Si esto fuera una película, fácilmente podría intitularse:
“Sabemos lo que hicieron el verano pasado”.
En efecto:
Antorcha Campesina y sus dirigentes tomaron una decisión -importante decisión- en 2024 y hoy de varias formas pagan las consecuencias políticas de su mala cabeza.
Para la elección constitucional por la gubernatura de Puebla, este grupo de presión -cuyos millonarios dirigentes viven a costa de la pobreza de sus integrantes- determinó apoyar a Eduardo Rivera Pérez.
Operaron y le metieron dinero, mucho dinero, al candidato del PRIAN.
En varios municipios -en los que aún tienen presencia-, especialmente del sur del estado, incluso intentaron dinamitar la candidatura del hoy gobernador, Alejandro Armenta Mier.
Por alguna inexplicable razón, creyeron que el empleado de El Yunque ganaría los comicios y entonces, instalado este en el poder, siempre tendrían abiertas las puertas del reino.
Desde noviembre de 2023, Eduardo Rivera selló sus inconfesables acuerdos con los antorchos.
Incluso, ese mes, los acompañó durante la conmemoración por el 40 aniversario de la fundación de la agrupación en Balcones del Sur.
Se sentó al lado de Aquiles Córdova, dirigente nacional, y Soraya Córdova y Juan Manuel Celis Aguirre, quienes controlan a AC en el estado con. métodos muy parecidos a los gansteriles.
Eduardo Rivera no sólo se desvivió en elogios, también les ofreció lo que más les importa: dinero público.
“Siempre hemos podido coincidir, le tengo un gran cariño y respeto, a su lucha, pero dicen que el cariño que no se ve reflejado en el presupuesto, no es cariño”, dijo -sin asomo de pena- el entonces alcalde de Puebla.
Ahí se cerró el pacto económico-político-electoral.
Luego, en junio de 2024, vino la humillante derrota en las urnas del candidato del PRIAN.
Y hoy vemos, sin sorpresa, lo que vemos.
Antorcha Campesina no sólo no es bien vista por el régimen armentista, se le da el trato que usualmente se le otorga a un enemigo político, a ese que un día quiso hacerte daño.
Veamos:
Se ha denunciado con todas sus letras -y condenado desde lo más alto del poder- la intromisión de AC en el conflicto estudiantil que la BUAP vive desde hace semanas, lo que hasta podría acarrear acusaciones penales.
Se han ejecutado operativos contra el transporte público pirata que AC maneja desde hace años sin concesiones de por medio y con toda impunidad, tanta que se ha atrevido a intentar boicotear la revista vehicular que lleva a cabo la Secretaría de Movilidad a cargo de Silvia Tanús.
Se ha anunciado que el gobierno estatal tomará a la brevedad el control de los estacionamientos de los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán, así como el del Auditorio GNP, una de sus más importantes fuentes de ingresos económicos a partir de los múltiples abusos que cometen los agremiados de AC.
Y -ahora- se ha decidido negar a AC el registro que había solicitado al Instituto Electoral del Estado para convertirse en partido político, lo cual le daría acceso a financiamiento público y a mediano plazo le devolvería la fuerza que ha perdido claramente en los últimos años.
¿Así o más claro?
Acostumbrada históricamente a chantajear al poder en turno para llenar los bolsillos de sus dirigentes, esta vez Antorcha Campesina -una de las organizaciones más odiadas- sí ha topado con pared.
Sólo un ciego no quiere ver lo que está sucediendo.
Y es que sí, en efecto:
“Sabemos lo que hicieron el verano pasado”
