Si el Poder Judicial -como esperan activistas y la familia de la víctima- emite la sentencia máxima de 60 años de prisión al priísta Javier López Zavala, por la autoría intelectual del asesinato de Cecilia Monzón, el ex candidato a la gubernatura morirá en prisión. Tiene 56 años de edad y terminaría su condena con 116 cumplidos; sería biológicamente imposible que sobreviva a su reclusión para ver la libertad.
El juicio, que se espera finalmente -salvo nueva sorpresa- comience este 4 de abril en Puebla, luego de retrasos y una cascada de amparos fallidos que interpuso el acusado, tiene muchas miradas sobre sí.
La familia Monzón y los colectivos han lanzado una petición -casi una cruzada- para que se apliquen los 60 años de pena al ex secretario de Gobernación estatal.
Pero en un ángulo poco advertido, particularmente interesado en lo que ocurra está el Reino de España.
Hay que recordar que Cecilia Monzón era ciudadana española.
La tradición de protección de aquel país a sus ciudadanos ha mantenido a sus autoridades diplomáticas en México y en la Península Ibérica muy atentas al caso judicial.
Da la impresión que cualquier sentencia menor de los 60 años de cárcel será reprobada aquí y en España.
Las autoridades españolas han sido cautelosas.
No se les conoce ningún pronunciamiento.
Pero una mirada a lo que ha publicado sobre el tema El País, uno de los diarios más influyentes del mundo, sirve para ponernos en contexto.
“El caso de Cecilia Monzón es el ejemplo de la lentitud con la que avanzan los procesos penales en México, un mal que desgasta la credibilidad de las instituciones, violenta a las víctimas y deja más de 95% de los delitos cometidos en total impunidad (…)
“A raíz de este tedioso su proceso, Helena Monzón ha denunciado el maltrato permitido por el sistema judicial hacia las víctimas y sus familias. Un desgaste económico, físico, emocional que obliga a muchas personas, especialmente a las de menos recursos a tirar la toalla y abandonar la lucha por obtener justicia y reparación”.
Hasta ahí la cita del artículo que lleva la firma de Almudena Barragán y que fue publicado el 12 de febrero pasado, cuando se esperaba el inicio del juicio, que se retrasó hasta este próximo viernes.
En ese material de El País, que tan duramente califica a nuestro país y a su sistema judicial, también se dan detalles del caso.
Podría pensarse que se trata de un reportaje, pero va mucho más allá.
Tiene también una pesada carga editorial y hasta pareciera plantear un posicionamiento institucional desde España.
El 21 de mayo de 2022, la vida de Cecilia Monzón fue cegada arteramente por balas asesinas a plena luz de día.
El juicio contra el presunto asesino intelectual, un cómplice y el asesino material comenzará este 4 de abril.
Casi dos años después.
Da la impresión de que, si los méritos del caso son suficientes, deberá aplicarse esa virtual cadena perpetua.
Así conviene a las instituciones.
A la familia, que es lo que pide.
A las activistas, quienes reivindican a Cecilia.
Así, se acabarán las sospechas de favoritismo.
De presunto influyentísimo.
De extrañas maniobras por parte de sus amigos políticos.
Pena máxima.
Ley a secas.
Por la salud de todos.
Y todos es todos.
