Una parte oscura de la 4T en Puebla, sin duda, es lo que pasa en el Congreso del estado, en donde las bancadas de Morena y sus aliados tienen una actitud de albergar y proteger proyectos legislativos antiderechos ciudadanos. Tan solo en el arranque de la gestión de los actuales diputados locales se han enlistado iniciativas para buscar criminalizar a los maestros de educación básica, imponer controles coercitivos a los medios de comunicación y la polémica sugerencia de plasmar en el código penal “la castración sexual”.
Todos estos asuntos son francos desafíos a los preceptos de la Constitución General de la República que, en el año 2011 tuvo una de sus reformas más trascendentes, al instaurar la figura pro-persona, la cual establece que siempre se debe buscar la norma que más proteja a los derechos humanos.
Pareciera que entre varios de los diputados de la 4T hubiera un ánimo inverso al orden constitucional, al intentar anular la crítica periodística, perseguir a los maestros e instaurar la barbarie como mecanismo institucional de venganza.
En contraparte, por tercera vez consecutiva la 4T se ha erigido desde el Congreso del estado en un muro protector de la concesión que privatizó el agua en la capital.
Simplemente, en las legislaturas iniciadas en 2018, 2021 y ahora en 2024, el malestar social contra la empresa Agua de Puebla ha sido olímpicamente ignorado por los diputados morenistas, que han sido mayoría en el último septenio.
Es decir, se percibe con claridad una falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos en los diputados poblanos que llegaron al poder a través de la vía del movimiento obradorista.
Tal situación plantea que la 4T legislativa está alejada de los preceptos de izquierda, que ignora las luchas a favor de los derechos civiles y que sus intereses están alineados a la protección de intereses privados y de visiones autoritarias.
No en balde, la primera legislatura controlada por Morena, la que fungió de 2018 a 2021, batió el récord de enfrentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de una veintena de controversias constitucionales debido a que, una parte importante de decretos e iniciativas aprobadas por las bancadas mayoritarias, estaban en contra de los principios de la Carta Magna de México.
Ahora la presente bancada del Partido de Regeneración Nacional, encabezada por Laura Artemisa García Chávez, no ha tenido la capacidad de entender que su papel fundamental es no permitir que avancen proyectos legislativos que atentan contra los derechos fundamentales de la población y contra el sentido común.
Resulta sorprendente que, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, haya dejado avanzar la iniciativa del legislador Roberto Zatarain Leal, quien propone que haya penas de 5 años de cárcel para los maestros que supuestamente permiten el acoso escolar. Eso es criminalizar la labor de los trabajadores de la educación.
Decepciona la actitud de la legisladora García Chávez, luego de que fue líder sindical en el gremio de los maestros poblanos.
Que además, encabezó un sindicato magisterial independiente que luchaba contra el autoritarismo del SNTE. Y ahora respalda un proyecto de corte fascista que quiere culpar a los docentes de la violencia en las aulas.
Si el diputado Roberto Zatarian hubiera tenido un poco de interés de consultar con expertos en pedagogía, en conducta infantil y con los gremios de maestros, entendería que los alumnos con comportamientos agresivos están reflejando la violencia que viven en el hogar y en el entorno social, donde domina la impunidad, producto de la ineficacia gubernamental para combatir la inseguridad y hacer prevalecer el Estado de Derecho.
Los maestros, sobre todo de las escuelas públicas, se ven limitados para frenar la violencia de los estudiantes. Principalmente porque la alta burocracia de la Secretaría de Educación Pública no entiende los problemas que ocurren en los planteles educativos y no hay programas específicos para atender a los infantes que viven en ambientes hostiles, de adicciones, de abusos sexuales y abandono.
Igual de grave ha resultado de llamada “Ley Villegas”, que desde la bancada de Morena se diseñó para intentar anular la crítica periodística, al establecer que los llamados “delitos de prensa” se castiguen por la vía civil y no la vía penal, lo cual permite imponer sanciones económicas a medios de comunicación para embargarlos o quebrarlos en sus finanzas privadas.
“La cereza del pastel” es la propuesta surgida desde el Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso local, de aplicar la llamada “castración sexual” a los agresores sexuales de menores de edad. Mediante un mecanismo químico de reducir la libido a quienes sean sentenciados por los ilícitos de esa naturaleza.
Sin duda, uno de los delitos que más destruyen al ser humano son las agresiones sexuales en la infancia. Y es entendible que entre las víctimas se tenga un ánimo de venganza.
Lo que no es entendible, ni justificable, es que la 4T poblaba en lugar de preocuparse por hacer funcionar bien a los aparatos de procuración y administración de justicia, opte por la barbarie como vía para atender las agresiones sexuales contra niños y adolescentes.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones advirtió que, si el Estado actúa con violencia en la atención de los problemas de seguridad pública, lo único que se hace es generar más violencia entre la sociedad.
Además, en el año 2011 se hizo la gran reforma en materia de derechos humanos al establecerse, en el párrafo 2, del artículo I de la Constitución General de la República, la defensa de la integridad y la dignidad humana.
Esa reforma constitucional no permite la pena de muerte, las mutilaciones o torturas como mecanismos de sanción de delitos. Una condición que no entienden los diputados de la 4T.
Al ritmo que van los diputados de Morena, nadie se debe sorprender que un día cualquiera desentierren la llamada “Ley Bala” del morenovallismo, que autorizaba a la policía disparar contra manifestaciones en la vía pública.
