Una instancia del gobierno del estado que tendría que ser prioritaria, pero a la que están llegando improvisados en asuntos de seguridad pública, es el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De entrada su secretario ejecutivo, Humberto Eloy Aguilar Viveros, no tiene nada que presumir en asuntos de planeación, coordinación y supervisión de acciones, políticas y programas en materia de seguridad pública. Fue presidente municipal de Tepeaca, subdirector y director general del Sistema Estatal DIF en el gobierno de Mario Marín, diputado local en la LVII Legislatura y gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal de 2014 a 2017.
Sustituyó en el cargo a Liliana Rosas Labastida, quien es maestra en Seguridad Pública y Ciencias Penales por el Instituto Mexicano y Desarrollo en Ciencias Policiales, así como licenciada en Criminología, Criminalista y Ciencias Policiales por el Colegio Libre de Estudios Universitarios, y quien contaba con una certificación internacional de la International Foundation of Protection Officers (IFPO).
Al Consejo de Seguridad llegó también Rubén Alejandro Paredes Castañeda, quien fue coordinador de asesores del gobernador Mario Marín a la salida de Lauro Sánchez López, presidente del Colegio de Economistas de Puebla, y recientemente coordinador de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, que impulsó el nombramiento de otro marinista, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, como comisionado del Comité Estatal de Participación Ciudadana.
Reemplazó a Aldo Damián Monteagudo Ramírez en la Dirección del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza (C3). El sustituido fue, además, rector de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”.
Como director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia llegó Armando Ramírez Balderrama, quien en 2024 se graduó como maestro en Administración, pero sin experiencia en la materia, pues antes de este puesto se desempeñó por siete años como asistente del secretario particular del delegado del ISSSTE.
Llegó en lugar de Alberto Silva Guadarrama, quien es maestro en Finanzas Públicas con 13 años de experiencia en prevención social.
Por su falta de conocimiento y experiencia, Armando Ramírez ha recurrido a los consejos de su asistente Pilar Gómez, quien sí ha laborado dentro del Consejo pero que sólo cuenta con estudios de bachillerato, desquitándose de aquellos empleados con los que en el pasado tuvo fricciones o desencuentros.
Modesto Miguel Cruz García fue nombrado director general de Planeación, Vinculación, Seguimiento y Evaluación, en lugar de David González Martínez. De Modesto no se conocen muchos detalles, salvo que fue consejero estatal del PRI y director general de Gobierno estatal en la gestión gubernamental de José Antonio Gali Fayad.
El nuevo director administrativo del Consejo Estatal de Seguridad Pública es Arturo Salcedo del Moral, quien fue secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Puebla. Sustituyó en el cargo a Ilse Sánchez Domínguez.
Una funcionaria que sí tiene experiencia policial es Silvia Victoria Serrano Zafra, quien fue designada rectora de la Academia “General Ignacio Zaragoza”. Es maestra en Ciencias Políticas por la BUAP, docente en la Escuela Militar de Sargentos de la Sedena, en la Licenciatura en Seguridad Pública del Heroico Colegio Militar y en la Universidad Iberoamericana de Puebla.
Reemplazó en el cargo a Javier Machuca Vargas, quien fue secretario de Seguridad Pública de Atlixco y director de la Policía Auxiliar.
***
Acusan a la secretaria general de Morena de fraude y malversación de recursos públicos
Con motivo de su informe de los 100 primeros días como presidenta municipal de Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, acusó a su antecesora Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, de haberle dejado un municipio administrativa y financieramente quebrado, endeudado y con pendientes en materia de servicios, seguridad y obra pública.
En su mensaje ante los regidores, invitados de la comunidad y medios de comunicación, la presidenta entrante dijo que la suma de todos los faltantes, gastos sin comprobar, multas y recursos malversados o desviados asciende a 15 millones 401 mil 585 pesos.
La denuncia cobra relevancia por un detalle no menor: Siyancan Peregrina es la actual secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.
Otra cuestión interesante es que la actual alcaldesa, emanada del Partido Ecologista, fue regidora de Migración en la gestión de Siyancan Peregrina, y que ambas se enfrentaron en los comicios de junio del año pasado, pues esta última buscó su reelección para un segundo periodo como candidata de Morena y el PT a través de la coalición Seguiremos Haciendo Historia en Puebla.
En su discurso Guadalupe Ortiz dijo que al ayuntamiento que preside sólo le dejaron en caja 363 pesos y 364 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), así como faltantes de mobiliario, cómputo y oficina, dos demandas por despido injustificado y una multa por 21 mil 391 pesos, una ambulancia en condiciones decadentes —sin funcionar, con dos neumáticos en mal estado, batería dañada, cabina de atención deteriorada y sin insumos médicos— y un camión recolector de basura en malas condiciones, con la barredora inservible, dos neumáticos inutilizables, sin frenos ni tambores y sin bocina para llamar a la ciudadanía.
***
Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]
