierras, te exhiben ‘órdenes’ de tu propia impropiedad, te amenazan con llevarte preso y te dicen que debes colaborar, solo falta que te pongan un arma”.
Nadie ha investigado a fondo estas denuncias, pues la fiscalía regional parece más interesada en proteger a los huertistas y sus cómplices y testaferros que en impartir justicia.
Pero el saqueo no termina en Tehuacán ni se circunscribe a lo municipal.
La red de influencias de Julio HuertaGómez se expande al Congreso del estado.
Huerta es, como se dice en el argot político, un “invento” del difunto gobernador Miguel Barbosa Huerta, su primo.
Una costosa cuota que Morena pagó fuera de tabla para aplacar conflictos internos, sin medir el costo para la sociedad poblana.
Enfermo de soberbia, insufrible, extraviado en un eterno sueño de opio, Huerta creyó poder disputarle al hoy gobernador Alejandro Armenta Mier la candidatura a la gubernatura.
Por más millones de pesos que le metieron -toneladas de dinero tiradas al basurero de la historia-, su proyecto acabó en el ridículo.
Hoy vegeta como diputado local, es un fantasma que, sin embargo, utiliza su curul como escudo: desde ahí, presiona a organismos agrarios, condiciona apoyos federales y manipula licitaciones a favor de sus negocios familiares. Mientras tanto, el resto de legisladores le voltea la cara por conveniencia política, o simplemente por miedo.
En este entramado de abuso, falta una voz con peso y autoridad moral: la del gobernador Alejandro Armenta Mier.
Su administración mantiene “diálogo con empresarios” y busca el “fortalecimiento del Estado de Derecho”, pero los hechos en Tehuacán muestran otra realidad: el miedo campea en los campos de cultivo, y los agronegocios que sostienen la economía regional se tambalean ante el matonismo institucional.
Y todo en las narices de la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, otra nefasta herencia del barbosismo que no ata ni desata.
Armenta Mier debe atender con urgencia este llamado de auxilio. No basta con desplegar comunicados; se requiere una investigación contundente contra los que extorsionan y, sobre todo, contra los huertistas que hoy parecen reencarnar el poder feudal en Puebla.
Si en verdad Puebla quiere recuperarse económicamente, necesita reconstruir la confianza en sus instituciones. Urge restituir el Estado de Derecho y demostrar, con acciones y no con discursos, que el gobierno está del lado de quienes generan empleos y riqueza para toda la entidad.
Tehuacán no puede seguir siendo el patio trasero de Puebla capital, donde se consuelan favores políticos y se practica la extorsión impune. Sus empresarios merecen un entorno de certidumbre, no el acoso de quienes han extinguido toda noción de servicio público.
¿No que el tiempo de las concesiones cómplices había terminado?
Vidas y patrimonios están en riesgo. Y no es exageración.
Es hora de que demostrar que se gobierna para todos los poblanos, no sólo para quienes llenan sus arcas con el sudor ajeno.
Tehuacán y su gente merecen justicia
